El proceso de actualización curricular responde en la mayoría de los casos, a los cambios curriculares que no afectan los objetivos y las propuestas de perfil de una apuesta de formación y, suelen llevarse a cabo en un marco de tensión entre los tiempos de planeación curricular que se precisa para el debate y los representantes del campo profesoral que toman las decisiones curriculares (Cfr.: Icarte y Labarete, 2016) en el campo universitario.
Las expresiones que se tienen de currículo universitario son amplias, variadas y en ocasiones contradictorias porque son concepciones parciales de un todo abarcado por la complejidad del currículum en sí y su función (Cfr.: Gimeno, 1996). A la hora de delimitarlo conceptualmente para la educación universitaria, surge un problema en cuanto a su pluralidad, complejidad y dificultad para identificar, seleccionar y valorar sus diversas realidades, funciones y papeles vitales generales (De la Orden, 2011; Escudero, 1999).
Por ello, pensar en una actualización del currículo en el campo de la educación universitaria, requiere considerar una metodología de trabajo crítica que tenga en cuenta el problema de pensarlo en cuanto a la definición de su concepción, el aporte de las asignaturas al desarrollo de los elementos básicos y sustanciales del perfil del egresado; el lugar de la práctica profesional en esas definiciones y las apuestas evaluativas que se requieren.
La complejidad del currículo universitario, vista desde la metodología crítica propuesta, se reconoce en los objetos curriculares analizados, los participantes expertos que fungen como diseñadores curriculares y los actores curriculares involucrados. Los procesos que confluyen en la elaboración deductiva del perfil dejan ver en los diferentes programas estudiados las maneras de pensar y desarrollar el trabajo de actualización curricular, más cuando de manera colectiva no se cuenta con un lineamiento actualizado y/o una norma prescripta que facilite su comprensión y apropiación.
En el orden institucional, el currículo universitario goza de diferentes formas de comprensión y elaboración; en ese sentido, el proceso de actualización se realizó en diferentes etapas y momentos curriculares. El primero responde a las herramientas y acciones particulares desarrolladas al interior de cada proyecto curricular; el segundo, al proceso de definición de elementos conceptuales y de gestión curricular involucradas en procesos administrativos y operacionales (lo que se denominó campo comprensivo de la práctica) y el último, una apuesta de trabajo evaluativa crítica para las mismas.
La metodología creada, se instala como una forma de innovación que posibilitó un encuadre institucional configurado en diferentes procesos investigativos (historias de vida, definición y evaluación del perfil actualizado, encuadre crítico, entre otros). Lo particular de la experiencia es el lugar que configuró el trabajo de práctica pedagógica en nombre de una resistencia creativa al proceso normativo instalado por la política pública del momento. La mirada experta de los profesionales que participaron permitió reconocer el lugar y el manejo de poder curricular de quienes toman las decisiones curriculares.
Para cometer esta experiencia se contó con la participación de colectivos académicos de una Universidad Pública de la ciudad de Bogotá, Colombia y responde a requerimientos de corte ministerial pero, ante todo, a la apuesta misional de quienes les interesa el currículo universitario en tiempos de la Era de la Información y evaluación universitaria ya que la base normativa del sistema de educación superior colombiano se instala a nivel constitucional aunque los parámetros curriculares se traslapan en las agendas de la política de autoevaluación y el proceso de acreditación.

Desde el punto de vista macro curricular la normativa referencial inicia con el Decreto 837 de 1994, el cual estableció los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y de especialización; el Decreto 2790 de 1994, dictó normas para la inspección y vigilancia de los programas académicos de pregrado de educación superior; el Decreto 1225 de 1996, reglamentó la publicidad y el registro de programas académicos de educación superior; el Decreto 807 de 2000, modificó el artículo 8° del Decreto 1225 de 1996 en cuanto al ofrecimiento de hasta cuatro programas académicos de pregrado en un mismo municipio o distrito, por convenio o contrato.

La proliferación de regulaciones amparadas en el desarrollo de la Ley 30 de 1992, dejó ver la aparente seguridad legislativa y la congestión normativa en el sistema de educación superior colombiano; caso de los Decretos 272 de 1998; Decretos 792, 917 y 2802 de 2001; Decretos 808, 936, 937, 938, 939, 940, 1527 y 1576 de 2002, Decretos 2566 de 2003 y el Decreto 1295 de 2010, sometiendo a las instituciones a “la presión del estar al día, en contraste con los magros y contradictorios resultados de su accionar curricular cotidiano” (Furlán, 2009).

En los dos últimos años, se han promulgado la Resolución 02041 de 03 de febrero del 2016, sobre el establecimiento de características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación de registro calificado y, finalmente, la Resolución 18583 del 15 de septiembre del 2017 donde se ajustan las características específicas de calidad de programas de licenciatura y se deroga la Resolución 2041 de 2016.

Desde el punto de vista meso curricular, se tuvo en cuenta las normas internas dadas entre el 2006 y 2017, los actuales grupos de trabajo en torno al currículo y las decisiones tomadas a favor o, en contra de las iniciativas de los grupos responsables de las modificaciones curriculares.

En el análisis crítico también se analiza la manera cómo es desatendiendo el sentido institucional del currículo universitario y sus implicancias en el cumplimiento de compromisos misionales. Se suma a la reflexión el lugar del cuerpo docente y estudiantil heterogéneo, que, por lo general, no participa y no cuenta con poder decisorio en el trabajo curricular institucional (Gómez, 2012).