Resumen: La presente investigación tuvo por objetivo revelar los diversos mecanismos de judicialización de la política en la Alta Corte de El Salvador. Se examinaron por un lado, el uso estratégico de los recursos de control de constitucionalidad establecidos por la constitución salvadoreña, en especial el recurso popular de Declaratoria de Inconstitucionalidad, por actores individuales en lugar de grupos de interés; y por el otro, el uso estratégico de métodos jurídicos y de precedentes en las sentencias y juzgamientos resultado de esos recursos. La investigación se enfocó, primeramente, en el análisis de sentencias o juzgamientos relevantes y polémicos emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que fueron resultado del impulso procesal de actores individuales, que de acuerdo a la legislación de procedimientos constitucionales vigentes en El Salvador, no requieren que el actor de un recurso que solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, o de un acto de decisión emitido por el órgano legislativo, deba justificar su interés. En algunos casos, sin embargo, la Sala de lo Constitucional procedió a modificar la pretensión del actor en contra del principio de congruencia procesal adjudicándose competencias por medio de interpretación extensiva y aduciendo el carácter especial de los procedimientos constitucionales, que no se encontraban reguladas en la legislación procesal constitucional vigente, llamándole "innovaciones constitucionales" a dichos quebrantamientos del principio de legalidad. Entre las decisiones más relevantes y distintivas de este fenómeno, se encuentran aquellas que trataron el diseño de políticas públicas (entre las que se incluyen la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Presupuesto 2018) y aquellos mediante los cuales se anularon nombramientos de una diversidad de autoridades públicas, entre las que se encuentran; la declaratoria de inconstitucionalidad de la elección de diputados suplentes (legisladores) del año 2015, de concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, de magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. El análisis consideró, además, aquellas decisiones de la Sala de lo Constitucional en las cuales se han emitido, de manera regular, medidas cautelares provisionales de suspensión que han tenido por efecto interrumpir la vigencia de cuerpos completos de legislación secundaria, de nombramientos de funcionarios de segundo grado elegidos por la Asamblea Legislativa o que han evitado que se concreten procesos de reforma constitucional parcial de acuerdo con los preceptos constitucionales. Por tanto, la investigación logró trazar un patrón consistente de comportamiento judicial que sugiere los jueces (magistrados) de la Sala de lo Constitucional buscaron activamente afectar e influir en el diseño y contenido material de políticas públicas gubernamentales, así como determinar el contenido de legislación específica, definiendo con mucho detalle el contenido específico de la legislación. En algunos casos, la Sala de lo Constitucional llegó a ordenar de manera categórica al órgano judicial la emisión de dichos contenidos colocando plazos para su aprobación definitiva. Inclusive, los efectos obstructivos de dichas decisiones fueron en algunos casos en detrimento del cumplimiento de políticas de Estado e incluso provocado perjuicio financiero y periodos de estancamiento presupuestario. Por tanto, fue posible evidenciar, en los efectos políticos y sociales de dichas decisiones, sentencias y juzgamientos, que los jueces (magistrados) de la Sala de lo Constitucional, actuaron decidiendo, de manera deliberada o no, de acuerdo a intereses políticos y económicos determinados, mostrando así que el fenómeno de la judicialización de la política se ha consolidado en los últimos años en El Salvador. Conjuntamente con lo anterior, el estudio jurídico-dogmático la construcción de la argumentación de las decisiones constitucionales bajo también reflejó niveles de politización de la justicia constitucional debido a la verificación de sesgo político y el debilitamiento de la independencia judicial y de la imparcialidad de los jueces (magistrados) de la Sala de lo Constitucional. Esto se reveló del análisis de la construcción de las decisiones judiciales, las cuales presentaron incongruencia de líneas jurisprudenciales, falta de uso de doctrinas de auto-restricción, de métodos reconocibles y de principios, como por ejemplo: las doctrinas de la cuestión políticas, la auto-contención y restricción, el principio de separación de poderes, métodos de interpretación originalista, modulación de los efectos de la sentencia, entre otros.Por tanto, gracias a un análisis duplo, que consideró tanto el contenido jurídico-técnico de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, así como de los efectos políticos y sociales de dichas decisiones, fue posible demostrar que en El Salvador, si bien el activismo judicial y la judicialización de la política no son fenómeno inherentemente negativos, están unido al fenómeno de la politización de la justicia constitucional, el cual conlleva riesgos antidemocráticos debido a quebrantamientos de principios constitucionales así como de reducción de la credibilidad en las altas cortes, y del papel jurisdiccional de los jueces, transformando así el constitucionalismo garantista en un gobierno totalitario de jueces, que no puede controlarse a sí mismo, y que no puede ser controlado por otros órganos.