En el contexto mexicano de afianzamiento de un modelo neo-extractivista, las comunidades indígenas chiapanecas han visto amenazados sus territorios por la riqueza en bienes naturales que concentran. Se instaura así una disputa entre dos modelos de con-vivencia: el capitalista y el comunitario. Si bien el primero implica afectaciones severas para la cotidianidad de las mujeres, las cuales se reflejan en las actividades cotidianas para reproducir la vida, y el segundo implica una posibilidad de reproducción de vida desde lo común, también es cierto que ambos no están exentos de pautas patriarcales. Éstas buscan ser revertidas pro parte de las mujeres que participan en el movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir.
A partir de esta situación, la presente ponencia aborda analíticamente, desde un conocimiento situado en mujeres indígenas y rurales de Chiapas, la potencia política de las emociones en procesos políticos de organización comunitaria en la defensa de la tierra y el territorio. Así, se expone la situación actual en relación con el acceso de las mujeres a la tierra; la propuesta del Movimiento para revertir las pautas patriarcales; y se exponen analíticamente dos situaciones vividas en el Movimiento que permiten ubicar la potencia política de la afectividad en la transformación de estas pautas.La relación de las mujeres con el campo, así como su situación en él, se hayan atravesadas en Chiapas por su histórica exclusión de los espacios de toma de decisiones comunitarias/ejidales. Esta situación sólo puede ser comprendida, analizada y transformada en la medida que se reconozca la lógica patriarcal que subyace a ella, y que en las últimas tres décadas se ha agudizado con el neoliberalismo como sistema eminentemente patriarcal, que actualmente se recrudece con los procesos de desestructuración del campo, y la intensificación del modelo privatizador neoextractivista. Así, lejos de abordar el problema desde una visión desde los derechos humanos, en las siguientes páginas desarrollo una crítica feminista a las prácticas comunitarias relacionadas con la actual tenencia de la tierra, de la participación política de las mujeres en las comunidades y ejidos de Chiapas, todo lo cual significa la lucha actual contra la acumulación por desposesión en el mismo estado.
Introduzco al Movimiento en Defensa de la Tierra y elTerritorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir como un sujeto político colectivo que se posiciona como el único de carácter feminista en Chiapas. La apuesta de este Movimiento es transformar la vida política en la comunidad, ya que ésta no puede seguir siendo dividida entre lo privado-doméstico y lo público-toma de decisiones. Así, la batalla de las mujeres que integramos tal Movimiento se da en diversas dimensiones y trincheras, ya que lejos estamos de querer incidir sobre las leyes agrarias, buscamos una transformación profunda a partir de los espacios comunitarios, es decir, desde la cotidianidad, porque es ahí donde germina el potencial control sobre la reproducción social de la vida.
Mirando de reojo
Cuando en el 2014 Mercedes Olivera proponía ante CONACYT trabajar el derecho de las mujeres a la tierra en Chiapas, yo trataba de comprender desde el reconocimiento constitucional de igualdad para tod@s l@s ciudadan@s en México. Esta referencia fue rápidamente desbancada, no sólo por la conversación con la misma Mercedes, también por la consulta a diversos archivos, y sobre todo por mi asistencia a un foro de mujeres indígenas en San Cristóbal de las Casas. Toda esta información me permite configurar, entender y analizar desde entonces una histórica marginación de las mujeres indígenas, rurales y/o campesinas a la tierra en términos, no tanto de posesión, sino de uso y usufructo bajo una lógica de legitimidad social plena.
Retrocediendo los pasos y la mirada me resulta pertinente recordar cómo en Chiapas la reforma agraria, resultado de la Revolución Mexicana, se dio con un impresionante rezago temporal y cualitativo, el cual permitió la pervivencia de mentalidades caciquiles que han sido desmontadas lentamente. Este llegar tarde tensionó aún más los conflictos sociales por la tierra en el estado, ya que la concentración de tierras contrastaba con la demanda de las mismas en zonas como los Altos, donde las tierra son escasas en relación con la densidad demográfica, y se han tornado de mala calidad por la misma sobre-explotación originada por esta demanda, aunado a técnicas poco amables para el ecosistema.
En el contexto de la Reforma Agraria, la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927 reconocía a las mujeres como titulares en el esquema de la propiedad social (ejidos y comunidades), siempre y cuando éstas fueran madre-esposas, incluidas las viudas, o bien solteras con familia a cargo. Tal ley denota la mentalidad patriarcal que operaba incluso desde el reparto agrario, ya que las mujeres podían ser sujetas de derechos en términos agrarios, siempre y cuando hubiera un vínculo social ligado a la maternidad. En 1971, la Ley de la Reforma Agraria cambió, no así la mentalidad patriarcal, y es justo en la interpretación de la ley, en los reglamentos internos de comunidades y ejidos, donde se refrenda un deber ser patriarcal que nos recluye a las mujeres a la esfera de la reproducción biológica, sin reconocérsenos la dimensión social.
Entonces, el marco legal y las dinámicas sociales se refuerzan mutuamente para configurar una exclusión de facto de las mujeres en la vida política de las comunidades y ejidos. Las mujeres son consideradas en tanto madres-esposas e hijas, lo cual implica toda la labor de cuidado en el ámbito doméstico. Esto, sin que se cambie la mentalidad patriarcal, se intensifica con los fenómenos de migración forzada en Chiapas. Siguiendo a Diana y Jan Rus (2014), vemos que los hombres, quienes desde décadas antes ya migraban a las plantaciones de café en el Soconusco, cada vez se van más lejos y por temporadas más largas. Esto ha implicado que las mujeres tengan una sobrecarga de trabajo, ya que no sólo sacan adelante la unidad doméstica, lo cual implica muchas veces conseguir un trabajo informal remunerado, sino que también se deben hacer cargo de la parcela y de las tareas de representación frente a las asambleas. Todo ese trabajo y responsabilidad no son reconocidos, ya que se les considera obligaciones temporales, porque en cuanto el hombre regrese, la mujer volverá al trabajo doméstico. María Eugenia D'Aubeterre (2005, citada por González, 2014) reconocerá en este tipo de situaciones una ciudadanía indirecta, en tanto refleja la marginación de las mujeres de la vida política en y de sus comunidades. Este tipo de ciudadanía hace posible que la vulnerabilidad para las mujeres llegue al punto de ser despojadas de sus casas, solares y/o parcelas a manos de las familias. Para 2016 se documentó (Olivera, Cornejo y Arellano, 2016) que el 52% de los casos de despojos contra mujeres habían sido ejercidos por sus familias y/o asambleas ejidales o comunitarias.
Además del trabajo, a nivel afectivo, las mujeres reportan una serie de angustias relacionadas, en primer lugar, al no contar físicamente con el sustento moral y legitimidad social frente a la comunidad de estar casadas y tener a un hombre al lado. Por otro lado, se ven obligadas, como ya dije, a insertarse en el mercado de trabajo a nivel informal, y lo hacen desde una posición de desigualdad en diversas dimensiones. Aunado a lo anterior, y como una estrategia de supervivencia, muchas de ellas optan por inscribirse en los diversos programas de subsidios gubernamentales (Prospera, 60 y más, De corazón a corazón). En 2010, se registró que 9 de cada 10 mujeres marginales se habían inscrito a alguno de estos programas (Olivera, Bermúdez y Arellano, 2014). Tal situación refuerza la condición de dependencia de las mujeres, esta vez en relación con instituciones del Estado, ya que el 65% de las mujeres encuestadas reconoció utilizar el dinero del programa para comprar comida. Además, estos programas estipulan que las mujeres deben permanecer en su comunidad, so pena de perder el apoyo, quedando así a disposición de las actividades que surjan.
De esta forma podemos comprender, junto con Gayle Rubin (1975) cómo el patriarcado pervive y se reifica en contextos rurales, dando como resultado prácticas violentas contra las mujeres indígenas. Es así que
es en el orden masculino y moderno del capital –del valor valorizándose en la producción incesante de mercancías, que simultáneamente desconoce las actividades de reproducción aunque impone la producción de la fuerza de trabajo como mercancía- donde todo lo relacionado con la producción de lo común y con la producción de la especie queda establecido como secundario y se inscribe como ausencia, como falta, donde un conjunto de valiosas e imprescindibles actividades, generalmente consideradas femeninas, se niegan y se ocultan a fin de reiteradamente someterlas.”(Gutiérrez, 2014: 88)