En los distintos movimientos de pueblos indígenas que atraviesan el continente americano, se encuentra abierto el debate sobre la conveniencia, para sus objetivos reivindicativos autonómicos, de recibir o rechazar aportes del Estado en áreas como educación, salud y desarrollo productivo, fundamentales para mejorar las condiciones materiales y de reproducción social de comunidades tan rezagadas y vulnerables como las indígenas. Las razones para desconfiar son históricas e igualmente vigentes: la cooptación de ciertos sujetos movilizados continúa siendo una práctica recurrente y efectiva para desmembrar resistencias, al mismo tiempo que se logra el control de los procesos colectivos condicionando la entrega y mantención de la ayuda a la adecuación de sus prácticas a formatos burocráticos e institucionales. Por lo anterior, los neozapatistas del estado mexicano de Chiapas han decidido construir, no exentos de grandes dificultades, una propuesta autónoma original de organización social y política, con recursos propios y con el apoyo de la sociedad civil tanto mexicana como extranjera. Por su parte, en el sur de Chile, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), creada a fines del año 1997 para apoyar un nuevo ciclo de movilizaciones mapuche, asegura que el contar con el apoyo económico del Estado para construir un proyecto autonómico, traspasa pasivamente al Estado la responsabilidad de resolver los problemas propios.
En esta ponencia, abordaremos otra perspectiva de lo que se nos presenta como una contradicción entre autonomía y apoyo estatal, a partir del caso de la emblemática comunidad de Temulemu, activa participante del nuevo ciclo de movilizaciones mapuche. En 1999, esta comunidad logró recuperar un predio de 58,4 hectáreas correspondientes al Título de Merced N°15, entregado por el Estado de Chile, en 1884, en el marco del proceso de radicación de los sobrevivientes del pueblo mapuche a la campaña militar invasora, denominada “Pacificación de la Araucanía”. Más tarde, a fines de 2011, recuperó un fundo de 2.554 hectáreas reclamado como parte de las tierras ancestrales, no contenidas en ningún título de propiedad entregado por el Estado, hecho que marca un precedente al trascender la legislación indígena vigente en Chile. Sin embargo, la restitución de la propiedad de estas tierras fue el resultado de casi dos décadas de constante lucha durante las cuales los miembros de la comunidad debieron pagar un alto costo. Desde las primeras “ocupaciones productivas”, en 1998, sistemáticamente fueron víctimas de acciones de amedrentamiento, maltrato físico y psicológico -incluyendo a ancianos y a niños–, allanamientos, destrucción de viviendas y cosechas por parte de guardias forestales y, luego, de la policía estatal. Además, a partir de 2002, Aniceto Norín -lonko de la comunidad de Didaico-, Pascual Pichún –lonko de Temulemu- y dos de sus hijos recibieron condenas de 5 años y un día que, por ser procesados bajo la Ley Antiterrorista, no consideraban beneficios carcelarios. Las dramáticas consecuencias que lo anterior trajo para toda la comunidad son las que fundamentan su actual postura frente al apoyo estatal, asumiéndolo como parte de su deber de reparación por los perjuicios cometidos.
En esta línea va el fallo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio del 2014, frente a la demanda de los lonkos encarcelados en el caso denominado “Norín Catriman y otros vs Chile”. La sentencia ha obligado al Estado chileno a implementar una serie de medidas reparatorias en relación a las víctimas, exigiendo dejar sin efecto sus sentencias penales condenatorias, brindar tratamiento médico y psicológico a quien lo solicite, otorgar becas de estudio a sus hijos y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, entre otras. Como parte de estas obligaciones, actualmente Temulemu se encuentra implementando, desde 2015, el Programa de Reparación Indígena (PRI) “Lonkos”, partiendo desde la implementación de una propuesta de salud intercultural. Sin embargo, este es considerado por la comunidad como sólo el punto de partida para ampliarse a todos los ámbitos de la territorialidad del lof, unidad básica de la territorialidad ancestral mapuche. A partir de este programa de salud, se pretende ampliar su cobertura al resto de las áreas relevantes para el desarrollo de la comunidad, interconectadas dentro un todo integral y equilibrado, en consonancia con la visión mapuche de la salud y de la vida. De esta manera, el apoyo estatal para la reparación de las víctimas de Temulemu es considerado como una oportunidad para avanzar en la implementación de un proyecto autónomico de desarrollo propio desde el cual ejercer su derecho de autodeterminación.
Tomando en cuenta lo anterior, esta ponencia es una invitación a reflexionar sobre el significado, los alcances y los desafíos de construir autonomía desde las relaciones comunitarias cotidianas, considerando los múltiples y complejos tejidos sociales en los que estas relaciones sociales propuestas y experimentadas se articulan. Analizaremos el rol ambivalente del Estado como actor dentro de estos procesos sociales, entendiendo su responsabilidad histórica en la expropiación y explotación de los mismos pueblos que hoy reclaman su autonomía en relación a la soberanía nacional impuesta. Además, a partir de la experiencia actual de restitución del lof de Temulemu, con la participación de fondos estatales ordenados por un fallo internacional, pretendemos analizar la incidencia de las instancias e instrumentos jurídicos internacionales como herramientas efectivas en la exigencia y ejercicio de los derechos humanos de tercera generación, correspondientes a los derechos colectivos de autodeterminación de los pueblos originarios.