En la memoria de los países latinoamericanos retumban imágenes de la represión del Estado, la violencia en las calles y en el campo, los grupos insurgente y las revueltas. Se podría decir que Latinoamérica comparte un pasado en común, infame, llamado violencia sociopolítica. El pasado reciente de Chile con la dictadura militar de 1973 – 1990 y el de Colombia con su largo conflicto armado que data desde 1948 hasta la actualidad (con el ELN), son muestra de los escenarios de hostilidades, enfrentamientos, represión y violencia sociopolítica, que han sobrellevado estos países.

A pesar de dichos embates, ambas sociedades, la chilena y la colombiana, han hecho y hacen esfuerzos por terminar con la violencia política e intentar construir democracias en las cuales prime la convivencia pacífica. En Chile se habla de transición para hacer referencia a un proceso de finalización de la Dictadura cívico-militar y la instauración de la democracia, y hay un cierto consenso en situar sus inicios en el plebiscito de 1988 (García, 2006). Si bien históricamente la noción de transición política se ha empleado para referirse a los cambios correspondientes entre sistemas políticos dictatoriales a sistemas democráticos y viceversa; también existen otras formas posibles de transición sociopolítica, como por ejemplo, los cambios políticos y sociales que permiten el fortalecimiento de la democracia. En este orden de ideas, podríamos decir que Colombia, con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, se encuentra en un proceso de transición hacia el posconflicto.

Las transiciones políticas suelen recurrir a la construcción de memorias colectivas como una estrategia para resolver los legados que la violencia política dejó en las sociedades que la vivieron. Dentro de los procesos de transición ha sido necesario generar mecanismos sociales que permitan hacer el recorrido a nuevos establecimientos democráticos, como lo son las políticas de memoria. Siguiendo a Piper y a Vinyes (2009), hablaremos de políticas de memoria en dos sentidos: Uno de ellos se refiere a la existencia de una política pública, es decir una política institucional que contiene objetivos, programa e instrumentos definidos e implementados por el Estado (Vinyes, 2009). El otro se refiere a las acciones políticas ciudadanas, prácticas políticas de grupos – no necesariamente vinculados con el Estado - cuyo horizonte principal es la defensa y transmisión de las memorias de la violencia política y de las violaciones a los derechos humanos. Es importante decir que esta separación es artificial pues se trata de campos inseparables, que siempre desarrollan en interrelación, ya sea de colaboración, oposición u otra (Piper, 2009).

Tanto en Chile como en Colombia se han desarrollado políticas de memoria en los dos sentidos. En ambos países se han construido instituciones que operan como instrumentos de una política pública. En el caso de Chile como parte de las políticas de la memoria se crearon instituciones como los Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En Colombia a través de la Ley 975 de 2005 de justicia y paz y la ley 1448 de 2011 de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, se han generado centros e instituciones encargadas de recuperar la memoria del conflicto, un ejemplo de ellos son el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo Casa de la Memoria y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En ambos países existen organizaciones sociales que promueven la memoria, entre cuyas acciones más frecuentes se encuentran la construcción de lugares de memoria, la recuperación de la memoria, la lucha contra el olvido y el reconocimiento de la víctimas, la búsqueda de la verdad, garantías de no repetición y la reparación.

Siguiendo el marco analítico de Castoriadis (1989), es posible aseverar que las transiciones sociopolíticas están generando procesos de creación de un mundo social nuevo, con nuevos repertorios hermenéuticos para comprender lo que está sucediendo en él. Es en este sentido que las transiciones construyen nuevas formas de subjetividad, de institucionalidad, de derecho, nuevas formas de entender al prójimo, la cultura, etc., a partir de la necesidad de dar significado a lo que está pasando. No obstante, estos nuevos imaginarios sociales instituyentes tienen una relación de tensión y confrontación con formas e instituciones heredadas (lo instituido) que ejercen profunda fuerza conservadora para mantener la heteronómia sobre los sujetos y los colectivos.

Específicamente nos proponemos abordar, desde un punto de vista comparativo, la construcción de memorias e imaginarios de la transición política en Chile y en Colombia. El diálogo entre ambos procesos podría permitir una mejor comprensión del rol de las políticas de memoria en la construcción de imaginarios sociales, y cómo estos contribuyen (o no) a la construcción y fortalecimiento de nuestras democracias y de formas de convivencia pacíficas.