En el presente trabajo nos proponemos reflexionar sobre la polémica surgida en torno al cobro por la salud a las personas migrantes en Jujuy durante el mes de febrero del corriente año. Dicha polémica alcanzó una enorme repercusión mediática que incidió en la promoción de un debate social.
Frente a la reiteración de versiones simplificadas sobre el tema quisimos interrogarnos: ¿cuándo y cómo surge este conflicto? ¿Cuáles son los elementos que podemos aportar para su comprensión?
A partir del rastreo del debate en los medios, podemos registrar el origen del conflicto el 22 de Febrero del corriente año con una publicación del periódico local “El Tribuno de Jujuy” que ofrecía datos sobre la utilización de los servicios sanitarios por parte de las personas extranjeras así como también sobre los costos que dicho uso representa para la provincia.
Sin embargo es preciso colocar este episodio en una serie temporal más larga donde encontramos, tanto la promulgación del DNU del presidente Macri a inicios del 2017 (DNU que fue declarado inconstitucional en el mes de marzo de este año), como las repercusiones que dicho DNU tuvo a nivel local con las declaraciones de las autoridades sanitarias provinciales en relación con el uso de los servicios de salud por parte de las personas inmigrantes. Es así que, a pesar de que el mencionado DNU no modificaba los artículos relacionados con el acceso a derechos sociales por parte de las personas inmigrantes, las autoridades públicas salían a hacer declaraciones en los medios cuestionando dicho acceso. Pero también podemos ir más lejos aún y encontrar otros episodios de conflicto vinculados con el acceso a la salud por parte de la población boliviana a fines de los ’90 y principios de los 2000 (Karasik, 2005).
Es preciso señalar que la intención de cobrar el acceso a la salud se da en el marco del establecimiento del polémico Plan Estratégico de Salud, que tiene entre sus propuestas, la ley de recupero (que consiste en cobrar a obras sociales nacionales y provinciales y las ART los gastos ocasionados por sus afiliados). Dicho plan supone, entre otros aspectos, la descentralización de las prestaciones de las especialidades médicas y la introducción de puestos gerenciales en la dirección de los hospitales.
Llama poderosamente la atención que en ninguna de las numerosas entrevistas concedidas se haga mención de las fuentes estadísticas o de otro tipo en las que se basan las apreciaciones que se están realizando. En una de las numerosas entrevistas concedidas el Ministro Bouhid, ante la pregunta por la incidencia en el presupuesto sanitario, sostiene que “no importa si se trata de un caso, diez o cien” (Radio Latina 22 de Febrero de 2018) los y las usuarias extranjeros/as; y en otra entrevista concedida a la periodista Florencia Etcheveres del Canal TN, ésta pregunta por los datos en los que se fundamenta su decisión sostiene que el registro es “difícil” y que la información se basa en “foto de Jujuy”. “[…] lo que nosotros nos ocurre, Jujuy lo sabe… [se corta la comunicación telefónica, retoma la comunicación y continúa hablando el Ministro] no hay una gran capacidad de registro, porque repito, provincia fronteriza con inmigración ilegal, con pacientes indocumentados, que cuando uno concurre al hospital público, lo hemos atendido siempre, nunca hemos cobrado nada, y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr esto, que para nosotros es un proyecto, lo pueda tomar cancillería.” Ahora bien, a continuación de estas declaraciones, el ministro agrega “Pero yo creo que en el debate, la sociedad se ha ido expresando durante el día de ayer y el día de hoy y claramente ha expresado un acuerdo a que nuestros recursos puedan ser utilizados por nuestros ciudadanos pero estamos hablando del cobro a la ciudad hermana no al ciudadano propiamente dicho” ("Metadata", Canal TN, Viernes 23 de Febrero de 2018).
Por lo mencionado, en el conflicto que estamos analizando es posible señalar elementos del contexto más inmediato, así como otros de más largo alcance vinculados al cambio de rumbo en relación con el tratamiento migratorio y su vinculación con la delincuencia así como con otros componentes constitutivos de los fenómenos migratorios tales como el pensamiento de Estado, que distinguen a los legítimos beneficiarios de los recursos públicos de quienes no lo son. Por último, la generación de consenso en torno a un determinado tema puede favorecer en el avance de otros temas que de otro modo serían muy cuestionados.