Las principales teorías del proceso de constitución del monopolio de la coerción y la construcción del Estado en Occidente, entienden la construcción del monopolio como el modo en que se dispusieron las relaciones de la sociedad europea (o de parte de ella) con la violencia; los mecanismos y recursos que confluyeron en la concentración de los agentes detentadores de la ahora llamada violencia legítima, y los dispositivos de producción de nuevos sujetos violentos o dóciles, resistentes o sumisos al Estado. A la luz de estas teorías, el proceso ideal de construcción estatal requiere, entre otros requisitos, del establecimiento del monopolio del poder coercitivo y de la habilidad para defender dicho monopolio a lo largo del territorio. De ahí que la emergencia de actores armados que no hacen parte de las fuerzas armadas legítimas del aparato de Estado aparezca como una amenaza que pueden diluir o erosionar el monopolio estatal de la coerción y conducir a un quiebre de la autoridad gubernamental.
Sin embargo, una vez llevada al análisis histórico, esta noción de estatalidad entra en crisis ante la evidencia de que la capacidad legal del Estado suele apoyarse en prácticas que están fuera de la ley. Lejos de ser un destino inexorable, la organización estatal basada en el monopolio de la violencia es una constelación histórica contingente, que no obstante logró instalarse en los discursos politológicos y sociológicos como la “forma” política por antonomasia a partir de algunas miradas sobre la experiencia europea. La experiencia de países latinoamericanos atravesados por conflictos armados internos sean un terreno fértil para revisar esta mirada. En dichas sociedades la violencia no ha es el reverso del orden, sino una modalidad concreta de acción política y social, que excede los límites previstos por la normalidad democrática y pone en jaque dicotomías clásicas del discurso político moderno como legalidad/ilegalidad, legítimo/ilegítimo y democracia/dictadura. Tanto en la acción represiva del aparato estatal, como en el uso de la fuerza por parte de agentes sociales y políticos que suscriben o disputan su hegemonía, la violencia trasciende constantemente los márgenes del ordenamiento. Se configura así una situación paradójica en la cual el estado de derecho, en su ejercicio normalizado, emula mecanismos jurídicos y dispositivos políticos propios del autoritarismo.
La apelación a la violencia como un recurso para la disputa o preservación del poder, revela que la construcción del orden no solo es conflictiva e inacabada, sino que se efectúa sobre una base inestable y en permanente movimiento. Para comprender la especificidad de la construcción del Estado y el poder político en estas circunstancias, nuestra propuesta consiste en reintroducir la violencia paraestatal como variable de análisis, no sólo en su carácter destructor y generador de desorden sino en su potencial productor de relaciones sociales y (re)estructuración de los vínculos hegemónicos.
El conflicto armado que enfrentó al Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano, es emblemático por la participación de civiles en tareas de vigilancia y contrainsurgencia. Los Comités de Autodefensa (CAD) fueron, en algunos casos, producto de la iniciativa de campesinos acorralados por el fuego cruzado y en otros, resultado de una política estatal de involucramiento activo de la población civil a través de su organización armada. Compuestos por víctimas que buscaron hacer justicia por mano propia, campesinos e indígenas reclutados forzosamente por las Fuerzas Armadas y senderistas arrepentidos que decidieron cambiar de bando, los CAD fueron clave en la derrota de la izquierda en armas y el triunfo del statu quo. A su temprana y discrecional aparición, en el primer lustro de los años ochenta, le siguió un periodo de funcionamiento en la sombra que recién en 1991 alcanzó convalidación legal. Así, en un decreto de 1992 se los reconoce como “organizaciones de la población rural o urbana, surgidos espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa contra la delincuencia, evitar la infiltración del terrorismo y el narcotráfico, defenderse de los ataques de estos y apoyar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú” (Decreto 77/1992, art. 3) y se estatuye su carácter transitorio y circunscrito a las tareas de Pacificación.
Como señala el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, “en ningún otro actor de la guerra, la línea divisora entre perpetrador y víctima, entre héroe y villano es tan delgada y tan porosa como en los Comités de Autodefensa (CAD) o rondas campesinas contrasubversivas” (CVR, 2003: 437). Pacificadores para unos y asesinos para otros, son hoy un cabo suelto de la guerra, que se niega a entregar las armas y reclama para si el reconocimiento del Estado y la sociedad “por su heroísmo y contribución a la Pacificación del Perú”. A poco de completarse dos décadas de la finalización del conflicto armado y en un contexto marcado por nuevas problemáticas socio-ambientales, los miembros históricos de los CAD y las nuevas generaciones de autodefensas adelantan un paulatino proceso de reorganización y articulación en los antiguos escenarios de guerra. Con el peligro senderista relativamente neutralizado, los CAD han identificado nuevas amenazas e impulsado tareas de lobby en el Congreso Nacional con miras a su incorporación definitiva en el esquema de seguridad comunitaria. A las antiguas demandas por indemnizaciones y becas de estudio para hijos y familiares “en compensación por sus servicios a la patria”, se suman hoy reclamos por rehabilitar su organización ante el abandono estatal, el aumento de la inseguridad y la corrupción endémica en sus localidades. Con base en los testimonios y documentos que logramos recolectar en una estadía de medio año en Perú, el trabajo que proponemos para el encuentro Clacso 2018 retoma el hilo de la historia de los CAD en las últimas dos décadas y evalúa las tareas postergadas por el Estado peruano hacia las poblaciones rurales que están en la base de su reorganización y movilización.