Tras décadas de lucha feminista, existe hoy cierto consenso de que los gobiernos deben implementar políticas públicas para reducir las desigualdades de género. Sin embargo, ese consenso no necesariamente se refleja en la práctica ya que las políticas de socialización del cuidado (siendo este uno de los principales factores explicativos de las desigualdades económicas de género) son vistas como costosas o deficitarias. De allí surge la pregunta: ¿Como podría sostenerse económicamente una verdadera “economía feminista”? Es decir, una economía donde se apliquen una batería de políticas con perspectiva de género y en donde el cuidado esté socializado y remunerado. Este trabajo se propone reflexionar en torno a tal pregunta, exponiendo los avances y las discusiones en el campo teórico de la economía feminista, así como algunas aproximaciones puntuales a la situación en el caso argentino.

Durante el primer decenio del siglo XXI se han consolidado dos elementos que ponen en jaque a los esquemas de financiamiento de política social tal cual los conocemos. El primero es la expansión de modelos productivos con alto contenido de flexibilidad y precariedad laboral, aún en contextos de crecimiento económico. De allí que la existencia de puestos de trabajo formales y estables en el largo plazo esté pasando a ser la excepción más que la regla (OIT, 2015). Esto desafía la base de la política social estrictamente basada en contribuciones de empleadores y empleados y ordenada a través de la inserción laboral y profundiza las falencias que este tipo de sistemas ya presentaban tanto en su capacidad de recaudar como en su capacidad de cubrir al total de la población.

El segundo elemento que pone en jaque al sistema de política social es la creciente concientización, proveniente de la academia y del activismo feminista, acerca de la débil presencia del Estado en la organización social del cuidado, es decir, en la forma en que,“interrelacionadamente, las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen el cuidado” (Rodriguez Enriquez & Marzonetto, 2016 p. 105), y las consecuencias que ello tiene en términos de equidad de género. La economía feminista plantea que tanto la teoría económica como los Estados de Bienestar característicos del siglo XX excluyeron a las tareas de cuidado de su ámbito de estudio y de intervención (Lewis, 1997) y las asumieron como una responsabilidad natural femenina (Agarwal, 1997), negándose así a reconocerlas como un trabajo, como una necesidad y por lo tanto como parte fundamental de la política social (Razavi, 2007). Por el contrario, la política social se basó en el modelo del hombre proveedor del hogar (Elson & Cagatay, 2000; Lewis & Giullari, 2005), entendiendo que al otorgar beneficios al hombre trabajador formal que es jefe de hogar, la seguridad social también alcanzaría al resto de la familia. Hoy el modelo del hombre proveedor ya no es posible ni deseable. En su lugar, la economía feminista está planteando un enfoque de política social “transformadora” que reconozca y redistribuya el cuidado, que ordene las políticas macroeconómicas de acuerdo a los objetivos sociales (Elson & Cagatay, 2000) que busque el bienestar y la justicia distributiva a través de políticas transformadoras y no simplemente paliativas (Esquivel, 2014).

Parece entonces que existe una clara presión a ampliar la cobertura de políticas sociales no contributivas, ya que tanto los trabajadores informales como la economía del cuidado no tributan (directamente) o al menos no en la forma simplista que hoy ello es entendido. En la práctica, este fenómeno puede verse en las reformas que acontecieron en la política social sudamericana de la última década, donde el sistema contributivo se vio forzado a ceder frente al incremento de las desigualdades sociales: desde la extensión a rentas por la vejez universales (Ecuador, Bolivia) o semi universales (Argentina) no contributivas, hasta los programas de transferencia de ingresos condicionada (De Britto, 2008). La política social, históricamente construida en relación con el mercado de trabajo, se vio obligada a desmembrase para trabajar sobre el universo informal, desocupado e inactivo y, al mismo tiempo, indirecta e inintencionadamente, sobre una parte del universo del cuidado (Antonopoulos, 2013; Molyneux, Jones, & Samuels, 2016).

En Argentina, la extensión de los beneficios no contributivos estuvo íntima y confusamente ligada al mundo del cuidado, aunque nunca se presentó a esta temática como el objetivo principal de dichas políticas (Pautassi, Arcidiácono, &Straschnoy, 2014; Tabbush, 2009). Ejemplos de ellos son la moratoria previsional, en la práctica (y por su uso) llamada “jubilación de amas de casa”, o la extensión de las asignaciones por hijo a trabajadores informales y desocupados, recibida por una mayoría de mujeres “inactivas” en las estadísticas, pero activas en las tareas de cuidado del hogar. Sin embargo, estas modificaciones, así nuevas iniciativas que hoy se debaten a nivel legislativo para distribuir la carga de cuidado, son cuestionadas y/o limitadas por la ortodoxia fiscal, que plantea las limitaciones que tendría el Estado para mantenerlas en el tiempo, toda vez que hacen aparecer a los indicadores tradicionales de solvencia como deficitarios.

Mientras que predomina una idea de que países en desarrollo no pueden aspirar a grandes reformas en esta esfera (Barrientos, 2015) surgen incipientes estudios como el realizado por Ortiz et a. para la OIT donde, contabilizando fuentes no tradicionales de financiamiento, se demuestra como esas economías si tienen espacio fiscal para tales reformas (Ortiz, Cummins, & Karunanethy, 2015). Además, las políticas que financian el cuidado trabajan sobre costos y beneficios sociales que tampoco suelen ser considerados. ¿Cómo se puede avanzar hacia otro esquema que sí los incluya? ¿Cómo lo han hecho otros países? ¿Puede la Argentina hacerlo? Estas son algunas de las preguntas que se contestaran en el trabajo y en la ponencia para imaginar juntxs una verdadera economía feminista.