La firma de los Acuerdos de Paz en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP mostró la posibilidad de una verdadera construcción de país en el que la violencia y la violación de derechos humanos no fuera una constante. No obstante, después de esta firma sucedida el 26 de septiembre y las disidencias que provocaron el triunfo del No en el Referendo, e incluso firmado después de que el Acuerdo tuviera algunas modificaciones solicitadas por los grupos de oposición al mismo, la violencia en varias partes de país no ha cesado y la lesión a los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables continúa, agravándose también su accionar.
Además de esto, aunque estos grupos sociales que han sido violentados permanecen en la misma condición y han denunciado tal estado de cosas, el gobierno actual y otros sectores de la sociedad afirman que no hay ninguna relación entre los diferentes ataques, asesinatos, amenazas o desapariciones que han ocurrido desde la firma de los Acuerdos y por tanto no existe una violación de Derechos Humanos generalizada y sistemática en el país. Por si fuera poco, los medios de comunicación, a través de la utilización de las distintas formas de reproducción del discurso, también han aumentado la polarización política del país, hasta el punto de conjeturar justificaciones frente a la violación de derechos humanos de líderes y lideresas de la sociedad civil, es decir utilizando recursos discursivos de legitimación y argumentación, entre otros, a este tipo de acciones delictivas. Según el informe que otorga la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos humanos ocurrido en los primeros meses de este año, 22 líderes sociales han sido asesinados y 166 han sido víctimas de amenazas, el 50% ocurridos en el Pacífico colombiano.
En ese sentido, nos decidimos por investigar la existencia o no de una sistematicidad en los asesinatos a líderes sociales justo después de la firma de los Acuerdos de Paz. Así pues, especificamos un espacio geográfico que nos permitiera observar mejor el fenómeno, siendo esta la región del Pacífico colombiano (los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), debido a su carácter históricamente olvidado por el Estado central, así como por ser un territorio con una gran cantidad de poblaciones y comunidades muy diferentes pero con altos niveles de organización social y colectiva, la mayoría de la población que habita esta región son afrodescendientes, en un número menor pero no menos importante es también habitado por comunidades ancestrales (Embera, Waunan, Eperara-Shapidara, Tule, Awa y Nasa). Igualmente, a partir de una base de datos sobre muertes violentas oficiales de Medicina Legal segregada por factor de vulnerabilidad y entidades territoriales (municipios) desde el 24 de noviembre de 2016 -fecha en que se firma el Nuevo Acuerdo de Paz- y el 31 de marzo de 2018; comparamos los datos oficiales sobre asesinatos con la presentación y descripción de los mismos en la prensa, local, regional y nacional, con el fin de observar en detalle la difusión por parte de los medios masivos de comunicación, así como la visibilización que se ha dado sobre estos continuos asesinatos que remiten a la vulneración de derechos humanos fundamentales. En este caso con publicaciones y artículos en la web, pretendemos contextualizar la investigación en un marco de análisis crítico del discurso en esos medios masivos de comunicación para descifrar la intencionalidad y el estado de información que se da en estos. Siguiendo esta metodología pretendemos escoger un corpus en específico que sea de carácter representativo de la prensa web, ya sea por la casa editorial que publica o por su gran difusión y aceptación en la opinión pública, y aplicar un análisis crítico del discurso multimodal al mismo, para que con esto logremos identificar y aclarar la existencia de una sistematicidad o no.