A lo largo de las últimas décadas, el mundo ha experimentado importantes transformaciones, tan relevantes han sido estas que terminaron por modificar de manera significativa el mapa político, económico, social y cultural a lo largo y ancho de todo el orbe. En el caso de la movilidad humana, en general, y de las migraciones internacionales, en particular, esto es por demás evidente.
En efecto, hoy en día, tanto para los estudiosos como para las instituciones especializadas en el estudio de estos temas, la conexión que las migraciones tienen con las transformaciones estructurales en los campos arriba referidos, no sólo configuran sus consecuencias más inmediatas, sino también, y sobre todo, muchas de sus causas primeras. El impacto de las mismas,, lo sabemos, es real, y en regiones como América Latina y el Caribe merecen ser atendidas con toda nuestra concentración, por las dimensiones que su impacto tienen en la vida de los estados y sus comunidades.
En el caso que será objeto de nuestra atención, nos detendremos en la política migratoria argentina, tras la asunción del presidente Mauricio Macri en 2015.
En enero de 2017 se sanciona el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70, que altera de manera sustancial la Ley nacional de migraciones Nº 25.871 que ordenó la política migratoria nacional desde 2004 hasta entonces. Durante la primera década del presente siglo, toda la región suramericana, en el marco del proceso político de integración regional que orientaron los gobiernos post-neoliberales o nacional-populares, se avanzó progresivamente en la modificación de las legislaciones migratorias nacionales hasta llegar a un corpus común más o menos armónico entre los distintos países del bloque, pasando de un paradigma constituido al calor de los gobiernos cívico-militares de los años setentas y ochentas, donde todo principio de derecho estaba ocluido y toda otredad era considerada un actor disoluto y potencialmente riesgoso para la sociedad, a uno respetuoso de los derechos humanos en general y donde, al menos en principio, se reconocía a la migración como un derecho humano inalienable y se comprometía a los estados a garantizarlo sobre la base de principios de igualdad y universalidad. Los logros alcanzados en tal sentido fueron relevantes.
Sin embargo, con el retroceso político experimentado en la región en los últimos años y el subsecuente advenimiento de gobiernos denominados a veces restauracionistas, a veces neo-golpista, o lisa y llanamente como las “nuevas derechas”, una serie de políticas que definen tanto la propia identidad de estas experiencias como sus objetivos finales o la “cosmovisión” del mundo fueron aplicadas con la velocidad con la que un rayo impacta en un cielo sereno. Sorprendentemente o no, una de las primeras medidas comunes a estas propuestas se concentraron en la apurada sanción de una nueva legislación migratoria, incluso prescindiendo del procedimiento legislativo y su necesario debate parlamentario contemplado a tales fines.
En el presente trabajo que ofrecemos para estas jornadas, nos detendremos a considerar las políticas de derechos en retroceso características de lo que se ha dado en denominar democracias de baja intensidad, toda vez que las mismas atentan contra principios elementales como el libre tránsito, el debido proceso, la unidad familiar, entre otras nociones elementales. Se trata de un piso de derechos que parecían haber sido adquiridos de manera irreversible pero que, lejos de ello, han experimentado alarmantes retrocesos que han sido denunciados en foros internacionales tanto por organismos como por agencias defensores de los derechos humanos en todo el mundo.
Nuestras reflexiones no permitirán comprobar que, una vez más, el tipo de política migratoria que despliega un tipo de gobierno resulta de consuno con su modelo económico (en este caso rentista, desindustrializador y de valorización financiera) y con un tipo de democracia precarizada (de derechos en retroceso y estratificados).