Entre los años 1980 al 2000 se vivió en el Perú un conflicto armado interno que enfrentó a grupos subversivos: Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso” y el Movimiento Revolucionario “Túpac Amaru”; con el Estado, representado por las fuerzas armadas. Las y los ciudadanos que no pertenecían a ninguno de estos grupos quedaron en medio de la guerra, esto afectó sobre todo a las peruanas y peruanos que vivían en mayor desigualdad. Las regiones más afectadas por el conflicto fueron Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
En el caso peruano como en otros de la región, el conflicto armado interno representó un intercambio entre hombres que usaron el terror para establecer fronteras y hacer exclusiones; desde la afirmación del modelo dominante de masculinidad, con el uso de la fuerza como demostración de su poder. Desde esta lógica los cuerpos de las mujeres están bajo el poder masculino, por lo tanto pueden esclavizarse y ser disputados como botín de guerra con el enemigo: otros hombres, despojando a las mujeres de sus cuerpos.
Como es reportado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final, en la mayoría de violaciones a los derechos humanos en esta época las víctimas fueron hombres. Sin embargo, en el caso del delito de violación sexual el 98% de los casos reporta como víctima a una mujer (Escribens, P., Ruiz, S. & Velázquez, T., 2008, p.27, párr. 1).
Las víctimas eran mayormente mujeres quechuablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%). Dicho de otro modo, fueron las peruanas más excluidas, y por lo tanto desprotegidas, las que sufrieron con mayor intensidad la práctica de la violación sexual (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p. 276, párr. 1).
En relación a la edad de las víctimas, puede decirse que éstas eran jóvenes, siendo la mayor incidencia en niñas a partir de los once años. La Base de Datos informa que la mayor parte de las víctimas de violación sexual registradas tenían entre 10 y 29 años de edad (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p. 276, párr. 2).
Según el Informe Final de esta Comisión aproximadamente en el 83% de los actos de violación sexual los agresores fueron miembros de las fuerzas armadas, por lo tanto son, también, responsabilidad del Estado. Solo el 11% de casos corresponde a los grupos subversivos. En este documento se reportaron 527 casos de mujeres violadas y 11 casos de hombres. Sin embargo, hasta el año 2015, el Registro Único de Víctimas, a cargo del Consejo de Reparaciones, reportó 4 061 casos de violación sexual, 1 420 de otras formas de violencia sexual y 145 hijas e hijos producto de estas violaciones (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015).
Con la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se conoció el caso de las mujeres de la comunidad de Manta, de la zona norte de Huancavelica, región que pertenece a la sierra central del Perú. Entre los años 1984 a 1995 se estableció en esta comunidad de Manta una base militar, con el propósito de limitar las acciones terroristas de los grupos subversivos, tomando en cuenta que Huancavelica era considerada zona de emergencia por estos sucesos. Desde el inicio de sus acciones en la comunidad los militares establecieron un regimen violento hacia las mujeres y hombres de la comunidad, valiéndose de su poder como representantes del Estado. Como parte de este actuar, cometieron delitos, como: desaparicones, tortura y violación sexual a mujeres, en su mayoría adolescentes.
Un grupo de nueve mujeres sobrevivientes han denunciado a los catorce militares que pudieron identificar como parte de los responsables de sus violaciones sexuales. Primero, algunas de ellas, brindaron su testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación; posteriormente, cada una de ellas ha presentado una denuncia ante el sistema de justicia. La primera denuncia por este caso fue presentada en 2004. Como señala la Comisión de la Verdad en su Informe Final: “la violencia sexual estuvo rodeada de un contexto de impunidad, tanto al momento de que los hechos se produjeron como cuando las víctimas decidieron acusar a sus agresores” (2003, p. 376, párr. 2). Por ello, el inicio del juicio oral de este casos a demorado más de 10 años desde la primera denunica y 30 años desde que sucedieron los hechos.
Entre los meses de abril a julio de 2017, las mujeres sobrevivientes y denunciantes de estas violaciones sexuales han brindado sus declaraciones, de manera voluntaria, ante una jueza y dos jueces de la Sala Penal Nacional del Perú. Tomaron esta decisión como parte de su proceso de recuperación: “yo necesitaba hablar, que me escuchen, que sepan la verdad que tanto he callado”, mencionó una de estas mujeres en una entrevista. Para esto, ellas han sostenido un proceso de acompañamiento psicojurídico; en el que, sobre todo en esta etapa, se han involucrado sus parejas.
En este trabajo se revisa la experiencia de tres hombres en el proceso de acompañamiento a sus compañeras, tomando como fundamento para la reflexión la base teórica acerca de masculinidades y género. ¿Cómo ven estos hombres a sus compañeras sobrevivientes de violencia sexual? ¿Qué tipo de relación establecen con ellas? ¿Cómo se ve afectada su masculinidad? Son algunas de las interrogantes que acompañan esta reflexión. Poniendo en valor la integración de ellos en el proceso de búsqueda de justicia por parte de sus parejas, así como en sus procesos de recuperación y fortalecimiento de actorías.