La ponencia se centra en los cambios y continuidades en la regulación y protección de niños/as y familias en el contexto del “giro a la derecha”, esto es, el fin de los gobiernos de signo progresista o populista que fueron elegidos democráticamente en los albores del milenio.
En América Latina, se evidenció tempranamente que al enfocar en la infancia, en las experiencias infantiles y en la regulación de las relaciones parentales, es posible analizar de un modo especialmente rico los regímenes de autoridad y poder que articulan el orden social. La reorientación y el reenmarcamiento de la lucha política a través del lenguaje de derechos (Schuch) en las últimas décadas del siglo XX, y en particular los derechos de los niños, fueron uno de los ejes por los que pasó la “modernización” del Estado y la regulación de novedosas prácticas sociales. El campo de los derechos humanos constituye así un idioma particular de la lucha política y de constitución de nuevos sujetos, de novedosos dominios de intervención y de renovadas formas de regulación social (Merry, 2003; 2006; Abu-Lughod, 2002).
Por ello es posible colocar una pregunta respecto de las transformaciones socio-políticas en curso que no se limite a retratar las dinámicas coyunturales, y permita construir indicios sobre los modos específicos en que el ordenamiento social está siendo reproducido o transformado en las disputas alrededor de la protección a la infancia.
El inicio del siglo XXI fue el contexto de surgimiento de gobiernos de cuño progresista en América del Sur. Gobiernos que, con sus profundas diferencias, hicieron de la retórica de derechos humanos uno de los ejes de los discursos institucionales y, en no pocos casos, la matriz desde la cual repensar el Estado de Bienestar.
En Argentina, el proceso de institucionalización de los derechos de los niños tuvo como rasgos sustantivos la adopción de leyes de protección de niños y niñas en el nivel de las entidades federativas y la adecuación de la agenda local para recoger preocupaciones globales y acuerdos internacionales vinculados con la adopción, los “niños sin cuidados parentales”, la crianza libre de violencia, y el trabajo infantil, entre las más prominentes. Este proceso coaguló en una ley nacional y numerosas leyes provinciales de protección de derechos que procuraban reordenar el campo institucional bajo los principios de la desinstitucionalización y la corresponsabilidad de los organismos estatales en la protección del superior interés del niño. En la segunda década del siglo, se avanzó en la sanción de un nuevo código civil que recogió las transformaciones normativas sobre la familia y la infancia, y redefinió las relaciones familiares a partir de transformar la “patria potestad” en “responsabilidad parental” y la unidad matrimonial como independiente del sexo de los contrayentes.
A su vez (como en todo el subcontinente) la convergencia entre la ampliación de derechos y los debates sobre la sostenibilidad y legitimidad del Estado de Bienestar, en particular sobre los regímenes de protección social, conllevó en el caso de Argentina a la implementación en 2009 de la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas de Transferencias Condicionadas de Ingresos que se contó entre las más generosas de la región, y que fue interpretada como un derecho de titularidad de niños y niñas, percibida por el adulto a cargo, casi en el 100%, sus madres.
Ahora bien, ¿por qué razones el proceso de ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes, expresado en transformaciones legislativas y en novedosas modalidades de protección social, no necesariamente condujo a una significativa mejoría de la situación de niños, niñas y adolescentes mientras gobernaron sectores proclives a lograr esa mejoría?