Las políticas educativas en derechos humanos en el nivel superior argentino se desarrollan a contramano de políticas públicas que no hacen el menor esfuerzo por ocultar lo que es visible para toda la ciudadanía: el fuerte retroceso en materia de garantizar, proteger y promover derechos de las personas. En tal sentido, la educación superior no es una excepción a la regla sino más bien uno de los principales escenarios donde la batalla cultural se despliega con mayor crueldad, aun cuando en la resolución de los conflictos predomine el carácter simbólico de los mismos.
Es nuestro deber sostener una actitud crítica y propositiva desde el ambiente académico. No podemos quedarnos cruzados de brazos a la vez que se siente tambalear los cimientos del sistema universitario y su vínculo directo con la producción, circulación y promoción del saber científico. La necesidad de involucrarse en la realidad social para el científico actual pasa por dejar de lado cierta comodidad sobre la que se recuesta la autonomía universitaria, actitud que se ve reflejada en diferentes luchas que se despliegan en la escena pública: el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, entre las problemáticas más notorias. Este involucramiento no es casual y es inherente a una responsabilidad que reconoce su inscripción en la tradición de la Reforma Universitaria, a 100 años de su valiente gesta histórica. Que posteriormente, se ha reivindicado en otros momentos de nuestra historia, seguramente los más oscuros de nuestra sociedad, cuando la fuerza bruta ha suspendido el estado de derecho e, indefectiblemente, el ataque al conocimiento científico ha sido una de sus principales víctimas.
En este contexto, resulta trascendente reflexionar sobre prácticas y experiencias pedagógicas en derechos humanos que hayan logrado institucionalizar una forma de vivir y sentir el respeto a la diversidad y a la dignidad de las personas que atraviesan la comunidad universitaria. Trayectos y acciones que permiten visualizar el nivel de impacto que se ha alcanzado en la misma gestión de la universidad. Porque tal vez allí radiquen nuestras principales fortalezas desde donde capitalizar y potenciar experiencias, trayectos y acciones que actualmente tienen vigencia y que debiéramos tener bien presentes a la hora de identificar para fortalecer estrategias para la acción colectiva dentro y fuera de los límites de la institución universitaria.
En el marco de una investigación financiada por la Universidad Nacional de Quilmes, desde el año 2015, se vienen relevando datos de un estudio de campo que abarca ocho (8) universidades públicas, seleccionadas bajo criterios espacio-temporales cuidadosamente especificados. El proceso de recopilación de experiencias y prácticas educativas, así como su consecuente análisis y sistematización, permiten dar cuenta de un interesante abanico de actividades que logran plasmar en sus comunidades universitarias de pertenencia, un abordaje pedagógico sensible a los derechos humanos y una forma cuidadosa de reivindicar el respeto por las personas que transitan el ámbito académico.
A la vez, este esfuerzo analítico nos lleva a reformular planteos teóricos que fueron elaborados por referentes académicos de nuestro núcleo académico –el Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone”– con los que se habían trabajado desde el inicio de la presente investigación, como punto de partida, y que entendemos que ahora, podemos estar en condiciones de robustecerlos y ampliarlos.
Este artículo desea concentrarse entonces en esta reformulación conceptual a los efectos de retomar algunas de las preocupaciones compartidas anteriormente: ¿cómo seguir mejorando los niveles de impacto institucional en las políticas universitarias en educación en derechos humanos? ¿De qué manera trasladar las preocupaciones por las formas de garantizar el derecho a la educación con una pedagogía de “calidad”, entiendo por ello una pedagogía sensible a los sujetos de derecho que interactúan en la comunidad universitaria?
En particular, me gustaría detenerme en el concepto de la “triple instalación de los derechos humanos” que abordan conjuntamente Luisa Ripa y Rodolfo Brardinelli (2014) para dar cuenta de la relación entre democracia y derechos humanos en el período histórico que va de la transición democrática hasta la primera década del siglo XXI. Los autores plantean que la “era de los derechos humanos” que conoció el mundo occidental de la segunda posguerra mundial, recién tuvo posibilidad de realizarse fácticamente a partir de 1983, cuando hubo continuidad democrática y se cerraron las opciones por la vía de los golpes de estado que encabezaron desde 1930 las Fuerzas Armadas acompañados por la complicidad civil y corporativa. Ese “Nunca más” que enunció la sociedad argentia se materializó en base a una instalación jurídica, institucional y cultural.
Al respecto, hemos presentado un proyecto de investigación que es financiado por la Universidad Nacional de Quilmes desde el año 2015, donde nos interesó evaluar esta “triple instalación” en el plano del ámbito de la educación superior, es decir, reconstruir estos tres niveles pero al interior de las casas de altos estudios en busca de analizar resoluciones, prácticas institucionales y cómo circulan en la vida cotidiana de los actores universitarios la no discriminación y el derecho a disponer de una educación superior pública y de calidad. En función de recorrer con mayor y menor profundidad diferentes prácticas universitarias sensibles a una educación en derechos humanos que fueron relevadas, voy a postular la necesidad de incorporar una cuarta instalación que surge ciertamente del análisis de estas experiencias de ocho (8) universidades públicas, seleccionas de acuerdo a criterios espacio-temporales bien delimitados previamente.
Denomiré la “instalación intersubjetiva” a un nuevo nivel (que se suma a la triple instalación) que entiendo merece su debida atención para poder capitalizar la experiencia en términos pedagógicos, donde los sujetos que padecen en su propia persona o en la de terceros una afectación deliberada de su derecho a disponer y acceder a su derecho educativo, asume la necesidad de compartir su situación de vulnerabilidad con el resto de la comunidad universitaria. En este esfuerzo teórico voy a centrar mi presente ponencia.