El “ciclo político” que se inicia en el siglo XXI en América Latina, que impulsó un proceso de transformación al interior de los Estados en relación a la hegemonía neoliberal de las décadas precedentes, implicó además una reforma en el rumbo de las políticas públicas de comunicación. La alianza de gobiernos populares del período logró cristalizar una serie de demandas históricas de la sociedad civil y de los movimientos sociales e indigenistas en torno a la democratización de las comunicaciones y con ello, la necesidad de modificar las reglas del juego de un sistema mediático regional con rasgos monopólicos y altamente concentrado en unas pocas empresas de medios de comunicación. La década del 90 en América Latina, que corresponde con la expansión del paradigma neoliberal, constituyó una coyuntura de profundización de ciertos rasgos de la configuración del escenario comunicacional en el continente: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la proliferación de actores económicos vinculados a los mercados financieros, a negocios ajenos al sector y en algunos casos (Ecuador es una excepción de ello) a capitales foráneos, y la considerable predominancia de medios privados de comunicación en detrimento del desarrollo de medios comunitarios o alternativos.
Así, ante el redireccionamiento de las políticas de comunicación que fue promovido por las nuevas experiencias políticas en la región, no resulta para nada casual que durante los primeros años del nuevo siglo se haya instrumentado un nuevo marco regulatorio en materia de comunicación en distintos países del continente: la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) en Venezuela (2004); la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (2009); la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia (2011), la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador (2013), y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay (2014). Y tampoco es imprevisto que, de modo muy general y sin remitir a las especificidades de cada caso, se trate de leyes que fueron gestadas a partir de la participación de distintos actores de la sociedad civil, que parten de la concepción de la comunicación en tanto un derecho humano fundamental, que establecen límites a la concentración mediática, que promueven el desarrollo de medios de comunicación públicos, que introducen a los sectores sin fines de lucro como legítimos prestadores de servicios de comunicación, que plantean cuotas de pantalla para proteger la producción nacional de contenidos, y que redistribuyen el espectro radioeléctrico en función de los nuevos actores de la comunicación legalmente reconocidos.
A raíz de lo expuesto en los párrafos precedentes, la presente ponencia tiene como objetivo principal identificar y caracterizar a los principales actores estatales y sociales que, de un modo u otro, han incidido en el proceso de confección y sanción de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador (en adelante, LOC), la cual fue promulgada el 25 de junio de 2013. Se trata de reconstruir el rol específico que cumplen los múltiples actores de la sociedad en el marco del proceso de elaboración de políticas públicas, “desde diferentes posiciones de jerarquía y poder y con distintos recursos a disposición” (Álvarez Ugarte, 2013). En este sentido, esta ponencia parte de la idea de la imposibilidad de posicionar al Estado como la principal institución que promueve, diseña e instrumenta políticas públicas. Por ello, y con el fin de superar abordajes esencialmente “institucionalistas” o con una manifiesta impronta “estadocéntrica”, se torna fundamental complejizar el análisis para delimitar las acciones desplegadas por el gobierno nacional (en este caso se refiere a la gestión del presidente Rafael Corre durante los años 2008-2013), pero también por los diversos actores que conforman la denominada sociedad civil (organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, organizaciones y colectivos vinculados al campo de la comunicación de Ecuador, etc.), las empresas de medios de comunicación privados y los referentes del campo académico.
La propuesta teórica y metodológica de la ponencia constituye una confluencia de los estudios comunicacionales y los estudios sobre América Latina, lo cual implica ahondar no sólo en las condiciones sociohistóricas que posibilitaron la introducción en la agenda pública de Ecuador de la necesidad de promover un nuevo marco regulatorio en materia de comunicación, sino también en la correlación de fuerzas de orden regional que apalancó dicho proceso. La complejidad y la hibridez que caracterizan al continente, requieren de abordajes que remitan a las singularidades de cada territorio y a aquellas variables más generales que responden a una lógica estructural, para poder esbozar trayectorias comunes de los países desde una dimensión latinoamericana.