El buen funcionamiento del modelo de acumulación capitalista en México conlleva el desconocimiento de los derechos de ciudadanía, la sistemática violación de los derechos humanos, la corrupción y, entre otros fenómenos, la impunidad. Como ha sido ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales, en el país perduran prácticas violatorias de los derechos humanos. La subsistencia de dichas prácticas no es un simple legado de un pasado autoritario, sino un dispositivo al que los actores autoritarios de hoy acuden con el propósito de salvaguardar y reproducir el orden excluyente. La creciente crisis e inestabilidad del sistema va aparejado con el aumento de las violaciones de los derechos humanos, como también de la acentuación del carácter policial del Estado.
El modelo neoliberal instrumentado en el país a partir de 1983 -pero profundizado sin interrupción alguna desde entonces a la fecha, ha demolido la mayoría de los derechos de ciudadanía conquistados por los excluidos durante las primeras tres cuartas partes del siglo pasado. Pero también ha arrasado con buena parte de los bienes comunes nacionales. Hoy, en México se paga el salario mínimo más bajo de la región –incluyendo a Haití-. Las comunidades rurales enfrentan diversas amenazas y formas concretas de despojo. Múltiples intereses de actores empresariales (legales, ilegales, nacionales y extranjeros) protegidos -por acción u omisión- por agentes gubernamentales y disposiciones normativas aquejan a cientos de miles de campesinos. Dentro de este marco de naturalización del pillaje, el territorio se ha convertido en botín y sus residentes en poblaciones sobrantes. Se estima que en poco más de una década, el Estado le ha concesionado a las compañías mineras, muchas de ellas extranjeras, entre el 25 y el 30% del territorio nacional. Sin embargo, el territorio en disputa es mucho mayor. A la par del interés por apropiarse de los minerales metálicos, no metálicos y los hidrocarburos, está el de asegurarse las zonas con potencial turístico (incluyendo bosques, selvas y costas), las fuentes de agua dulce, y, entre otros, la explotación de recursos bióticos. Sobre el territorio también ejercen presión y control los cárteles de la droga, como otros grupos delincuenciales que se disputan amplias zonas del país. Dentro de este contexto, las comunidades rurales enfrentan a poderosos adversarios. Sus luchas suelen ser silenciadas y criminalizadas y, en no pocas ocasiones, han padecido violaciones a sus derechos humanos, cometidas tanto por agentes estatales, como por grupos paramilitares. En diversas regiones y localidades se ha documentado que los empresarios actúan en connivencia con grupos delincuenciales –y con actores gubernamentales- con el fin de apaciguar las resistencias de los pobladores en contra de los proyectos extractivos, incluso haciendo uso de estrategias de terror para obligar al desplazamiento forzado.
En este clima de violencia, la impunidad reinante funciona como dispositivo para asegurar la reproducción de prácticas de acumulación por desposesión. El miedo se esparce y la autoridad parece incompetente para salvaguardar la seguridad ciudadana, garantizar el estado de derecho y el acceso a la justicia. Así, simplemente, se archivan los más de 200 mil casos de asesinatos ocurridos en el país durante los últimos doce años; se ignoran los más de 30 mil casos de desaparición de personas (no pocas de ellas, forzadas), el asesinato y desaparición de más de un centenar de periodistas, y el hostigamiento y homicidio de activistas sociales; se permanece omiso ante los feminicidios; se niega el uso de la tortura como práctica generalizada de las autoridades judiciales en contra de los detenidos; se permanece indiferente ante los secuestros y las extorsiones; no se indagan los múltiples casos de corrupción gubernamental y de enriquecimiento ilícito; tampoco la trata de personas; la violación de los derechos laborales; etcétera. Diversos organismos han advertido que en México el índice de impunidad supera el 95%. En materia de corrupción, el país ocupa unos de los primeros lugares a escala global.
Cuando parecía que con el caso Ayotzinapa (Iguala, Guerrero, septiembre 2014) se tocaba fondo [no sólo por la atrocidad cometida en contra de las víctimas, la clara muestra de la connivencia existente entre gobernantes, fuerzas de seguridad e integrantes de crimen organizado, la movilización de la sociedad civil nacional e internacional, como la demanda de numerosos organismos que exigieron justicia y aparición con vida de los 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada], lamentablemente pronto se evidenció que el pacto de impunidad creado en torno a estos hechos anunciaría futuras violaciones.
El trabajo, en primer término, se propone explicar la relación que existe entre la violencia de Estado y las diversas formas de despojo instrumentadas en el país durante las pasadas administraciones neoliberales panistas y priistas. En segundo lugar y considerando el proceso electoral federal que culminará con la elección del próximo presidente de la república (2018-2024) y, entre otros cargos, la renovación de los congresos legislativos federales, se indaga el posicionamiento de diversos actores políticos (partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular) y sociales (organizaciones civiles pro derechos humanos) en torno a la promulgación de Ley de Seguridad Interior –en este momento a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y que fue impugnada al considerar que busca normalizar la presencia de las fuerzas castrenses en la vía pública para contener a los movimientos sociales antisistémicos.