Cerca de los 50 años del golpe de Estado que puso en marcha la dictadura militar brasileña, un conocido historiador del período, Carlos Fico, insistió en la necesidad de conocer la dictadura para allá de los enfrentamientos entre el aparato represivo y las organizaciones clandestinas de izquierda. Estableciendo una comparación entre las dictaduras brasileña y argentina y sus procesos de transición para la democracia, el autor sostiene que la noción de “trauma”, adecuada para pensar la experiencia autoritaria argentina, no sirve para el caso brasileño, marcado más bien por el signo de la “frustración”. Su argumento, por supuesto, no es que la dictadura brasileña no tenga producido daños y traumas, sobretodo para los opositores que estuvieron presos o exiliados, sino que el trauma en ese caso es una experiencia vivida por una parcela relativamente reducida de la sociedad, al paso que la mayoría de la población, aunque haya sufrido de diversas maneras el autoritarismo, no fue victima directa de la represión política, en términos de prisiones, torturas o ejecuciones. Como ejemplo, menciona el caso de los ciudadanos que fueron de algún modo afectados sin ni mismo saberlo, teniendo su contratación bloqueada o siendo preteridos en promociones en la carrera por razones políticas. Rodrigo Patto Sá Motta, otro importante investigador de la dictadura, en entrevista para un blog de historia, añade: “[…] há que estudar os grupos que ficaram indiferentes ou foram excluídos das disputas políticas e, por isso mesmo, não têm memória sobre os anos de ditadura.” Las afirmaciones de los dos autores son intentos de explicar la indiferencia de parte significativa de los brasileños frente al pasado dictatorial, así como la reducida movilización popular para los temas de transición, algo considerablemente distinto de lo que ocurre en Argentina.
Hay diversos niveles de explicación para justificar esa indiferencia. Los movimientos sociales previos al golpe fueron desmantelados ya en la primera ola represiva que siguió la toma de poder por una coligación de sectores de las élites descontentos con la creciente movilización y politización social. Las organizaciones de izquierda no lograran una larga participación en sus fileras y tuvieron una tendencia, en parte resultado de la persecución política, a atomizarse en múltiples divisiones y a aislarse de los sectores populares. Los órganos represivos creados o reformados para perseguir la oposición política operó de manera selectiva, centrando su actuación en los grupos de izquierda armada o en los partidos comunistas. En términos de los métodos empleados, si bien existan muchos puntos de contacto con la persecución política de los países de la región, el recurso a las desapariciones y los asesinatos fue, en comparación con Argentina, considerablemente menor. La dictadura brasileña sostuve una preocupación constante con la opinión pública, incluso internacional, optando por el empleo discreto de la tortura en larga escala y el aprisionamiento de los opositores. El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad contabiliza 191 muertos y 243 desaparecidos políticos en Brasil y en el exterior.
Ahora bien, al mismo tiempo, hay una problemática más compleja, del orden de lo que se puede clasificar como represión política, como producto de una dictadura militar, y lo que sería resultado de prácticas tradicionales de larga duración de control social y de exclusión histórica de los sectores populares de las esferas de debate y deliberación política. Se trata de una dificultad teórico-metodológica, pero también de interpretación política, definir de manera clara y evidente lo que fueron rasgos propios y específicos de la dictadura y lo que está inserido en una cadena que antecede la dictadura y sigue ocurriendo pese a la transición democrática. La Comisión Nacional de la Verdad ilustra bien los desafíos de establecer esos parámetros y lo contornó de una manera todavía insatisfactoria. Aunque tenga el gran mérito de haber reservado un espacio en el según volumen y en el según tomo del informe para otras modalidades de victimas – militares, trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, homosexuales, religiosos –, solo las victimas tradicionales – miembros de la militancia organizada de izquierda – han sido momeadas y contabilizadas, en el tercero tomo del informe final. No se trata solamente de una cuestión de voluntad política, sino que de una real dificultad de identificar individualmente a las víctimas, así que de obtener de una manera sistemática y segura pruebas válidas de violaciones de derechos humanos que ocurrieron hace décadas, sacrificando sectores no raro marginalizados y silenciados.
Así que sin discordar de mis colegas en cuanto la necesidad de no reducir el interés respecto la dictadura a la represión o a los movimientos de izquierda, pienso que hay mucho que avanzar en el campo de los estudios de la violencia política, incluso en los temas más visitados del confronto con las organizaciones clandestinas de izquierda. En esta ponencia serán presentadas en grandes líneas los temas cubiertos por la historiografía, las obras dedicadas a cada uno de ellos y algunos de los debates historiográficos existentes acerca de esa área de investigación.
Por otro lado, planteo que una de las vías más urgentes y promisoras es investigar qué pasó con esos grupos sociales históricamente desdeñados, si los sucesivos gobiernos militares aportaron modificaciones importantes en las formas tradicionales de violencia en términos de escala, métodos, estrategias, discursos, efectivos y/o integración de los militares a las fuerzas policiales. Para allá de la importancia de estas investigaciones para el campo de los estudios de la dictadura y de la represión, mostrar las otras facetas de la violencia contra sectores marginalizados podría tener el efecto de un auto-reconocimiento por parte de esos grupos, cuyos derechos han sido sistemáticamente violados por el Estado, incluso durante los gobiernos progresistas en democracia. Contribuiría también para una mayor comprensión de los legados que la dictadura militar efectivamente dejó para las fuerzas de seguridad y el actual modelo de mantenimiento del orden y de seguridad pública.