El turismo es una práctica socio-económica, vinculada al ocio, con implicancias territoriales específicas. En el proceso de turistificación intervienen diferentes actores e instituciones (políticos, residentes, agencias de turismo, etc.) que seleccionan y mercantilizan elementos (naturales o histórico-culturales) para crear y promocionar atractivos/destinos para el consumo de visitantes. Además, se busca promover el establecimiento de infraestructura, servicios comerciales, hoteleros y gastronómicos; y legislación (Bertoncello, 2002; Britton, 1991; Prats, 2006; Urry, 2002). El turismo genera una serie de cambios (materiales y simbólicos), que participan en la producción de los territorios turísticos (Knafou, 1996).
En este marco, el Estado -en sus diferentes escalas administrativas- mediante la implementación de programas y legislación, se presenta como un actor relevante en la promoción del desarrollo turístico. En particular cuando se coloca a esta práctica como una herramienta que posibilite dinamizar las economías regionales en el ámbito rural. En América Latina, el denominado turismo rural comenzó a implementarse entre las décadas de 1980-90 a partir de diversos programas estatales, en algunos casos bajo la forma comunitaria. De esta forma, el turismo emerge como una práctica complementaria a la producción agraria, formando parte del repertorio de nuevas actividades incorporadas a las áreas rurales (Castro y Zusman 2016). Para dar cuenta de los cambios socio-económicos estructurales que han tenido lugar en estos ámbitos, como la expansión del agronegocio, diversificación en los usos y funciones del suelo, aplicación de nuevas tecnologías productivas, pluriactividad, coexistencia de diversos/nuevos sujetos, algunos autores han propuesto una serie de términos -como “nuevas ruralidades/neoruralidad” o “post-productivismo”- para abordarlos (Giarraca 2001; Kay 2009; Ratier 2009). En este contexto, los ámbitos rurales se presentan como nuevos centros de consumo (Urry 2002).
El turismo rural promueve –desde el ámbito privado como estatal- la puesta en valor de elementos vinculados con la “cultura y el modo de vida en el campo” (antes apenas considerados), los cuales son seleccionados e introducidos al mercado como destinos/atractivos turísticos. Hoy en día existe una variedad de ofertas enmarcadas dentro de esa modalidad que busca beneficiar, no solo a los establecimiento de producción agraria (e.g. estancias, casas de campo, granjas), sino también a los pueblos o pequeños asentamientos. En este proceso intervienen diversos actores, sin embargo, nos interesa focalizarnos en el ámbito estatal, en el cual mediante la implementación de políticas y programa, a través de instituciones competentes, se orienta y se impulsa el turismo rural en un territorio. En general se coloca al turismo rural como un instrumento que posibilita el desarrollo local adoptando los principios del enfoque endógeno y territorial (Manzanal, 2011; Rozenblum 2006). Ello supone la participación de los habitantes, -especialmente las mujeres y los jóvenes- y la valorización de los recursos locales –vinculados con la “identidad, la cultura y el patrimonio”- para incorporarlos al mercado y conformar “territorios competitivos”; que posibiliten la dinamización de las economías regionales (Viola 2000).
En esta ponencia nos interesa indagar sobre las transformaciones (y sus implicaciones) generadas por el turismo rural mediante a las políticas públicas que fomentan su desarrollo. Entendemos por políticas públicas turísticas a todo el conjunto de medidas, normativas, acciones y estrategias aplicadas, con una cierta coherencia, por el Estado (en cualquier nivel gubernamental), para responder ante determinadas problemáticas socioeconómicas, a partir de su materialización en programas y proyectos; en el cual el turismo es colocado como instrumento de impulso (Velasco González, 2011). Para analizar las políticas turísticas, es relevante examinar qué instituciones/actores (públicos y privados) se articulan y se involucran en su planificación, a partir de los recursos que implementan para ello. Por ello proponemos indagar el rol del Estado en la promoción del turismo y en la configuración de territorios turísticos. Sin embargo, aquel no actúa como un ente aislado; procesos y conflictos globales inciden en las estrategias y en las agendas políticas nacionales, provinciales o municipales; pero a su vez, tensiones y procesos nacionales pueden influir en el ámbito global. Por lo tanto, es fundamental abordar los procesos de turistificación entendiendo que son dinámicos y que se llevan a cabo en contextos (globales/locales) sociales, económicos y políticos históricamente cambiantes (Subirats et al., 2008).
En el caso de Argentina, el turismo rural comenzó a desarrollarse en el país en la década de 1990 como una forma de sobrellevar la crisis que estaba sufriendo el agro argentino; a través de políticas, programas y proyectos. En este contexto el turismo rural se presentó como una fuente de ingreso alternativo para los pequeños productores. Nos interesa destacar que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es uno de los organismos precursores en haber establecido y fomentado la implementación de esa modalidad en el país. Actualmente es considerado un referente sobre el tema a nivel nacional. Con su Plan Estratégico Institucional 2005-2015 el INTA institucionaliza el enfoque territorial para desarrollar su trabajo. Esto implicó una mirada integrada del territorio que permitió incluir de manera regular y sistemática otras actividades o temáticas como por ejemplo el turismo rural. De esta forma, esta modalidad se consolida como una práctica dentro de la agenda de la institución, a través del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable/ PROFEDER, desde el enfoque del desarrollo territorial rural. En el marco del PROFEDER se gestionan programas como Cambio Rural -financiado por Ministerio de Agroindustria (MINAGRO)- que se ha constituido, además de los proyectos PROFEDER, en estrategia fundamental para llevar adelante la intervención en territorio sobre esta temática.
En una escala territorial menor, también se han generado alternativas para extender el turismo hacia los ámbitos rurales como ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. La -ahora- Subsecretaría de Turismo bonaerense ha impulsado una serie de estrategias que ponen en valor “la cultural rural bonaerense” como un recurso de desarrollo local. Como antecedente podemos mencionar la promoción de celebraciones organizadas entre los años 2002-2003 con la marca “Viva las Pampas”. Las mismas tenían el propósito de orientar a los visitantes y turistas hacia localidades del interior de la provincia, como Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco. Posteriormente, en el año 2008 se creó el programa con modalidad comunitaria denominada “Pueblos Turísticos” con el objetivo de revitalizar los pueblos rurales de la provincia. Los primeros en participar del programa fueron Carlos Keen (Luján), Villa Ruíz y Azcuénaga (San Andrés de Giles). El programa sigue vigente, contando con una veintena de pueblos incluidos. A su vez, la Subsecretaría de Turismo complementó estas iniciativas con la conformación de rutas gastronómicas en diferentes áreas de la provincia. En todas estas propuestas se destaca la diversidad del paisaje pampeano-bonaerense, los festejos populares, productos locales y los pobladores como principales anfitriones (Cacciuto et al. 2015; Mongan et al. 2012; Pérez Winter 2014, 2015, 2017; Velázquez Inoue 2017).
Teniendo todo esto en consideración, en esta ponencia nos proponemos indagar en las trayectorias de ciertos programas y estrategias diseñadas desde el Estado que buscan promover el desarrollo local en las áreas rurales. En este contexto, discutiremos las implicaciones de esas propuestas con el objetivo de contrastar el discurso con la práctica. Para ello, analizamos los siguientes puntos: a qué modelos de desarrollo se apela, qué lineamientos globales inspiran a los programas nacionales/provinciales, quiénes terminan siendo los destinatarios de estos programas, qué protagonismo tienen las comunidades locales en la totalidad del proceso de gestión del programa -desde el diagnóstico, implementación y evaluación-, qué tensiones emergen durante el proceso entre los actores involucrados (actores públicos, privados, comunidades locales). Estas problemáticas serán discutidas y ejemplificadas con casos empíricos a partir de programas formulados por el Ministerio de Turismo, el INTA, el MINAGRO, y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.