En varios países de América Latina, hacia comienzos del siglo XXI, se asistió a un proceso de recuperación de la centralidad de los Estados Nacionales como actores político-económicos, a partir del impulso de un conjunto de políticas públicas orientadas- entre otras- hacia el crecimiento económico, la recuperación de la administración de los recursos nacionales, el fortalecimiento del mercado interno, la inclusión social y el proceso de desendeudamiento y fortalecidas, además, por el restablecimiento de los acuerdos estratégicos entre los países de la región a través de la UNASUR y la CELAC.
Dichas tendencias pusieron de manifiesto la entrada en crisis del paradigma neoliberal, revalorizando la problemática estatal en el debate público y en las agendas de los nuevos gobiernos latinoamericanos, atravesados por un discurso político de corte netamente crítico respecto a las premisas del “pensamiento único” y –especialmente- a las consecuencias de su aplicación. Este nuevo posicionamiento le otorgó al Estado un papel clave en el diseño de una estrategia nacional de desarrollo y no limitado – como antaño- a garantizar la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, en sintonía con las particularidades del modelo económico “neo- desarrollista”, según lo sugiere Bresser Pereira (2007), mientras que Sader (2009), en la misma línea, caracteriza la función del Estado en el pos-neoliberalismo como promotor del crecimiento económico y la distribución del ingreso, en lugar del Estado mínimo y la centralidad del mercado.
El caso argentino no ha quedado al margen de estas tendencias, razón por la cual la ponencia se centrará en el análisis de los cambios operados en el Estado nacional y en el modelo económico, tras la crisis desencadenada en el año 2001 y la apertura de una nueva etapa política reflejada en la ampliación de los márgenes de autonomía para la toma de decisiones, tanto respecto de los grupos de poder económico como en los escenarios internacionales. Bajo este marco, se abordarán las variaciones en las funciones, roles y estructuras del aparato estatal argentino, a partir de la puesta en marcha de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández (2003/2015), con especial énfasis en el impacto provocado a nivel del empleo público. Asimismo, se plantea un estudio de las principales variables del modelo de “crecimiento compartido”, cuyo perfil de desarrollo – a diferencia de la década de los 90- tuvo una fuerte impronta estatal orientada a reconstruir las capacidades competitivas en materia de inversión, innovación, educación e infraestructura, priorizando, a la vez, la vía del desendeudamiento y del superávit fiscal.
A partir del análisis de los datos relevados, se aspira a demostrar que, en el caso argentino, el quiebre económico provocado tras el fin de la convertibilidad y la emergencia de un nuevo proyecto político que redefinió la orientación del curso económico, combinando políticas de desarrollo económico con inclusión social, es consecuente con el proceso de recuperación de la centralidad del Estado Nacional como actor político-económico, a la vez que revierte la tendencia de ajuste en el empleo público. Tal crecimiento, comprometido con la ampliación de los trabajadores en el ámbito universitario, científico, técnico, como así también en las empresas públicas y los organismos de contralor, acompaña las políticas públicas dominantes del ciclo Kirchnerista, cuya implementación puso de manifiesto una nueva articulación de fuerzas en la esfera pública, dando lugar a un proceso inconcluso de descolonización del Estado, a través de la expropiación de recursos materiales y simbólicos a los factores tradicionales de poder. A su vez, la construcción de un modelo económico de corte neo-desarrollista, al margen del ajuste fiscal, el endeudamiento externo y los dictámenes de los organismos financieros internacionales entró en colisión con aquellos sectores económicos anclados históricamente tanto en la opción devaluatoria como en la opción especulativa, quienes impulsaron un discurso deslegitimador del Estado, que relacionaba la ampliación de su intervención en materia económica y social con el fenómeno de la corrupción, el desembarco de militancia política del partido gobernante y la ineficiencia burocrática.