Sobre el OAJ
El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) es un espacio en el que convergen investigadores interesados en el estudio de las políticas y agencias que se ocupan de los adolescentes y jóvenes en Argentina. El OAJ, fue creado en 2002 y se inscribe en el Grupo de Estudios e Investigación sobre Infancia, Adolescencia y Juventud, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Como ejes temáticos incluye: “Educación”, “Encierro punitivo”, “Justicia”, “Medios de Comunicación”, “Niñez Migrante”, “Salud Mental y medicalización de la infancia” y “Seguridad y violencias”. El OAJ publica periódicamente diversos materiales de divulgación en formato digital. Entre ellos, un Boletín de Coyuntura focalizando en el monitoreo de derechos y políticas públicas en pos de su cumplimiento efectivo de los derechos, y en denuncia de su vulneración. También participa y organiza de distintos espacios y actividades académicos y con actores de la gestión pública y la sociedad civil.

Introducción.

En las crónicas policiales, campañas políticas y proyectos legislativos resurge en diferentes momentos la propuesta de bajar la edad de punibilidad para poder castigar penalmente a niños y adolescentes. Más allá de prolongar el mito de las bondades de las penas, estas posturas parten de una atribución de causalidad individual sobre los delitos y las violencias por sobre factores macrosociales, poniendo todo el peso en la responsabilidad individual y desentendiéndose de las condiciones de vida de estos niños y adolescentes. Sin embargo, no son sólo sus infracciones las que se buscan penalizar, sino también sus comportamientos, sus rutinas cotidianas, sus formas de socializar y sus apariencias, en definitiva, sus formas de ser y estar. En efecto, las demandas de bajar la edad de punibilidad se combinan con las demandas de mayor control sobre los jóvenes, en particular de sectores populares.
Por otro lado, se desconoce y/o se oculta cómo niñas, niños y adolescentes son víctimas de los distintos tipos de violencias tales como la estructural, cultural, física y sexual, sin contar con mecanismos de representación ni formas de protección especiales, que debieran funcionar en vistas del sistema de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, que rige en nuestro país desde el 2006 con la sanción de la ley 26.061. Especialmente en el caso de los varones jóvenes de sectores populares no sólo sufren dichas violencias, sino que también deben lidiar cotidianamente con la violencia estatal punitiva. En efecto, en las grandes ciudades del país no pueden circular libremente sin ser hostigados por las policías diariamente. Son los “diablos” de las “clases peligrosas”, siempre bajo sospecha. Este comportamiento policial es una de las caras de la campaña por mayores controles y castigos que algunos políticos, legisladores y comunicadores despliegan en honor a la “demanda de seguridad”. Sin embargo, estas demandas no están aisladas, son complejas y muchas veces yuxtaponen pedidos de mayor seguridad ciudadana, de “tranquilidad” (categoría amplia que abarca distintos tipos de violencias, como la violencia intrafamiliar o entre vecinos), y voces que claman por una mayor punitividad social.
En este estudio entonces nos proponemos analizar el tratamiento mediático que criminaliza a las juventudes populares y cómo se construye la demanda de mayores castigos hacia los jóvenes en conflicto con la ley a partir de distintas encuestas de victimización. Finalmente, se analizan las principales medidas de políticas estatales punitivas hacia las y los jóvenes en Argentina en el contexto neoliberal.

Desarrollo.
En el presente trabajo, buscamos analizar por un lado, la construcción de “consensos” y representaciones en torno a los jóvenes y las políticas públicas vinculadas a estos. En cuanto al primer punto, nos centramos en la descripción y análisis de los medios masivos de comunicación, entendidos en dos de sus facetas centrales: empresas en búsqueda de maximización de capital y en su capacidad de agencias control a través de la generación de sentidos en sus masivas audiencias. Fundamentalmente los programas periodísticos, que tienen la noticia como mercancía, siendo esta una construcción de realidad, en función de interés corporativos que requieren la mantención del orden social en los términos que faciliten esa búsqueda de maximización de ganancias para las corporaciones de las cuales forman parte.
En materia de adolescentes y jóvenes, la agenda de medios masivos actual en Argentina pivotea entre dos pilares, por un lado aparece la idea fuerza del mérito, sujetos que por iniciativa propia, se desmarcan de su suerte en términos de destino inexorable, y exploran alternativas de éxito a partir del “emprendedurismo”, el “esfuerzo”, “el sacrificio” Estos sujetos son dignos, por tanto, si requieren de ayuda son acreedores, ya que son solventes. Los adolescentes y jóvenes que permanecen en las zonas de exclusión y de desafiliación, los jóvenes de los barrios precarios, los jóvenes que dejan la escuela, los que “no estudian ni trabajan”, los que no encuentran canales de “salvación” aparecen asociados a las nociones de peligro, riesgo, amenaza constante. Se “hunden” o se “caen”. Estos aportan a los “segmentos” sociales “de riesgo” que el poder administra a través de las múltiples formas de gobierno que se aplican a los sectores populares: vigilancia, control territorial, operativos de saturación policial, y restricción de “ayudas”.
En cuanto a estas formas de gobierno, en este trabajo expositivo buscaremos comparar estos tratamientos mediáticos con las demandas, expectativas y representaciones que se encuentran al interior de las políticas públicas desplegadas hoy hacia los jóvenes. Nuestras investigaciones nos muestran que estas demandas en verdad se asocian a un reclamo social de mayor seguridad, que no necesariamente se condicen con un pedido de endurecimiento de penas. Es ejemplo de esto la contraposición entre resultados de encuestas sobre la opinión ciudadana respecto a la pena de muerte y las declaraciones públicas de voceros de gobierno al respecto. Mientras estos últimos sostienen que la mayoría de la población pide pena de muerte (y argumentan sus avances punitivos en materia de políticas públicas en ese constructo) las consultas realizadas sostienen lo contrario (Otamendi, 2014). De aquí que nos proponemos a analizar cómo se modula un reclamo social de “vivir seguros”, en una demanda que habilita despliegues represivos sobre poblaciones vulnerables.
En el mismo sentido, el análisis de operativos de despliegue policial focalizado territorialmente como el Plan Unidad Cinturón Sur, permite observar resultados más que interesantes. En el marco de estos despliegues, que se caracterizan por combinar en distintas proporciones, saturación de fuerzas policiales de carácter “militarizado” como Gendarmería y Prefectura, con una articulación precaria de estas fuerzas con actores judiciales, dispositivos de política social, y referentes barriales, se pueden observar demandas complejas que incluyen expectativas no solo de seguridad o de castigo o represión hacia los jóvenes, sino de “moralización”, de “dar el ejemplo”, de contagiar a los jóvenes con “buenos valores” perdidos, de “apagar incendios” (situaciones cotidianas de conflictividad interpersonal como violencia de género, intrafamiliar, entre vecinos, entre grupos de jóvenes, etc. ), en definitiva, de contribuir al gobierno (Foucault, 2010) en sentido amplio: la conducción de las conductas, en la crianza e “imposición de límites” a jóvenes a los cuales grupos de adultos de estos barrios se representan como “indomables”.