La ponencia discute la aparición de respuestas comunitarias frente a la violencia, caracterizadas por la apropiación de la seguridad y la justicia en pueblos y ciudades medias de Michoacán, México. Los resultados presentados forman parte de una investigación en curso que propone entender estas respuestas como parte de un continuum en la gestión de riesgos que adopta múltiples formas, desde la justicia vigilante hasta la autodefensa armada. Esta participación discurre en escenarios ambiguos entre lo legal e ilegal, donde el narcotráfico se confunde con autoridades de gobierno a escala municipal. De esta manera el movimiento de autodefensas se constituye en una estrategia contenciosa en la producción de imaginarios de orden a nivel local que busca confrontar tanto al orden criminal como al Estado.
La perspectiva teórica que fundamenta el análisis proviene de las discusiones sobre la categoría “efecto estatal”, propuesta por Trouillot, y la perspectiva de la gubernamentalidad foucaultiana en los temas de seguridad, asimismo la conformación de este entramado comunitario es entendido como parte de un “proceso hegemónico” en el que las comunidades o segmentos de ellas, despliegan estrategias contenciosas frente a la indistinción entre Estado y crimen.

A partir de los años noventa, aparecieron las primeras organizaciones defensivas en México, en respuesta al clima de inseguridad fomentado por la delincuencia común, bajo el contexto de la colusión entre criminales y autoridades oficiales o bien por la omisión institucional en la procuración de justicia, lo que alentaba el escenario de impunidad. Las estadísticas sobre delincuencia para esa década indicaron un aumento de los delitos contra la propiedad y las personas, con secuestros y homicidios tres veces mayores al promedio mundial.
Al igual que las Rondas Comunitarias del Perú, los grupos de defensa comunitaria en México se formaron en respuesta al contexto de inseguridad. Su formación ha variado en función del tipo de inseguridad contra la cual han reaccionado. Hacia la década de los noventa fue, en su mayor parte, una respuesta a la inseguridad generada por delitos de oportunidad: asaltos a personas y bienes. En los últimos años, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), se produjo un cambio cualitativo en la inseguridad, a partir de los conflictos entre los grupos de narcotráfico y las políticas públicas para combatirlos; así como por un cambio en la naturaleza del narcotráfico que quebró el histórico equilibrio a nivel local entre la tolerancia a las actividades ilegales y las comunidades, convirtiéndose en un poder paralelo que penetró las estructuras del gobierno. Esta interpenetración entre la delincuencia organizada y el Estado, generó nuevas regulaciones, difuminando la distinción entre legalidad e ilegalidad, entre criminales que hacían funciones de gobierno y agentes estatales en colusión con el crimen organizado. Este cambio y la ruptura en el equilibrio generó el movimiento de autodefensas.
De esta manera durante 2013, en varias ciudades y poblados rurales del estado de Michoacán, se organizaron varios grupos de civiles armados en torno a la defensa de sus comunidades y bienes, contra la extorsión y violencia perpetradas por el crimen organizado. La criminalidad había establecido un orden para-estatal que desempeñaba funciones regulatorias en términos de un gobierno privado indirecto, con para-fiscalización de las actividades comerciales, acciones de control social, ocupación e influencia de las estructuras municipales y derecho de vida y muerte.
El surgimiento de los grupos defensivos, se erigió en una estrategia contenciosa doble, por un lado, contra el orden local paraestatal del crimen organizado y por el otro, contra el Estado central que pedía su disolución y desarme. Las comunidades defensivas revelaron una forma de experimentar la gubernamentalidad en el orden local, donde una proliferación de actores no estatales ejercieron efectos de gobierno, control y seguridad, vinculado, a la excepcionalidad entre actividades ilegales y legales.