Esta ponencia expone los resultados de una investigación antropológica que analizó cuáles han sido los daños culturales cometidos y los probables procesos de reparación a los que han accedido las personas víctimas del delito de desaparición forzada en el municipio de Aguazul, Casanare (Colombia). Con base en la etnografía y la metodología del estudio de caso, se entrevistaron a profundidad seis personas víctimas de este delito. Se lograron describir y analizar los daños culturales y las afecciones colaterales, además de los procesos de reparación de cada una de las personas entrevistadas. Lo anterior permitió conocer otros daños asociados al delito y emitir algunas recomendaciones al momento de reparar a las víctimas. Así como dar cuenta de los procesos de resistencia y articulación en movimientos sociales que les permitieron exigir sus derechos a la verdad, la justicia, la transformación de sus condiciones materiales de existencia y a la reparación.
El razonamiento alrededor de la metodología se realizó desde la antropología pública, activista, una forma de mostrar la capacidad de los antropólogos de dirigirse a los problemas sociales más allá de la disciplina, ofreciendo más que análisis de contexto. Esto con la intención de alentar la gestión de espacios para conversar públicamente sobre diversos aspectos sociales, pensando siempre en la posibilidad de fomentar el cambio social, a partir del entendimiento.
En América Latina y particularmente en Colombia donde se han desaparecido más de sesenta mil personas forzadamente con la actuación y agencia directa e indirecta del estado; la necesidad de abordar desde las ciencias sociales, jurídicas y forenses el delito de la desaparición forzada, tipificado como delito de lesa humanidad, cobra importancia en el análisis de las causas históricas, políticas y sociales que han generado las condiciones para la comisión de este delito, y la cantidad de derechos vulnerados que involucra la desaparición forzada permiten catalogarlo como un delito pluriofensivo. Entre esos derechos están el derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser objeto de torturas ni a otras penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.
Para examinar la interrelación entre los crímenes de sistema, los daños culturales, el posterior trauma cultural, la victimización y la reparación, observados a través del delito de la desaparición forzada de personas en Colombia, se realizó una aproximación a herramientas analíticas como el concepto de Daños socioculturales definido en la cartilla sobre la evaluación de los daños provocados por el conflicto armado interno en Colombia producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014); el concepto de Daño Cultural que propone Juan Cabezas a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) y el concepto de Trauma Cultural que se basó en la elaboración teórica de Jeffrey Alexander (2004).
El Registro Único de Víctimas (RUV) establece que al año 2018 el conflicto armado interno en Colombia ha dejado una cifra de 8.581.339 víctimas aproximadamente, agrupadas bajo diversos delitos y violaciones a los derechos humanos. El RUV presenta dos categorías en las estadísticas sobre desaparición forzada en Colombia. La primera categoría son víctimas directas del delito: 46.892 y la segunda categoría víctimas indirectas: 121.361. Lo anterior arroja un total de 168.253 víctimas del delito de desaparición forzada en el país (RUV, 2017). Cifras que reiteran y hacen justificable la producción del conocimiento a partir de la investigación académica. Es responsabilidad de las instituciones universitarias y de los centros de producción del conocimiento, describir, explicar, indagar y denunciar el delito de la desaparición forzada. Porque son muchos los que aún están desaparecidos (víctimas directas) y son más los daños colaterales que ha generado la comisión de este delito de lesa humanidad (víctimas indirectas).
La desaparición forzada de personas, la cual comenzó a practicarse en Colombia desde mediados de los años 70 del siglo XX, sólo se convirtió en un delito penal en el año 2000. Eso implica que muchas desapariciones ocurridas antes de esta fecha puedan haberse catalogado bajo otros delitos como el secuestro. Y que en el año 2000 se haya logrado tipificar en la legislación colombiana la conducta de desaparición forzada con la Ley 589 de 2000, “por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura” no significó una disminución de las víctimas de este delito, por el contrario “la cifra aumentó entre 300 a 400 más que en el año inmediatamente anterior, que fueron calculadas en una cifra alarmante de 664 casos” (El Tiempo, 2000).
El territorio donde se desarrolló el trabajo de campo fue el departamento del Casanare, el cual está ubicado al oriente del país, tiene una extensión de más de 44.000 kilómetros cuadrados la cual lo ubica como el décimo departamento más extenso de Colombia. En contraste, tiene una densidad poblacional de aproximadamente 335.000 habitantes, que lo posiciona como el séptimo departamento menos densamente poblado. Las características de su geografía ofrecen terrenos montañosos de piedemonte y una gran sabana.
Hasta entrados los años ochenta del siglo pasado este departamento basó su economía en la agricultura, la explotación maderable, la ganadería extensiva y el monocultivo de palma africana (hoy hay extensos cultivos en todo el departamento). Pero finalizando la década de los ochenta del siglo XX ya se venían realizando importantes exploraciones en busca de petróleo y gas en ese departamento por parte de multinacionales petroleras. Diversos periódicos y en varios noticieros se hablaba de, tal vez, las reservas de petróleo más grandes de Colombia y de las américas.
La desaparición forzada y la incursión de las ACC en Aguazul están estrechamente relacionadas con la llegada de las multinacionales petroleras (British Petroleum y Total) a principios de los años 90 (Brigada XVI, mercenarios ingleses, asesinatos y desapariciones a líderes sociales y campesinos). Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que la British Petroleum patrocinó a mercenarios extranjeros para que apoyaran las operaciones de la empresa y dieran cursos en formación militar contrainsurgente a militares y civiles. El Estado ha sido condenado por incumplir su mandato constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos debido a la omisión, permisión y acción directa en casos de desaparición forzada en Casanare, pues entre 1986 y 2007 se desaparecieron 2.553 personas.
Dentro de los graves daños colaterales están el desplazamiento forzado y el despoblamiento de los territorios, lo cual deriva en un profundo daño cultural para los habitantes, pues les niega la posibilidad de habitar su espacio cotidiano, y de participar de la creación de sentido colectivo. La OMAL (2005) menciona que las actividades petroleras generan problemas como: cambios en la estructura de los suelos, desaparición de quebradas, hundimiento de tierras y daños a la infraestructura de las fincas, lo que hace que tengan que pagarse grandes cantidades de dinero en razón de indemnizaciones a los campesinos, por lo que desplazarlos les ahorra mucho dinero.
La desaparición forzada ha sido utilizada como mecanismo para instaurar terror, establecer represalias, cobrar venganzas y desaparecer evidencias, así como para manipular las cifras de las personas que han fallecido producto de la guerra interna en el país y particularmente en el municipio de Aguazul. Se identificó que en el municipio de Aguazul las secuelas del conflicto persisten y las heridas siguen abiertas. La práctica de la desaparición forzada generó múltiples daños individuales y colectivos: en la vida de las víctimas, al interior de las familias, las comunidades y su cultura. Desde daños morales, daños psíquicos y emocionales, daños físicos, daños materiales y daños al proyecto de vida. Pasando por afecciones colectivas como los daños culturales, daños ambientales y daños políticos. Algunos de esos daños cometidos contra la cultura fueron el menoscabo de la vida espiritual y religiosa de las víctimas, el detrimento del tejido social, prohibiciones y normas para habitar un territorio impuestas de manera violenta, reforma de significados asociados a lugares antes dotados de sentido por las comunidades, cambios en los patrones de poblamiento y los roles culturalmente construidos a consecuencia de la expansión de la industria petrolera en el departamento y la des-configuración de la estructura familiar (división, distanciamiento, cambio de las dinámicas del parentesco).
Todo este conjunto de daños que se encontraron durante la elaboración del proyecto, han hecho posible el inicio de un proceso de elaboración social del trauma. Con el cual se busca que no sólo las personas que han sufrido de manera directa los vejámenes de la guerra, sino gran parte de la población municipal, departamental y nacional participen y se solidaricen con el dolor de los otros. Esto pensando que los traumas culturales amplían las posibilidades de comprensión y simpatía social y proporcionan vías para nuevas formas de incorporación de la sociedad.
Se logró identificar que de las seis víctimas entrevistadas, cuatro pertenecen a la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida, organización que trabaja en torno a ese hecho victimizante y que su compromiso social, político y comunitario les ha permitido continuar vinculadas. Se tiene que las personas han accedido de manera variada y diferencial a lo que estipula la norma. Este proyecto de investigación ha permitido ver a las víctimas como sujetos que han reclamado por los daños y han luchado por la reconfiguración del sistema social que los ha vulnerado e invisibilizado.
