México cuenta con gran potencial para desarrollar la actividad minera en todo su territorio debido a que solamente se ha explorado menos de la mitad de su extensión con la intención de ejecutar proyectos. A pesar de esto, varias de las vetas activas de metales preciosos y de cobre tienen gran relevancia a nivel mundial por su capacidad productiva, las cuales son acaparadas por un pequeño cúmulo de industriales locales y extranjeras que aprovechan la flexibilidad legislativa sobre los montos de inversión, la ilimitada cantidad de concesiones que pueden obtener y la falta de restricciones en la extensión de estas.
Destaca en la zona centro-norte del país el estado de Zacatecas, ya que se concentra el segundo mayor nivel de producción de oro, plata y otros metales, tan sólo en el año 2017 aportó 17% al Producto Interno Bruto (PIB) a esta industria. Por su parte, la comunidad de Mazapil cuenta con la mayor contribución aurífera del estado; no obstante, prevalece la pobreza en la zona y el conflicto social con las empresas dedicadas a la actividad minera. Lo cual se debe a las condiciones con las que el Estado ha favorecido a las compañías mineras para la explotación de los recursos, lo que ha puesto en una situación de mayor adversidad a la población, pues se han privatizado amplias extensiones del territorio que antes se ocupaban para agricultura y ganadería local.
Lo comentado concuerda con la postura teórica sobre las nuevas formas del extractivismo y la apropiación territorial en las áreas urbano-rurales, que a pesar de concentrar a una población relativamente baja, presenta importantes aportes comerciales de bienes y servicios.
Las operaciones extractivas -cuya naturaleza pueden definirse como ejercicios de apropiación y usura-, dependen de la posición del Estado como agente de regulación a través de la creación de la flexibilización en las normas de actividad (económicas, prácticas y ambientales) o como promotor activo por medio de la generación de condiciones adecuadas para la inversión. Lo particular de este escenario es que en el capitalismo contemporáneo, el papel de la administración se encuentra al servicio de salvaguardar el desarrollo productivo y de acaparamiento.
La acumulación en términos extractivistas se puede establecer en dos fases: la primera, es la de la monopolización territorial por medio de prácticas coercitivas respaldadas por el Estado con la finalidad de acaparar todos los recursos minerales en el área; la segunda fase, es la apropiación del beneficio económico que deriva de la comercialización de las materias primas sin aportar de manera significativa al desarrollo y recuperación de las poblaciones afectadas por la actividad explotadora.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la situación minera en la región de Mazapil, Zacatecas, considerando los elementos de apropiación y despojo social que han afectado a los habitantes del lugar. La metodología empleada fue de tipo cualitativa a través de la observación participativa, además del apoyo en informes y estadísticas oficiales.
El resultado que se observó es que parte de la población se ha visto afectada por prácticas de intimidación, manipulación o coerción –violenta y económica-, así como por el aprovechamiento de las condiciones sociales para establecer un modelo de explotación que no beneficia en lo absoluto las condiciones de los habitantes, pues solamente profundiza la miseria de la zona.
Como conclusión se obtuvo que en el escenario extractivista la relación económica prima sobre el beneficio social, la diversidad cultural y el bienestar ambiental al obligar a los individuos a desposeerse de sus tierras, al insertarlos en el sistema de trabajo ya que también se les enajena cultural y socialmente, así como al destruir el territorio en el que han vivido por generaciones.
En respuesta a ello surgen movimientos sociales de rechazo y choque que fundamentan su lucha sobre la base de la relación socioambiental que han mantenido con su entorno, así como en la degradación de sus condiciones de vida a nivel económico como resultado de la intensificación práctica de la minería. El problema general de este tipo de organizaciones es que se encuentran desarticuladas y ajenas a otras que han tenido casos exitosos de lucha contra la industria extractivista.