La firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP hoy desmovilizadas y articuladas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, no se ha constituido en un hecho de paz lo suficientemente fuerte como para parar las muertes violentas en Colombia, de hecho, en esta etapa llamada por algunas personas como el posconflicto y para otras como el posacuerdo se ha registrado el aumento sistemático de los asesinatos de líderes sociales, hombres y mujeres, defensores de derechos humanos, personas desmovilizadas de este ejército e incluso algunos de sus familiares. Paradójicamente, en medio del cese al fuego y de la incorporación a la vida civil de una de las guerrillas más viejas del mundo, que ha implicado la reducción de los homicidios y las muertes violentas en el marco del conflicto armado, el avance en el desminado del territorio colombiano y el vaciado de las unidades de urgencias del hospital militar; se han exacerbado los feminicidios y todas las formas de violencia contra las mujeres, al punto que se ha considerado declarar la alerta humanitaria en esta materia en todo el país. El movimiento de mujeres colombiano, las organizaciones no gubernamentales y los grupos feministas, se han articulado en un esfuerzo mancomunado por afrontar la situación en un ejemplo de denuncia y exigibilidad de derechos ante las instancias públicas del Estado y las autoridades locales nacionales y departamentales pertinentes. Las acciones han consistido en: Estrategias políticas que invocan el Derecho Internacional Humanitario y la carta de Derechos contemplada en la Constitución Nacional, la exigibilidad de cumplimiento de lo acordado abarca desde el respeto a la Constitución Nacional, el acatamiento a los principios Constitucionales consagrados en la Carta, hasta la sanción a las personas y organismos responsables de su incumplimiento, desacato, desatención y afectación a los derechos humanos, los derechos sociales y en su conjunto los principios de Estado Social de Derecho enunciado desde la Constituyente del 91, todavía vigente. Entre las acciones más conocidas en esta materia se reconoce por ejemplo la acción de tutela, mecanismo ciudadano individual para la exigencia del respeto y la salvaguarda de los derechos humanos básicos. Es reconocido en el país que el 85% de las tutelas están relacionadas con el derecho a la salud y dentro de ellas el 95% reclaman que se cumpla lo pactado, que operen las instancias públicas y que garanticen el normal funcionamiento de las dependencias a cargo de las garantías efectivas constitucionales, lo que se conoce como el goce efectivo de derechos. Estrategias jurídicas mediante sesiones especiales de control político como audiencias públicas, comisiones incidentales entre otras; estos espacios concebidos a escala municipal, departamental, regional procuran el empoderamiento ciudadano para el seguimiento y control de las acciones públicas o privadas que estén operando en el territorio en vía contraria a lo estipulado en la ley, las normas, los programas y los mecanismos de regulación entre dependencias y poderes. Un mecanismo conocido en este ámbito es el que se aplica por ejemplo para megaproyectos, como lo es la consulta previa, que establece la participación de las comunidades como constituyente primario quien debe pronunciarse sobre la conveniencia o no de la llegada de una multinacional, de la firma de un megaproyecto que afecte la tierra, la producción agrícola, la disposición de fuentes de agua, de residuos sólidos y con ello, el empleo, la calidad del aire, la salud y las garantías para la vida en los territorios. Importa aquí la sostenibilidad, la soberanía alimentaria, el abasto de energía limpia para la producción y ciclos de producción acorde con el terreno y las condiciones de las comunidades de beneficiarse colectivamente de él. En el ámbito urbano las audiencias públicas son exigidas por las comunidades y apoyadas por las bancadas de los partidos que representan intereses colectivos en las asambleas departamentales y los concejos municipales para el llamado de atención, la vigilancia, el seguimiento a las entidades del Estado que tienen obligaciones directas y concretas con la ciudadanía con relación a sus derechos, a las garantías otorgadas por pactos previos, a la ejecución de obras y presupuestos aprobados en los planes de gobierno y en las apuestas municipales de turno. Las comisiones incidentales resultan de la negociación de temas específicos entre autoridades competentes, representantes de los gobiernos locales, ciudadanía directamente interesada y particulares con inversión y participación en los temas de interés de la comunidad en general y del municipio en especial, pueden generar informes sobre asuntos de interés público, informar y tramitar los recursos de apelación que haya entre las partes con ocasión de la negación o la aprobación de un proyecto en específico y constituirse en parte interesada para los debates previos de acuerdo alrededor de los temas de interés. Estrategias comunicativas para la movilización social en el marco de la agenda feministas local, nacional y regional que visibilice la problemática, interactúe con los actores sociales claves y permita ejerce la presión necesaria para la toma de decisiones en el sentido deseado con una particularidad, mover la opinión pública a favor de las posturas del movimiento y de las causas de las mujeres. La presencia en medios de la agenda feminista se busca que sea permanente, ya sea para registrar los hechos, sus características, alcances, magnitud y efectos; que sea de interés para figuras públicas que ejercen presión y que tienen protagonismo en los medios para que apoyen con sus opiniones y declaraciones según sea el caso. Los eventos especializados sobre el tema, incluyendo movilizaciones, cumbres, congresos entre otras que permitan incidir en la opinión pública. El análisis de leyes, sentencias, fallos, políticas derivadas de la movilización y hechos del común que muestren la problemática real, su magnitud, dimensión y la importancia de intervenirla para prevenir consecuencias no deseables para la comunidad en general.
Estrategias académicas que mediante la investigación y la docencia acompañen los procesos requeridos para elevar este reclamo y movilización sobre la alerta humanitaria por la desatención a todas las formas de violencia contra las mujeres en el país y en el continente. Es necesario avocar a todas las formas necesarias para hacer pedagogía ciudadana sobre el tema, qué se quiere colocar en el ámbito público y qué se quiere comunicar a diferentes grupos sociales. El trabajo académico frecuentemente aislado, precisa de la articulación con actores mediáticos claves, comunicadoras y comunicadores que hagan de voz pública del conocimiento científico que llegue a la población en general, reduzca los niveles de desinformación, fomente la movilización de la opinión pública para posicionar el tema, que comunique elementos específicos según sea el caso y movilice contenidos a diferentes audiencias. Como experiencia de campo, se propone abordar la memoria de trabajo obtenida alrededor de la lucha por la atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, concretamente en la ciudad de Medellín, Antioquia. La atención y el seguimiento involucra dos experiencias pasadas y actuales conectadas entre sí: el proyecto, clínica de las mujeres de Medellín planteado como respuesta social organizada por el movimiento de mujeres, las organizaciones no gubernamentales, la academia y la sociedad civil y la declaratoria de Alerta Humanitaria para la atención de las violencias contra las mujeres, su detección, prevención y protección para garantizar la vida de las mujeres en una problemática que se asume y entiende como perfectamente evitable. La Clínica de las mujeres es un proyecto que se impulsó en Medellín por requerimiento del movimiento de mujeres de la ciudad en acuerdo ciudadano firmado públicamente con los candidatos a la alcaldía de la ciudad y con presupuesto garantizado para llevarlo a cabo aprobado por el Concejo municipal por un monto de 17 mil millones de pesos, sería una institución dedicada a proteger la salud y promover el bienestar de las mujeres de la ciudad de Medellín, a través de acciones específicas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, con criterios de excelencia, integralidad y equidad. Su oferta de servicios busca dar respuesta integral y con calidad, a las necesidades de cuidado de las mujeres, promover el conocimiento y el respeto por los derechos e integrar la perspectiva de género en todos sus programas. La Clínica fue pensada como un centro de atención integral en salud para el tratamiento de cáncer de mama y de cuello uterino, atención a todas las formas de violencia y educación para la salud y la vida para mujeres de todas las edades, tendría ocho pisos y toda la tecnología médica especializada. Actualmente, el edificio solo tiene dos pisos y dos sótanos de estacionamientos que presentan problemas en la construcción y en los cuales, hubo al parecer, un sobrecosto de 11 mil millones de pesos. En la actualidad, no se sabe qué servicios de salud se ofrecerán para esta población en las instalaciones construidas con esa millonaria inversión. En cuanto a la Alerta Humanitaria por la atención a las violencias contra las mujeres se parte de reconocer el desborde de las cifras arrojadas por las instituciones encargadas de su registro. El recorrido por las diferentes estrategias empleadas por las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en todas sus expresiones articuladas con la academia para la respuesta social organizada frente a el femi-genocidio de Estado que se presenta en Colombia; se reseña particularmente en estas dos experiencias en Medellín, capital del departamento de Antioquia como uno de esos ejemplos de articulación orgánica entre ciudadanía, militancia y academia para afrontar la grave situación en la materia.