Puerto Rico (PR) ha estado bajo un régimen del poder colonial estadounidense desde el año 1898. Ello ha tenido un impacto en el desarrollo de una soberanía sanitaria y la violación del derecho a la salud de los residentes de la Isla. Algunos elementos a considerar en el análisis de la soberanía sanitaria y la cooperación internacional en el contexto de Puerto Rico son: a) la injerencia de la política colonial; y b) la agenda de globalización neoliberal en el espacio de la salud y la soberanía sanitaria. Dentro de la dimensión política colonial podemos resaltar las leyes de cabotaje. Estas leyes impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos desde principios del siglo pasado, ponen restricciones al uso de la marina mercante estadounidense como único medio para el intercambio comercial. Diversos estudios apuntan a un impacto económico en los consumidores de 311 millones solo en el consumo de comida, bebida, tabaco, ropa, transporte y objetos misceláneos. Otros estudios que toman en cuenta el efecto multiplicador de estas leyes ubican la cifra en hasta 1,300 millones de dólares al año. La marina mercante norteamericana tiende a cobrar 30% más que otros barcos por el transporte. Ello tiene un impacto en los precios de los alimentos, y en una economia con respirador artificial como la de Puerto Rico, define lo que la gente puede consumir, teniendo efectos directos en la salud y en el derecho una soberanía alimentaria.

Dentro de la dimensión neoliberal podemos resaltar como el sector salud fue trastocado por la ideología neoliberal, considerando la salud como un bien de mercado que los sujetos debíamos adquirir y no como un derecho humano. Basado en esto, las reformas de salud emprendidas en muchos países en la década del 80 y 90, incluyendo a Puerto Rico, se enfocaron en tratar los problemas económicos y estéticos de los sistemas de salud. Estas Reformas estaban amparadas en principios de privatización, desregulación y descentralización avaladas a través del Consenso de Washington, el cual presentaba la sanidad estadounidense, modelo curativo-remediativo basado en la propiedad individual y privada, como el modelo por excelencia de eficiencia.

Este limitado cuadro que les he presentado, promete agudizarse aún más con la presencia de la recién aprobada Ley que crea la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Esta Junta responde a los poderes políticos de los Estados Unidos contra Puerto Rico, renovando el control político colonial. De acuerdo a la Ley para la Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como PROMESA, aprobada el 29 de junio de 2016, esta tiene como propósito “...proveer un método a un territorio abarcado para que logre la responsabilidad financiera y el acceso a los mercados capitales” (Art. 101, p. 9). La Junta tiene base constitucional a tenor del artículo IV, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos, la cual “...otorga al Congreso el poder de establecer y disponer todas las normas y regulaciones necesarias para los territorios”. Esta Junta está compuesta por 7 miembros nombrados por el gobierno de los Estados Unidos provenientes en su mayoría de la banca financiera internacional norteamericana y un miembro ex oficio nombrado por el gobierno de Puerto Rico. Pese a que tiene como fin crear las bases de un crecimiento económico sostenible, sus acciones llevadas a cabo en su primer año de implementación demuestran que su propósito es garantizar el pago a los acreedores a costa de la destrucción de derechos humanos como la salud. Esta Junta, electa sin ninguna participación democrática, tiene poderes cuasi absolutos sobre la sociedad de Puerto Rico para imposición de medidas de precarización económica con impactos sociales, sanitarias, culturales y políticos sin precedentes buscando cumplir sus propósitos a cualquier costo y sin posibilidad alguna de revisión judicial.  

Basado en los argumentos expuestos, esta presentación pretende abordar las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo hablar en Puerto Rico de soberanía sanitaria bajo el estrangulamiento de un contexto político colonial y económico neoliberal?; 2) ¿Cuál es la situación actual de Puerto Rico frente a esta propuesta de soberanía sanitaria?; y 3) ¿Qué retos y desafíos presentamos como pueblo para encaminarnos en esta dirección? Entendemos que estas preguntas, aunque no podrán ser del todo profundizadas, permitirán generar discusiones y reflexiones en la audiencia. Finalmente, dichas reflexiones tienen el propósito de llevar un mensaje a nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos sobre el escabroso y violento camino impuesto a nuestra población por la agenda colonial, el capital financiero y el complejo médico industrial norteamericano que no debe ser emulado jamás.