La firma de los Acuerdos de Paz en Colombia (2016) y su implementación han dotado de nuevos instrumentos y normativas a los espacios que vivieron intensamente la confrontación armada, lo cual ha legalizado toda una serie de intervenciones que a modo de verticalidades se han ido imponiendo a las poblaciones. No obstante, la paradoja es que los Acuerdos señalan explícitamente que su implementación y, de hecho, la paz, tienen un enfoque territorial:
“El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad” p.6.
El enfoque territorial implica que en un proceso de transformación, en este caso de transición hacia el posconflicto como territorio de paz, garantice la participación efectiva de los actores de base territorial, y que éstos tengan la oportunidad de incidencia política; si no se cumple la garantía y oportunidad para los actores de base territorial no hay tal enfoque, es decir, que hay un equilibrio entre las acciones de la verticalidad espacial y las acciones de la horizontalidad.
Un análisis de coyuntura de la forma en que se vienen implementando los Acuerdos en las regiones afectadas por el conflicto armado como Urabá y en las localidades específicas en las que se concretan acciones como es el caso de la localidad de Dabeiba (región Urabá) , permite entender que para el gobierno colombiano el enfoque territorial es una pauta técnica para ejecutar las acciones en los territorios, es decir, su función ha sido darle viabilidad a la operacionalización de las acciones. En esta lógica, el enfoque territorial permite entender a los territorios como objetos que son intervenidos con comandos direccionados desde su centralidad pero con la colaboración pasiva de actores regionales; el enfoque territorial es un engranaje más de la institucionalidad política para ordenar al territorio. Los actores locales y regionales de Urabá han tenido muy poca capacidad de agencia para que el enfoque territorial para la paz se materialice en: i. formas políticas de relacionamiento con actores con rango de acción en escalas más amplias pero con menor conocimiento del territorio local y regional, y ii. Para tener incidencia en la toma de decisiones, de manera que el territorio no sea tratado como objeto sino como sujeto. Lo que se observa en esta coyuntura es justamente que no se han tenido en cuenta los actores ciudadanos.
Después de más de dos años de aprobados los Acuerdos, las acciones territoriales (territorialidades) del Estado en Urabá no son consistentes con el enfoque territorial y, al contrario, son intervenciones de desterritorialización. Sin embargo, los actores locales no son inertes antes estas intervenciones y han ido generando sus propias territorialidades del posconflicto. Justamente esta tensión entre territorialidades es el problema que se aborda en esta ponencia. Se focaliza en las territorialidades-estrategia con las que los actores locales construyen un posicionamiento desde su lugar y su región, las cuales son verdaderas metodologías para el enfoque territorial para la paz en Urabá construidas desde la experiencia de los actores territoriales, en particular porque emergen desde sus mismas prácticas y el reconocimiento de lo que han aprendido sobre el territorio, es decir, desde sus saberes territoriales. Se trata de comprender las metodologías del enfoque territorial desde abajo, desde la base social, entendidas como territorialidades.
Esta reflexión se plantea desde la comprensión de las formas particulares de ser político y hacer lo político en cada Urabá, lo cual requiere también entender la política en una perspectiva más estructural. Por esa razón, se analizan los territorios desde la forma en que el Estado garantiza o no el ejercicio de la participación política y también las posibilidades y limitaciones que tienen los actores en cuanto a la oportunidad para desplegar su agencia. Estas condiciones político territoriales de la garantía y la oportunidad en Urabá permiten entender en lo local la tensión entre la política, expresión institucional del orden y lo político, como la posibilidad de incidir en la configuración de ese orden. También es preciso entender las prácticas, no simplemente como el hacer individual y colectivo, sino que la práctica conlleva significaciones, por eso es clave tener tramas de significación más amplias y así abordar las prácticas como formas en que se relacionan los actores con el Estado y entre sí; implica abordar cómo son los liderazgos políticos y la gobernanza.
Desde una perspectiva teórica, el proyecto considera que la democracia actual se caracteriza por tener una naturaleza paradójica, tal como lo señala Chantal Mouffe (2000) dada la tendencia dominante de considerarla como una forma que la identifica casi exclusivamente con el establecimiento y la defensa de los derechos humanos, dejando de lado el elemento de soberanía popular, que es juzgado como obsoleto (Mouffe, 2003[2000]:21). La democracia, tal como la experimentamos gracias a las instituciones de la democracia liberal asumen que es posible erradicar de manera definitiva el conflicto constitutivo de las diadas igualdad-libertad, política-ética y la política-lo político, teniendo una adecuada manera de proceder que genere grandes consensos, es decir, la democracia actual se esfuerza más que nunca en fortalecer sus formas, más que en sus contenidos. Eso supone una paradoja, en tanto, bajo esas formas democráticas en muchos lugares se ha extendido el descontento popular, generando incluso en algunos casos consecuencias desestabilizadoras (O´Donnell, 2004:13). La paradoja estriba en que el conflicto no se puede erradicar de la política, más que de manera parcial, lo cual se denomina en este enfoque de conflictual de Mouffe y Ernesto Laclau, la hegemonía. En ese sentido, desde este enfoque, analizar la naturaleza política de una sociedad es analizar la forma en que se configura la hegemonía, que siempre, irremediablemente conlleva un antagonismo.
Desde el enfoque territorial, la amenaza consiste en que la implementación de los Acuerdos se planeé y ejecute como acciones territoriales de ordenamiento comandadas por actores externos a la región de Urabá cuyas prácticas desconocen a los actores locales y regionales, las dinámicas políticas y, en general, desconocen la configuración territorial. De facto, las acciones que vienen implementado el Acuerdo de Paz en Urabá vienen en esta lógica, que se entienden como acciones desterritorializadas y por tanto en contravía del enfoque territorial de la paz.