Durante los años 90 del siglo pasado se produjeron un conjunto de acontecimientos que dejó una grieta profunda en lo que respecta al cumplimiento de derechos. Las políticas de ajuste estructural, acompañadas de recetas modernizadoras y privatizadoras, configuraron un escenario adverso para las grandes mayorías de nuestro continente. Los sectores sociales -salud, seguridad social y educación- fueron prácticamente olvidados por los gobiernos de turno. La población recurrió a los servicios privados que ocuparon el espacio dejado por el Estado como una alterativa para satisfacer sus necesidades más elementales.
En el caso ecuatoriano, los efectos de las políticas neoliberales implementadas tuvieron resonancia hasta el año 2007, año en el que se pone fin a un período de constante inestabilidad política que se tradujo en 3 derrocamientos presidenciales, 7 presidentes en un período de 10 años. Esta singularidad política fue el resultado de constantes “omisiones” que tuvieron los gobernantes de aquella década y que prácticamente privatizaron al país y todos los servicios.
En el caso del sistema educativo, asunto que expondré y analizaré, el ejemplo de omisión por parte de los gobiernos se evidenció en la ausencia de entrega de recursos para el sistema de educación pública. La nula participación del Estado en el campo educativo catapultó el surgimiento de centros educativos privados; desencadenando una serie de complicaciones y restricciones para la población que no podía asumir los rubros impuestos por el sistema privado de educación.
Entonces, un primer elemento que emerge de la implementación de políticas sociales con signo neoliberal, es la incapacidad de recibir y atender a la población que se encuentra en edad de cursar estudios básicos, medios y superiores, es decir, la cobertura educativa del Ecuador durante los años 80, 90 y primeros 7 años del nuevo siglo fue baja y sobre todo en sectores que históricamente han sido olvidados, me refiero a los sectores poblacionales indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidades.
La historia sigue y desde la puesta en marcha de la actual Constitución de la República del Ecuador (2008), los procesos de cambios y transformaciones se efectivizaron en varios sectores de la sociedad ecuatoriana, siendo la educación un sector privilegiado que contó con una fuerte inversión que se tradujo en infraestructura y actualización docente.
La educación históricamente ha sido un campo de disputas y contradicciones, sin embargo, en los últimos 10 años, las ideas de reconfiguración y acotamiento de las brechas en el acceso y calidad educativa en la población fueron prioridad para el gobierno de aquel momento; por supuesto, no todo salió como lo pensaron y es preciso mencionarlo.
Los datos disponibles y de libre acceso demuestran que en la última década (2008-2018) se construyeron más de 100 unidades educativas que reemplazaron a centros precarios que existían en todo el territorio, especialmente en el sector rural. Además, se fortalecieron y repotenciaron múltiples centros escolares, sobre todo en las zonas urbanas, sin embargo la tarea aún persiste y esperaríamos que continúe en el nuevo proceso político porque queda claro que en 10 años era imposible recomponer un sistema que había sido fulminado por omisiones en gestiones anteriores.
Con todo este marco histórico de fondo, la ponencia pretende realizar un breve recorrido que evidencia los cambios operados en el sistema educativo, partiendo de la premisa que la educación ya es de todos, y por tanto, la inclusión es efectiva, lo que supone que la población ecuatoriana y los actuales migrantes, puedan acceder al sistema sin las trabas que siempre estuvieron presentes.
En ese sentido, pretendo realizar un balance crítico de lo conseguido y las asignaturas pendientes en el sistema educativo ecuatoriano. Este balance comparativo tiene su origen en dos vertientes: A) Las políticas educativas implementadas antes de la puesta en vigencia de la Carta Magna del 2008 y las políticas que reconfiguraron el sector educativo durante la última década y B) Los datos empíricos registrados a través de testimonios de docentes que han permanecido en el magisterio al menos dos décadas.