De las actuales 43 pesquerías existentes en Chile, 25 de ellas se encuentra bajo el estudio y seguimiento de los denominados Puntos Biológicos de Referencia (PBR), que son formalizados por los Comités Científico Técnicos Pesquero. Dichos comités son una instancia institucional creada con estándares precautorios, con el propósito de obtener una administración que avance en la conservación y la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Lo anterior se suma a las iniciativas promovidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y sus modificaciones, como la Ley 20.657, promulgada en 2013.
Según la cuenta pública del Estado, sobre la situación de los recursos en 2016. De las 25 pesquerías, siete se encuentran en plena explotación, seis en sobreexplotación y nueve en el estado de agotadas o colapsadas, en dos de ellas no se determinó y una tiene un estado de subexplotada. Lo anterior tiene una relación con la situación de los recursos de pesca marina a nivel global, de hecho, la Food and Agriculture Organization (FAO, 2016) distingue que el 31,4% del stock de peces del mundo se encuentran en un estado de sobrepesca. Ahora bien, a pesar de que existen causas asociadas a las condiciones ambientales físicas y biológicas para explicar la disminución de capturas y biomasa de ciertos recursos, tanto en el pacífico sudoriental, área en la que se encuentra Chile, como en otros espacios marinos de pesca (FAO, 2016; SUBPESCA, 2016), el factor humano resulta determinante en la sobreexplotación de los recursos pesqueros (FAO, 2003).

Es necesario comentar que los incentivos para la explotación de los recursos pesqueros, en el caso chileno, tienen un punto de inflexión con los esfuerzos de la dictadura militar de introducir una interpretación particular de la modernización, interpretación centrada en el capitalismo, y que tomará en cuenta las ideas neoliberales de Hayek (2015) sobre un orden social alejado de objetivos comunes, en el que la política tiene un status secundario, pues, el rol protagónico lo tiene el juego “no intencional” del sistema de precios (Petsoulas, 2001; Larraín, 2005), y los aportes de Friedman sobre la desregulación de los mercados, el control independiente de la política monetaria, la despreocupación por la política fiscal y el incentivo de las exportaciones, entre otros (Larroulet, 2007; Solimano, 2012; Pinkerton y Davis, 2015).

Bajo este contexto, la actividad pesquera del país, tanto industrial como artesanal, experimenta transformaciones productivas, técnicas y legislativas (Ther, 2012), las que con la llegada de los sucesivos gobiernos democráticos serán formalizadas por medio de regulaciones a la extracción y al acceso de los recursos marinos. Dichas normativas serán una respuesta a los reiterativos episodios de sobreexplotación de los recursos de captura marina, como también dispositivos que consolidan el modelo económico centrado en las exportaciones de materias primas y en las políticas privatizadoras y transnacionalizadoras en la que los recursos marinos no serán la excepción (Morales y Gezan, 1986; Ceballos y Ther, 2011).

De este modo, los discursos, prácticas y dispositivos modernizadores promovidos por el Estado en la pesca artesanal se relacionan con la regulación y la formalización de la actividad, como también con la introducción de elementos científico-tecnológicos en la pesca (Ther y Valderrama (2012), la creación de programas de institucionalidad pública que buscan modernizar el sector (Marín, 2007) y el establecimiento de mecanismos de participación para los pescadores artesanales, como serán el caso de las Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) o los Consejos de Pesca. Todo lo anterior produce transformaciones en las prácticas y discursos pesquero-artesanales que se desarrollaban hasta la aplicación de dichas prácticas modernizadoras (Neira, 2006; Gajardo y Ther, 2011; Alfaro, 2015).

No obstante, en paralelo a ello los pescadores artesanales experimentan sus propios procesos de organización, en la que muchos de ellos surgen como estrategia de respuesta a los discursos y prácticas promovidos por el Estado. Así, mediante la teoría de campos sociales identificamos que el fenómeno de la pesca está constituido por actores heterogéneos en lucha por sus intereses. Bajo este contexto, siempre hay una posición dominante, ocupada, tradicionalmente, por el Estado. Asimismo, surgen otras estrategias, cuyo propósito es lograr una posición más dominante en el campo. En relación a ello, las estrategias que tienen los pescadores artesanales en el campo económico pesquero tienen origen a partir de sus recursos acumulados y en respuesta a las estrategias del Estado.

A partir de lo anterior, nos preguntamos sobre las características de la relación que tienen los pescadores artesanales y el Estado, pues, se identifica que en ocasiones es centrada en un conflicto y otras es sinérgica. Por otra parte ¿de qué manera se entienden los mecanismos de participación promovidos por el Estado para los pescadores artesanales? Es por ello que objetivo del presente trabajo es: analizar los mecanismos estatales y las estrategias culturales de participación que tienen los pescadores artesanales en la formación del campo económico pesquero.

Para responder a dicho objetivo, se realiza una investigación cualitativa basada en la etnografía, entrevistas semi-estructuradas y revisión de documentos públicos considerando el desarrollo histórico en una caleta de pescadores artesanales de la Región de Valparaíso, Chile: Caleta Portales. Se considera dentro de los mecanismos estatales de participación: convenciones de pesca; escuela para pescadores; LGPA; AMERB; Consejos Zonales de pesca; Ley de caletas. En torno a las estrategias de participación informal se consideran: organizaciones sociales (mutuales, sindicales y cooperativas); federaciones de pescadores artesanales; clubes deportivos; instrumentos de comunicación (revistas, boletines, grafitis, carteles, entre otros); manifestaciones sociales (protestas, paralizaciones, entre otros).

En relación con los resultados, identificamos que los mecanismos de participación estatales buscan generar procesos de control y vigilancia, además de modificación de prácticas, de los pescadores de Caleta Portales. En este sentido, se busca el alineamiento de fuerzas que amplían la constitución del campo burocrático con la articulación de ciertas prácticas y discursos concordantes con una dominación estatal del campo económico pesquero. Estos mecanismos están orientados a generar procesos de modernización de la actividad artesanal en la pesca. Por su parte, las estrategias culturales de participación tienen un sentido de resistencia contra la marginalización, por un lado, y un sentido de modernización desde abajo, por el otro. Así, los procesos de estrategización han consistido en generar espacios de deliberación colectiva con la finalidad enfrentar las condiciones desfavorables del campo burocrático y contrarrestar las imposiciones estatales.

De este modo, se puede decir que la participación en el manejo de los recursos pesqueros es una moneda con dos cara: en sentido político, asegurar un camino social de desarrollo y democracia creando instituciones, medios y mecanismos de incidencia en la toma de decisiones y control de los recursos pesqueros; en sentido sociológico, ampliar el modo en que se gobiernan al sector pesquero artesanal creando espacios regulados, controlados (o para controlar) y monitoreados. En otras palabras, nos referimos a esta dualidad moderna como la dialéctica control/autonomía en la formación del campo económico pesquero.