Colombia ha sido uno de los países más golpeados por el conflicto armado, luego de una guerra interna de más de medio siglo de existencia. Entre el año 2012 y el 2016 se realizaron los diálogos de paz en la Habana Cuba entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC EP y el gobierno Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos. Dichos diálogos, lograron el propósito de negociación y acuerdo tras su firma en noviembre de 2016, luego de un ejercicio de participación ciudadana fallida conocido como el “plebiscito por la paz”.
Los acuerdos de paz tuvieron discusión sobre cinco elementos fundamentales: reforma rural integral, participación política, solución al problema de las drogas, fin del conflicto y víctimas. Estos dos últimos puntos, son elementos neurálgicos para el gran propósito de lograr una paz estable y duradera, en tanto: a) implican la relación dual e inicialmente equidistante de dos sujetos: víctimas y combatientes, b) a través del acuerdo se requiere de la reincorporación de excombatientes de forma integral para garantizar la no repetición de estos hechos; sin embargo, de forma individual y colectiva (a través de su partido FARC) se enfrentan todo el tiempo a un escenario social y cultural de dolor, rencor y exclusión; c) de otro lado, la ciudadanía en general exige la reparación integral a millones de víctimas, a las que históricamente les han invisibilizado y también les han incumplido con la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras y d) un reajuste de grupos armados que entran en pugna por los territorios y mercados millonarios, a la par de la continuidad de asesinatos selectivos que se han llevado la vida de al menos 250 líderes en los últimos 2 años.
De esta forma, la construcción de paz, a tan solo un año de iniciada la implementación de los acuerdos, dibuja un panorama en constante contradicción y tensión; agudizado por un modelo económico desigual, que prioriza la explotación de recursos energéticos y reprimariza la economía, fortalece las premisas latifundistas de concentración de tierras, amplia la frontera agrícola desde los monocultivos y limita las propuestas de diversificación, autonomía, gobernanza y sostenibilidad territorial. Este modelo económico ha sido ampliamente discutido por expertos como Absalon Machado, Darío Fajardo y hasta narrado por Alfredo Molano, ubicándolo como un eje central de promoción y escalonamiento de un conflicto social y político que ha tenido su máxima expresión en la violencia. Pero que también ha generado un sin fin de experiencias de sobrevivencia, correlación, investigación e innovación, en la relación víctimas – combatientes; a través de la guerra y ahora en el tránsito hacia la paz.
Hablar de sobrevivencia en esta guerra entonces es una oportunidad para comprender las relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, desde una propuesta como la determinación social de la salud. Es decir, la guerra ha sido un escenario adverso que por un lado, ha puesto al límite a hombres y mujeres históricamente olvidados en la Colombia profundamente rural, y les ha obligado a participar directa e indirectamente de la confrontación, compartir sus hogares con múltiples grupos armados y hacer parte de estrategias de organización social y militar para mantenerse. Y por otro lado, constituyo progresivamente un “estado paralelo”, que tuvo que aprender a sostenerse autónomamente y distribuir los bienes sociales y económicos para más de 7000 hombres y mujeres principalmente campesinos, indígenas y afrodescendientes, reconocidos además como un ejército del pueblo. Así, esta autonomía y sostenibilidad requirió de estrategias militares, de producción, organización y estructura, capaz de satisfacer al menos las necesidades de vestido, alimentación, educación y salud; y esta última como una necesidad esencial para sobrevivir a la confrontación armada y condiciones adversas que la naturaleza les ofreció como fortín en la selva.
Y es desde esta última premisa que el Centro de Estudios Urbano Rurales CEsUR, en el marco de investigaciones previas desarrolladas por algunos de sus miembros con organizaciones como la Mesa Nacional de Salud y representantes del Movimiento Mundial por la Salud de los pueblos desde la perspectiva de la determinación social y la garantía al derecho a la salud. A principios del año 2017 realizaron un ejercicio de investigación participativa en el municipio de Mesetas, Meta; en la vereda Buena Vista, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Mariana Páez”, como una jornada inicial de reconocimiento de la experiencia de los y las enfermeras de las FARC para garantizar el derecho a la salud a los combatientes en tiempos de guerra y responder a las demandas comunitarias en esta materia. Dicho ejercicio procuro respuestas sobre ¿Cómo se formaron? ¿Cuál es el sistema de atención propuesto? ¿Cuáles eran los procedimientos y enfermedades más recurrentes? ¿Cómo solucionaron situaciones extremas sin medicamentos ni equipos, y en tiempos de guerra? ¿Cómo era su relación con la población civil ubicada en las zonas rurales dispersas en materia de salud? Y en estos tiempos de pos acuerdo, ¿Cuál puede ser el aporte? ¿Cuál es su situación actual?
Luego de estos acercamientos, entrevistas y diálogos críticos que se han venido haciendo desde entonces con los enfermeros de las FARC, y comunidades organizadas en experiencias como las Zonas de Reserva campesina alrededor de la garantiza al derecho a la salud; el CEsUR ha entendido que la salud, se puede constituir en este contexto en una apuesta real y concreta de reconciliación nacional, que atiende a los principios básicos de las tres R (Reconciliación= reparación + reincorporación); más aún una oportunidad histórica de atender una necesidad y problemática nacional, para garantizar la salud en zonas rurales. De esta forma, entender los avances, ejercicios de innovación médica, las especialidades en salud y el sistema de atención integral propuesto por ex combatientes y comunidades; puede ser entendido como una alternativa de autonomía, ante un sistema de salud poco preparado para atender enfermedades tropicales y aquellas producto de la guerra; y la posibilidad de construir un modelo rural de salud universal, desde una apuesta de la Atención Primaria en Salud territorializada, que no solo se constituya como alternativa para el campo, sino que conforme y reconozca actores capaces de promover la salud, generar cambios desde la prevención y atención integral, y avance en la reconciliación nacional.