La formación docente en nuestro país, en las últimas décadas, se ha instalado como prioridad en la agenda de las políticas públicas. En ella se identifica determinada modalidad de intervención del Estado que se traduce en discursos y prácticas, en normativas y documentos oficiales sobre las instituciones de formación docente, el desarrollo curricular, la evaluación y el trabajo docente. Van a ocupar un lugar de relevancia ya que fijan posicionamientos hegemónicos respecto del proyecto político que impulsan.
Las políticas educativas de formación docente también instalan instituciones específicas como la Red Federal y el INFOD encargadas de su ejecución y nuevas configuraciones sobre el trabajo docente vinculadas a la profesionalización y la evaluación como política de estado.
El entramado que se ha ido tejiendo entre políticas educativas de formación docente concepciones de evaluación, dispositivos de control, normativas y reivindicaciones sostenidas por los trabajadores de la educación han ido configurando modos de entender el trabajo docente. Por eso el propósito es compartir reflexiones y análisis acerca de las concepciones que hoy se ponen en juego respecto de la formación docente y nuestro trabajo.
La complejidad del campo de la formación y el trabajo docente y el intento de mostrar algunos hilos en la trama que se ha ido tejiendo desde los 90 a nuestros días, me ha llevado a organizar esta presentación en tres nudos:
- Algunas notas acerca del escenario en que se inscribe la Formación Docente
- Los sentidos de la profesionalización y formación docente
- La evaluación como dispositivo en la configuración de nuestro trabajo

I. Algunas notas acerca del escenario en que se inscribe la Formación Docente
La “transformación educativa” y formación docente impulsada en la década de 90 da cuenta, por un lado, de un proceso de reforma y ajuste estructural de las distintas dimensiones del Estado sobre la base de políticas neoconservadoras y por otro, de políticas neoliberales que tanto en nuestro país como América Latina, respondieron a lineamientos de organismos financieros internacionales.
El Estado- durante la década menemista (1989-1999)- en materia de políticas educativas públicas se ocupa de ajustar la educación al programa económico neoliberal, dejando librado a las provincias la responsabilidad del financiamiento. Es decir, la premisa es achicar el sistema de educación pública

Como contrapartida, el período 2004- 2015 se identifican rupturas respecto de las políticas neoliberales cuando el Estado Nacional se ubica en el centro de la escena al reasumir obligaciones para con el campo educativo y reconocer la dimensión política de las políticas públicas, las que se traducen en distintas normativas, documentos y acciones. Ese reposicionamiento del Estado se visibiliza en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN) que reconoce a la educación como derecho social, sostiene la gratuidad y se focaliza en la igualdad e inclusión. Por otro lado se recupera la unificación de la estructura del sistema educativo.
Paradójicamente, la actual política socio- educativa del gobierno de “Cambiemos” si bien retoma principios y lógicas de las políticas educativas de los 90, da cuenta de una impronta focalizada en lo que los estudios de CTERA han dado en llamar un “proceso de desestructuración de las políticas” impulsadas en la última década por el Estado.


II. Los sentidos de la profesionalización y formación docente
Durante los 90 la formación docente va a ocupar un lugar prioritario, de allí la necesidad de ubicarla en el contexto de las lecturas que se hacen para justificar la reforma educativa. En lo que denominan ´situación de crisis de eficiencia, eficacia y calidad del sistema educativo´.
El énfasis en la “calidad”, evaluación como control y rendición de cuentas, la eficiencia, la reforma curricular, la capacitación docente asimilada a “reciclaje” son algunas de las notas destacadas de las políticas educativas de esta década justificadas en la necesidad de articular y subordinar las respuestas del sistema educativo a las demandas del mercado de trabajo.
La capacitación y profesionalización cobran fuerza en este período y encierra, implícita y explícitamente, fuertes cuestionamientos a nuestra formación y al propio trabajo, instala sospechas de incompetencias y refuerza la desconfianza hacia quienes enseñamos.
La incorporación de los docentes en la capacitación fue compulsiva, impuesta como ‘necesaria’ para conservar el puesto de trabajo, ya que la acreditación de los cursos posibilitaría mostrar la incorporación de saberes y competencias necesarios para permanecer en el sistema educativo en un contexto de flexibilización laboral, despidos y profundización de la pobreza.
La política pública de la última década, en un escenario atravesado por problemas históricos, interpela los modos de entender la formación docente y produce rupturas respecto de las premisas neoliberales con el propósito de asignarle nuevos sentidos.
Una nota destacada fue el fortalecimiento de los institutos de formación docente que se tradujo en programas de formación continua, planes de mejora nacionales con presupuesto específico, incorporación de la tecnología educativa como apoyo y vía de apertura a la participación en relación a todos estos procesos, fomento de la investigación y políticas de acompañamiento a las trayectorias de estudiantes de formación docente.
El cambio de gobierno en diciembre de 2015 y la impronta de desarticulación de las políticas educativas se traducen en la interrupción de los avances alcanzados, el incumplimiento de principios centrales sostenidos en leyes vigentes y el cierre de institutos de formación docente en el marco del achicamiento y desfinanciamiento de la educación.
La desestructuración de las políticas públicas también se visualizan en el Plan Estratégico Nacional 2016-2021- Ministerio de Educación y Deportes “Argentina enseña y aprende” y en lo que se ha dado en llamar el Plan maestr@


III. La evaluación como dispositivo en la configuración de nuestro trabajo
La evaluación es parte de la formación docente, genera procesos de aprendizaje en función de las regulaciones, mecanismos y parámetros que definen lo permitido y válido y por ende configura nuestras identidades, nuestro trabajo docente.
La evaluación en los 90 se transforma en una política de estado. En nuestro país tiene que ver con la instauración del Sistema Nacional de Evaluación de la calidad
La evaluación del trabajo docente se inscribe tanto en el discurso de la profesionalización y la capacitación, como en el control del rendimiento de los alumnos a través de pruebas nacionales focalizadas en la ‘medición de resultados”, poniendo como únicos responsables a los trabajadores y las escuelas.
A través del sistema nacional de evaluación se introduce “un control más directo y centralizado del currículum y la cultura, el trabajo docente, la organización de las escuelas y las aspiraciones de los estudiantes.
Si bien como señaláramos anteriormente en la última década el Estado asume el lugar de garante de la educación, en materia de políticas de evaluación nacionales es interesante reconocer algunos signos de ruptura neoliberal como el reconocimiento de participación de los trabajadores a través de sus órganos de representación – CTERA- en el Consejo Nacional de Calidad de la Educación
Hoy en el discurso de “Cambiemos” se ha retomado con fuerza la evaluación como control de resultados a través de una prueba para la medición estandarizada de las capacidades
Prueba de ello es el operativo “APRENDER”, rechazado por nuestra organización gremial y por la comunidad educativa
En el Plan Estratégico Nacional de Cambiemos 2016-2021 cuando se hace referencia a Jerarquizar la profesión docente, se da cuenta de la intención de “generar procesos de evaluación y seguimiento de la formación docente, los diseños curriculares, el desarrollo de estrategias diversas para valorizar la profesión docente ante la sociedad y la instalación de una política de evaluación” .En los propósitos se reactualizan premisas del mundo de la empresa y del mercado cuando se indica “realizar un diagnóstico de la efectividad” y recoger datos para “el otorgamiento de incentivos a los docentes bien evaluados” e instalar capacitación “para los profesores más débiles”. Para agregar “Cuando las evaluaciones proveen oportunidades de perfeccionamiento para los docentes y, sin embargo, no existen mejoras en el caso de los profesores más débiles, es necesario tomar medidas más firmes y ofrecer planes de retiro anticipado o desvinculación del aula”