En los últimos años se hizo evidente asistir a una época de continuidades, contradicciones,
repliegues y/o retrocesos de los procesos de transformación política que se manifestaron la década
pasada en diversos contextos de América del Sur, en donde casi la mayoría de los países de la
región presentan procesos caracterizados por la generalización y consolidación de modelos
económicos de base extractivistas. Así, el actual contexto de América del Sur continuaría
expresando una expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como
“improductivos”: la frontera energética, petrolera, minera, forestal, agroindustrial, biogenética,
entre las predominantes. Dicha expansión, dentro de las nuevas espacialidades y reconfiguraciones
del capitalismo en la región, ha generado transformaciones sociales y territoriales de gran magnitud,
en la medida en que se reorienta completamente la economía de grandes espacios territoriales en la
región y de pueblos enteros, así como de sus territorialidades, cultura y formas de vida,
precisamente a partir de políticas y actividades extractivas y procesos de despojo territorial y socio-
cultural, con fuertes efectos sobre poblaciones locales de base rural y/o de matriz comunitaria que
se encuentran ancestralmente arraigadas al territorio, amenazando en el corto y mediano plazo la
sustentabilidad ecológica de esos territorios y de sus socio-ecosistemas y sus condiciones de
reproducción. Así, a partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica de acumulación del
capital, bajo formas de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004), asistimos a una nueva
inflexión de una dimensión social auto-organizativa, a través de la cual el territorio aparece en el
centro de disputas, reivindicaciones, demandas y acciones colectivas de sujetos comunitarios. De
ese modo, se generan en esos territorios y espacios locales una ola de resistencias sociales,
identificados como conflictos socio-ambientales (Alier, 2004) y re-activando a la vez movimientos
socioterritoriales, que surgen en las últimas décadas en la región a partir de los que algunos autores
denominaron el ‘giro eco-territorial’ de los movimientos sociales en América Latina (Svampa,
2011). En ésta dimensión territorial re-emergen gran parte de los movimientos sociales en la región,
a partir de la tensión que se produce entre la concepción del territorio como espacio de reproducción
social en donde se desarrollan una diversidad de prácticas sociales, económicas y culturales, de
frente a dinámicas y políticas extractivistas. Así, al ser atacados sus espacios históricos, ancestrales
y comunitarios, muchos pueblos y comunidades indígenas, en tanto movimientos territorializados,
reaccionan como forma de defensa y resistencia, generando un fenómeno de reconstrucción
socioterritorial y de activación de “tensión de territorialidades” (Porto-Gonçalves, 2010).
Específicamente en Bolivia, los diversos conflictos socioterritoriales tendrían una connotación
particularmente paradójica, donde pese al reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, en
la actualidad se manifiestan señales de re-centralización y restauración monológica del Estado-
nación y de expansión e intensificación neoextractivista. Este contexto a su vez estaría marcado,
entre otros aspectos polémicos, por la re-activación de movimientos socio-territoriales, en particular
de carácter indígena, frente a dinámicas y actividades extractivas y de explotación de “recursos
naturales” por parte del actual gobierno sobre áreas protegidas y/o territorios indígenas,
específicamente en las tierras bajas de Bolivia donde se estarían produciendo una serie conflictos
socio-ambientales y territoriales, intensificados a partir las recientes políticas gubernamentales
dirigidas a profundizar y expandir la explotación/exportación de “recursos naturales”,

particularmente de hidrocarburos, sin el consentimiento previo de las comunidades indígenas, las
mismas que reproducen su territorialidad y sus formas de vida comunitaria en sus territorios
ancestrales, generando así la reactivación de la acción colectiva y de núcleos comunitarios de
resistencia y defensa territorial, los mismos que reivindican, entre otros aspectos, el respeto del
derecho de Consulta Previa establecido en convenios internacionales sobre derechos colectivos de
pueblos indígenas. Precisamente en Bolivia, algunos conflictos socioterritoriales en los últimos años
harían evidente fuertes tensiones y disputas entre el Estado y movimientos indígenas,
particularmente en las llamadas tierras bajas del país, donde en las últimas décadas se logrará la
declaración de varias ‘áreas protegidas’ y/o el reconocimiento de tierras indígenas con carácter de
propiedad colectiva. Entre los recientes conflictos en esta parte del territorio boliviano, se están
produciendo acciones colectivas de resistencias por parte de varios pueblos indígenas frente a los
efectos e impactos de políticas extractivas en sus comunidades y en los ecosistemas de sus
territorios, lo que estaría evidenciando a su vez tensiones y disputas en torno al alcance de las
autonomías indígenas y a los derechos colectivos establecidos en el actual texto constitucional
boliviano. Asimismo, estas disputas confrontarían a una visión gubernamental de “desarrollo” con
las visiones de actores sociales indígenas de esos territorios, los que reivindican el derecho
colectivo a la autodeterminación y la consulta sobre actividades que afecten a sus comunidades,
territorialidades y formas de vida. Esta situación de conflictos en territorios indígenas en las tierras
bajas de Bolivia estaría acentuada con la decisión del gobierno boliviano de permitir y promover la
exploración/explotación de recursos energéticos (en particular hidrocarburos) en “áreas protegidas”.
Algunos de estos conflictos y movimientos se encuentran actualmente vigentes, en situación de
resistencia y en dinámicas de lucha, los mismos que estarían expresando acciones de defensa,
movilización y disputas socio-territorial frente a políticas extractivistas del gobierno del MAS.
Entre los más recientes y expresivos de dichos movimientos se destaca el conflicto en torno a la
defensa indígena del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Secure) en parte de la
región amazónica del país, que tuvo como su máximo momento de emergencia y visibilización en
dos marchas indígenas (2011 y 2012) en defensa de este territorio frente a planes gubernamentales
de imposición inconsulta de una carretera como parte de proyectos geopolíticos de infraestructura
destinada a la extracción (principalmente de hidrocarburos).
Así, los horizontes de un “proceso de cambio” político-estatal que se abrió la década pasada en
Bolivia, fueron resultado de movimientos societales, en particular de movimientos territorializados
de matriz comunitaria-indígena, siendo referentes y generadores de procesos constituyentes e
instalando imaginarios de descolonización, de construcción de ‘Estados Plurinacionales’ y de
alternativas al “desarrollo”. Esos imaginarios hace algunos años se encuentran en una profunda
crisis y fractura actualmente en Bolivia, donde se evidencian contradicciones, rupturas y retrocesos
en torno a los sentidos del ‘Estado Plurinacional’ a partir de la orientación del gobierno del MAS,
del horizonte extractivista de las políticas gubernamentales y de una tendencia monológica y
autoritaria del manejo estatal, que entra en fuerte tensión con pueblos indígenas y movimientos
societales de base comunitaria, con sus reivindicaciones y con sus territorialidades, los mismos que
vuelven nuevamente a impugnar la dirección del Estado. Estas tendencias, son las que se propone
abordar y problematizar, apuntando a dar cuenta de las actuales modalidades de neo-colonización
así como formas de defensa de los territorios y de la disputa de territorialidades en curso.