2016 ha sido considerado como un año histórico para Colombia: el gobierno de Juan Manuel Santos y los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) pusieron fin a cincuenta y dos años de conflicto armado interno. El 26 de agosto de 2016 las dos partes firmaron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” luego de cuatro años de conversaciones en La Habana y dos años más de conversaciones secretas, con el apoyo de Cuba y Noruega, como países garantes, y con el acompañamiento de Venezuela y Chile. Sin embargo, esa versión del acuerdo no sería la final. El rechazo del primer Acuerdo en un plebiscito realizado en septiembre de 2016 hizo necesaria la renegociación de algunos puntos y finalmente se logró su aprobación vía parlamentaria en el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016. Este sobresalto en el camino evidenció la pluralidad de voces en disputa acerca de la paz en el país y cómo esta se construye.
A diferencia del último intento de negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP en el proceso del Caguán (1998-2002), esta vez las partes prefirieron realizar las conversaciones de manera bilateral, sin la continua participación de la sociedad civil ni bajo la lupa de los medios de comunicación. En esta nueva ocasión, la Mesa de Negociación estableció una serie de mecanismos y procedimientos muy delimitados para incorporar las opiniones y reflexiones de distintos sectores de la sociedad, y en particular de las víctimas. Sin embargo, las comunidades indígenas y los pueblos afrodescendientes entendieron que estos mecanismos no eran suficientes e hicieron varios intentos para ser recibidos en audiencia en un diálogo horizontal en La Habana. Ante la negativa del gobierno, los grupos étnicos iniciaron una serie de campañas de presión nacional e internacional para ser escuchados y tenidos en cuenta como pueblos colectivos de Colombia. Entre otras cosas, hicieron visitas clandestinas a las delegaciones en La Habana, participaron en una visita internacional a Washington DC para hablar con congresistas y miembros de la administración de Barack Obama y además se agruparon bajo una plataforma común conocida como Comisión Étnica por la Paz y los Derechos Territoriales para lograr una mayor incidencia en su interlocución con el gobierno, que agrupaba a nueve organizaciones afro y dos indígenas, entre ellas la mayor organización indígena de Colombia, la ONIC.
Todos estos esfuerzos dieron sus frutos y las comunidades étnicas pudieron hacer valer sus voces e incluir en el Acuerdo un Capítulo Étnico que salvaguarda los derechos adquiridos por estos pueblos, reconoce a los grupos étnicos como aliados de la paz, y tiene en cuenta una serie de principios y garantías para asegurar que la implementación del Acuerdo no afecte a sus territorios, su autonomía y sus modelos de vida. A su vez, las dificultades para lograr su inclusión en el Acuerdo hicieron evidentes las resistencias históricas por parte del Estado y parte de la sociedad colombiana para entender la pluralidad étnica de Colombia, su multiculturalidad, y lo que esto implica a la hora de concebir políticas y definir qué es la paz y cómo se construye de manera plural.
El artículo presenta brevemente cómo fue el ejercicio de resistencia de las comunidades étnicas para después explorar qué implicaciones tiene el Capítulo para la construcción de su identidad, la búsqueda de reconocimiento, y el ejercicio de autonomía de los pueblos étnicos de Colombia, así como para la construcción y significación de la paz en sus territorios. Para ello el artículo parte de la teoría poscolonial y postestructuralista, desmitificando la idea de una paz universal y explorando la multiplicidad de pac(es) que interactúan en el debate público. Las relaciones de poder y resistencia de las distintas paces es objeto de estudio de este trabajo. Las reflexiones y discusiones del texto están basadas en el trabajo de campo realizado por la autora entre septiembre de 2017 y el verano de 2018 en Colombia.