El último conflicto de occidente entre guerrillas y Estado heredado del siglo XX llegaba a su fin. Sucede en Colombia producto de un proceso de negociación de paz desarrollado en La Habana, Cuba, por más de cuatro años (Moncayo, 2015). En el límite de ese cuarto año, el 24 de agosto de 2016, se anuncia por parte del gobierno colombiano la culminación de la fase de diálogos del proceso de paz (iniciado en 2012 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP), en otras palabras, la terminación bilateral definitiva de la confrontación armada iniciada hace más de 50 años. La incertidumbre llegaría fraguada por el rechazo ciudadano del acuerdo final (en medio de la mayor de las polarizaciones políticas), puesto a consideración popular a través de un plebiscito (Si apoya el proceso o, No lo apoya). No obstante, y realizados algunos cambios producto de esta derrota, llegaría una tardía firma definitiva en noviembre de 2016 en Bogotá.

Un ambiente tensionado por discusiones y en particular, discursos fuertemente contrapuestos que se mueven entre el elogio y el vituperio (Olave, 2016), son el contexto de un nuevo reto para la materialización del proceso de paz: la fase de cese y dejación de armas, detallado en el punto 3 del documento final del Acuerdo (OACP, 2016a). A finales de enero de 2017, inicia esta fase con el desplazamiento masivo de casi 7000 guerrilleros y guerrilleras hacia puntos de concentración en territorios definidos en la negociación, denominados Zonas Veredales Transitorias de Normalización, siendo su objetivo “garantizar el cese al fuego y la dejación de todas las armas…” (OACP, 2016b). El destino de llegada son en total 19 zonas distribuidas en todo el territorio colombiano, apoyado este proceso por 100.000 personas en los múltiples aspectos logísticos. Ante este gigantesco cometido de carácter histórico, la incredulidad de la cultura política persiste, ignorando, vituperando o invisibilizando una empresa de paz jamás antes vista. Este cuestionamiento lo introduce con precisión el periodista colombiano Antonio Caballero, en su columna en la revista cultural Arcadia, quien nomina este éxodo como épico y lo recupera comparable al narrado en Anábasis por el historiador griego Jenofonte. Cuestiona Caballero: “A las redes sociales, tan atentas a lo insignificante, la desmovilización en masa de una guerrilla con medio siglo de historia les ha importado un bledo. Y la prensa, la televisión y la radio, cuya función es informar, tampoco han mostrado mucho interés. Cincuenta años de violencia que han dejado doscientos mil muertos y siete millones de desplazados llegan a su fin. ¿Y nadie lo nota?”

El papel de los opositores en la implementación de un proceso de construcción de paz es un factor determinante en el curso e impacto del proceso (Barrera, 2015a). De este modo, este proceso de paz con la guerrilla activa más antigua del continente americano, se presenta como el resultado de prolongados y malogrados intentos que por 35 años emprendió el Estado colombiano (Pizarro, 2017). Ahora, Colombia experimenta las diversas posibilidades y retos de, no solo evitar nuevos estallidos de violencia producto de una incorrecta implementación del acuerdo, sino del desarrollo de nuevos discursos y prácticas de perdón, reconciliación y memoria histórica, no solo a propósito del conflicto armado aún en disputa, sino como respuesta local a las violencias vividas en los poblados y ciudades. Esto equivale a preguntarse por el estado de las decisiones públicas o los procesos de política asociados a la difusión, discusión y protección de los derechos humanos en el país, aún más cuando cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo (2018), constatan que del 1° de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 han sido asesinados
282 líderes sociales en Colombia.

Ante este alarmante escenario, ¿qué discursos recuperar o resituar para confrontar los nuevos estallidos de violencia? ¿cómo se están estructurando las políticas públicas de derechos humanos en Colombia para implementar el acuerdo de paz? ¿qué prácticas discursivas recuperan las posibilidades de una apertura a una reconciliación amplia y duradera? Estas preguntas se responderán en el marco de un problema de política pública imprescindible para la estabilidad de los acuerdos de paz, pero, sobre todo, se abordará como un campo preciso en donde las lecturas críticas de la antropología de los derechos humanos aportarían a la construcción de nuevos caminos teóricos, decisionales o metodológicos.

Esta corriente teórica pone en discusión el concepto de derechos humanos opuesto al “imperialismo jurídico” decretado por occidente a través de un “catalogo universal”. Los derechos humanos como expresión cultural se niegan como lista cerrada imperativa de orden general, asumiéndolos, en su lugar, como parte de un constante cambio histórico de lo local a lo global (glocal) (Eberhard, 2010). N. Bobbio (1982) alimenta el debate sintetizándolo de esta forma: “La lista de los derechos del hombre se ha modificado y sigue haciéndolo con el cambio de las condiciones históricas, es decir, de las necesidades, los intereses, las clases en el poder, los medios disponibles para su realización…” (p.120). Es por ello que los discursos de comunidades, campesinos, mujeres o excombatientes, reivindicaría formas de construir un proceso de reconciliación más estable y definiría nuevos enfoques para su consolidación.