Resumen:
El presente estudio busca dar cuenta de cómo la “agenda de género” implementada desde el retorno a la democracia ha sido modelada por las particularidades del neoliberalismo chileno -expresadas en el llamado “pacto subsidiario”. Estas condiciones permitieron la hegemonización de un feminismo institucionalizado de carácter neoliberal, en detrimento de los sectores más disruptivos del feminismo que fueron excluidos de la política. El trabajo muestra que las “políticas de género” de la transición son consecuencia de un “complejo económico-moral” en el que se combinan y negocian en distinto grado progresismo limitado y conservadurismo reaccionario, dando como resultado la restricción, individualización y mercantilización de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales en un contexto más amplio de inexistencia de derechos sociales garantizados para toda la sociedad. Asimismo, este trabajo se propone interrogar la potencialidad emancipatoria del feminismo en un contexto de avanzada modernización neoliberal como el que se aprecia en Chile, donde las luchas por la recuperación de los derechos sociales se vuelven centrales para la ampliación de la democracia. En dicho escenario, las autoras sostenemos que el desafío del feminismo será resistirse a ser procesado en una “agenda de género” y avanzar hacia la impugnación del neoliberalismo y el Estado subsidiario, proponiendo un nuevo pacto social cuyos contenidos debieran estar orientados por una perspectiva feminista y antineoliberal.

1. Fundamentación. La emergencia del feminismo en el Chile neoliberal

En Chile, al igual que en otras partes de América Latina y el mundo, el feminismo retoma protagonismo. En este país, la nueva emergencia del feminismo se despliega en un escenario complejo, que exhibe las consecuencias sociales y políticas de la modernización neoliberal tempranamente implantada, es decir, en un escenario neoliberal avanzado. El llamado “Estado subsidiario”, forma local del modelo neoliberal, instaura una densa trama entre mercantilización de derechos sociales (salud, educación, vivienda y pensiones), focalización del gasto social exclusivamente en los sectores más pobres y acumulación capitalista en base a subsidios estatales a empresas prestadoras de servicios sociales, mientras las grandes mayorías de la población deben resolver sus vidas en el mercado de manera individual. El principio de subsidiariedad, como puede verse, no es aplicado en Chile en tanto limitación de la acción pública en favor de la iniciativa privada y los grupos intermedios (como era el espíritu original de la Constitución Política instaurada por la dictadura que afirma que “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”-), sino que se convierte en un principio modelador del carácter de la acción pública que determina radicalmente el carácter mismo del Estado. Al contrario de lo que podría pensarse, el principio subsidiariedad no ha reducido el Estado en favor del desarrollo de la iniciativa privada, sino que ha redundado en la cuantiosa y creciente transferencia de recursos públicos a empresas privadas prestadoras de servicios sociales que no son garantizados como derechos universales para toda la población sino que se convierten en nichos de acumulación capitalista garantizados por el Estado. Esta configuración político-económica, en que convergen intereses empresariales y acción estatal, además articula los valores de la tradición estamental y conservadora de la República chilena con los principios económicos “modernizantes” del libre mercado, creando un complejo “económico-moral”que denominamos “pacto subsidiario”.

2. Feminismo neoliberal en el marco de la democracia restringida y el pacto subsidiario
En este marco, no es sorprendente que la política deje de tener sentido para las mayorías sociales, cuando los intereses de las clases subalternas son sistemáticamente postergados mientras que los grupos empresariales imponen sus términos sin contrapeso. Bajo esas condiciones la propia democracia pierde sentido para la mayoría de la población, como ha podido observarse en la elevada abstención electoral los últimos lustros.
El carácter restringido de la democracia postdictatorial, que excluye de la deliberación pública a los actores sociales organizados y es administrada por una elite tecnocrática, impactó también al feminismo chileno. Actor fundamental en las luchas por la recuperación democrática, el movimiento feminista fue excluido de la política transicional y, en este marco, se produce en su interior una ruptura entre aquellas figuras que pasan a ocupar cargos en la administración del Estado y aquellas que permanecen en el mundo social. El dilema entre autonomía e institucionalización se resuelve por la vía de mutua exclusión y en medio de esta fragmentación va a prevalecer una versión liberal del feminismo que logra imponerse y ganar terreno en los discursos públicos y en las agendas de género. Si bien durante el período 1990-2018, gracias al movimiento feminista y a la presión de organismos internacionales por los derechos humanos, se presentan avances en el reconocimiento de algunos derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, estos quedan atrapados dentro de los márgenes del Estado subsidiario que restringe, individualiza y mercantiliza los derechos sociales, sexuales y reproductivos e impide establecer un sistema de derechos universales para todas y todos. Este feminismo de ampliación de derechos y participación política para algunas mujeres, escasamente ha enfrentado la esencialización del rol tradicional de la mujer y el trasfondo estructural, económico, de las desigualdades, neutralizando así el carácter radical y disruptivo de la teoría feminista.
Se puede observar en el caso chileno cómo conviven procesos de “democratización”, que han incluido políticamente algunas demandas de las mujeres, con la configuración de un Estado subsidiario que privatizando toda esfera pública, y propiciando la incorporación de amplios sectores al mercado y a la economía monetaria, ha construido más exclusiones con un discurso de desarrollo y modernización. Por ejemplo, buena parte de la agenda impulsada por el Servicio Nacional de la Mujer (1990-2016), hoy Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género -Ley de cuotas, Ley de violencia intrafamiliar, aspectos de la reforma laboral relacionados con las mujeres (salas cunas, igualdad salarial, aumento del posnatal) o las políticas de focalización del gasto social como el Bono al trabajo de la mujer o los programas “Jefa de hogar” o “Mujer emprende en familia” y la ley de interrupción del embarazo en tres causales- mantiene el principio de subsidiariedad del Estado, refuerza el rol tradicional de la mujer y limita las políticas de género a políticas de mujeres/madres/víctimas que hay que empoderar, integrar al mercado laboral (aunque sea en condiciones de precariedad) o convertir en emprendedoras.

3. Feminismos críticos para la superación del neoliberalismo
Sin embargo, desde hace algunos se observan signos de impugnación a la política de la transición y a su permanente exclusión de los intereses de las clases subalternas en beneficio de los grupos empresariales. La demanda por la recuperación de la educación pública, el movimiento contra las Administradoras de Fondos de Pensiones y la reciente y masiva convocatoria del pasado 8 de marzo bajo la consigna “Mujeres a la calle contra la precarización de la vida”, son algunas muestras de la existencia de un ciclo de luchas antineoliberales que, con momentos de alza y reflujo, cuestionan el Estado subsidiario y la mercantilización absoluta de los derechos sociales. Sin ir más lejos, la propia emergencia del Frente Amplio y su constitución como una tercera fuerza política, forma parte de la crisis del pacto de la transición y representa una posibilidad histórica de abrir la política a los intereses y necesidades de las mayorías sociales.

Es en este contexto, descrito aquí muy sucintamente, en el que emerge, con renovado vigor, un heterogéneo movimiento feminista, que debe enfrentarse a los dilemas de la sociedad chilena actual y, en ese sentido, creemos que algunos de los mayores desafíos del feminismo será el traspasar los límites de las agendas de género y plantear alternativas que disputen con las políticas “de mujeres” que refuerzan su rol tradicional, que reposicionan la figura de “la familia” heteropatriarcal como fundamento de la sociedad y como sujeto preferente de políticas públicas (idea que instalará con fuerza el gobierno de Sebastián Piñera) o que enfrentan la violencia machista desde enfoques punitivistas sin abordar las causas estructurales del problema. Un feminismo que busque incidir políticamente corriendo los límites de lo posible dentro de los marcos liberales del feminismo hegemónico,

Por otra parte, el feminismo tiene la posibilidad de recuperar su vocación emancipatoria, desdibujada por el procesamiento neoliberal de la transición, permeando las luchas sociales que han surgido en los últimos años. En el contexto chileno, son las luchas por la recuperación de los derechos sociales aquellas que logran impugnar de manera efectiva el pacto subsidiario y que pugnan por ampliar la democracia. El feminismo, en este ciclo político, no debiera quedar como una lucha específica de mujeres y disidencias sexuales, sino que debiera permear todas las luchas sociales y contribuir a construir un nuevo pacto social e imaginar nuevas relaciones humanas y de convivencia en sociedad que superen el neoliberalismo y el Estado subsidiario. En un momento donde se juega la posibilidad de democratizar la sociedad chilena, el feminismo se convierte en una necesidad política para las luchas emancipatorias.