En los últimos treinta años los países de América Latina han observado profundos cambios
políticos caracterizados por la consolidación de nuevos regímenes democráticos. Esta
reinstauración democrática trajo consigo nuevas formas de configuración de los sistemas
políticos que dan paso a la emergencia de innovaciones institucionales, en las que la
participación y el control social encuentran un espacio en los procesos de política.

Los cambios políticos que se observan se caracterizan por la incorporación de formas de
gobernanza participativa que buscan involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de
decisión de los gobiernos. De esta manera, se reconocen las limitaciones del orden y del
control público tradicional del estado, y se propicia una cooperación entre actores diversos
en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas (Kooiman 2003). Las nuevas
formas de gobernar se alejan de los modos jerárquicos de gobernanza, y propician el
surgimiento de cogobiernos (Kooiman 2003) que promueven relaciones horizontales entre
gobierno y sociedad, y otorgan un papel central a la participación y al control ciudadano.

El análisis de las nuevas fuerzas políticas y sociales se ha centrado en comprender como la
construcción de mecanismos de participación ciudadana genera escenarios que facilitan el
ejercicio compartido del poder de decisión del estado sobre los asuntos de interés público
(O´Donnell 1997). Por un lado, las ciencias políticas lo analizan como un problema de
poder (Peruzzotti 2006) mientras que la sociología lo observa como un problema social
producto de las interacciones entre la sociedad civil y el estado (Isunza y Olvera 2006). Los
nuevos mecanismos de seguimiento y monitoreo del desempeño estatal promueven un
sistema colaborativo basado en la participación y el control social bajo la forma de
mecanismos de accountability – o rendición de cuentas – vertical, horizontal y social
(O´Donnell 2004) que pretenden observar el grado de receptividad y de responsabilidad con
que se desempeñan los agentes públicos (Mainwaring y Welna 2003).

Los sistemas políticos enfrentan un proceso de descentralización en el que se incorporan
arreglos entre diversos actores sociales que promueven intereses colectivos, y buscan
resolver problemas políticos en ausencia de una sola autoridad. Pierre y Peters (2000)
observan tres formas de descentramiento; hacia arriba, caracterizado por una creciente participación de organismos internacionales; hacia abajo, enfocado en el fortalecimiento de
instituciones regionales y locales; y hacia afuera, donde se da la participación de empresas
extranjeras, organismos no gubernamentales, y el desarrollo de alianzas público-privadas
(Pierre y Peters 2000).

Dentro de este contexto, la presente investigación propone abordar la práctica institucional
de la participación de actores no estatales en el diseño de políticas públicas. En la actualidad, la gobernanza democrática ha entrado en una “etapa de institucionalización de los arreglos y de reformas orientadas hacia la democracia participativa y la política deliberativa” (Fontaine y Córdova 2014, 3). Esto ha permito que la participación en la toma de decisión sea asumida como una prioridad de la agenda de políticas públicas. La intervención de la ciudadanía organizada en el diseño de políticas implica pensar la práctica institucionalizada de la participación, y comprender cuales son los factores que influyen en la creación de una estructura que posibilite esta participación. Por este motivo, la pregunta a la cual busca responder la presente investigación es ¿por qué los gobiernos incorporan a actores no estatales en el diseño de políticas públicas? La hipótesis que guía la investigación es que los gobiernos locales incorporan actores no estatales en el diseño de políticas públicas como respuesta a presiones sociales que fuerzan a los gobiernos a rendir cuentas a los ciudadanos.

El objetivo principal de la presente propuesta de investigación consiste en trazar el proceso
causal que permite identificar los factores que llevan al gobierno de Ecuador a crear
mecanismos de participación y control ciudadano en el diseño de políticas. De esta
manera, a través del análisis de política se pretende identificar las relaciones causales que
explican el proceso mediante el cual las presiones sociales obligan a los gobiernos a
crear mecanismos que permiten la participación ciudadana en el diseño de políticas
públicas. El abordaje del problema de estudio se hará a partir del caso del Consejo Ciudadano Sectorial que funciona dentro del Ministerio de Agricultura del Ecuador desde el año 2009 como mecanismo que asegura la participación ciudadana en los procesos de política agrícola del Ecuador.