Los medios de servicio público, o Public Service Media (PSM), surgieron hace casi un siglo, impulsados en Europa por la prevalencia y novedad que entonces representaba la radio, así como la necesidad de combatir la desinformación y propaganda usadas en la I Guerra Mundial (Scannell, 2005). En el caso de Reino Unido desde 1922, con la operación de BBC Radio (Chignell, 2006: 1-3). La llegada de la televisión, posteriormente, ha representado un cambio significativo en el concepto y alcance de los PSM en diferentes continentes, entre ellos, el americano. En Estados Unidos en 1942, con VOA, y en Latinoamérica, con la creación de los canales públicos en Argentina (1951), Perú (1958) o Chile (1969). Luego, se replicaron modelos en otras naciones de la región. Hasta inicios del siglo XXI dos países sudamericanos (Paraguay y Ecuador) tenían una débil o nula presencia de PSM (Tamayo, 2008, 1-2).
En Ecuador, el monopolio de la información lo habían ejercido empresas privadas, en especial diarios y canales de televisión (Panchana y Jordán, 2010). La irrupción en 2007 del Estado en el escenario de los mass media, desde que Rafael Correa asume su primer período como presidente, ha reconfigurado la opinión pública, sobre todo por la creación y sostenida expansión de cobertura (hoy del 77,55 % del territorio) del primer canal público, Ecuador TV, que busca ser el medio insigne. Inició sus transmisiones en noviembre de 2007 con una entrevista al entonces mandatario (EFE, 2007).
La TV en América Latina, donde la penetración de Internet es aún limitada (36% en Ecuador), es el medio de comunicación de masas por excelencia y el de mayor influencia. En Ecuador, con 16,3 millones de habitantes, la televisión es analógica y tiene un alcance en el 92 % del territorio continental (INEC, 2016). El porcentaje es menor en el archipiélago de Galápagos, una de las 24 provincias del país.
La Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de 2013 establecen por primera vez una normativa de los medios públicos, cuya plataforma –en un 80%– se ha configurado en el mandato de Correa. En ella se incluyen radios, canales, diarios, revistas, agencias de noticias, portales en Internet y dos empresas editoriales. Desde 2008, además, el Gobierno ha incautado 11 medios privados de alcance nacional, mayoritariamente canales de televisión. En la década que gobernó Correa de forma ininterrumpida (15 de enero de 2007 a 24 de mayo de 2017), la Presidencia más larga de la historia del país, el Estado ha acumulado 64 medios, que están bajo su directo control editorial y económico, según el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).
En una década, el Gobierno de Rafael Correa (quien ganó tres elecciones consecutivas) usó la comunicación –a través de su propia plataforma de medios públicos– como una eficiente arma de poder y propaganda, para imponer una visión oficial dentro de la configuración de la opinión pública. Un escenario mediático estatal sin parangón en la nación sudamericana e incluso en la región (Venezuela tuvo unas particulares distintas en la época del presidente Hugo Chávez). Incluso, la legislación ecuatoriana permite al Ejecutivo, ante circunstancias particulares, como estados de Emergencia, disponer que todos los canales de televisión y radios (privados, públicos y comunitarios) retransmitan solo y exclusivamente la señal del canal público.
La Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde el 25 de junio de 2013, regula desde contenidos informativos hasta publicidad. La LOC instituyó dos organismos: el Cordicom y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), esta última con capacidad sancionadora contra los medios: amonestaciones, obligación de pedir disculpas públicamente, multas económicas y hasta suspensiones o cierres. La LOC fue impulsada reiterativamente desde 2008 por el entonces presidente Correa y su grupo de legisladores que tuvo mayoría en la Asamblea. El aval para la creación de la LOC se fijó en la Consulta Popular y Referéndum del 7 de mayo de 2011.
Con la LOC también se empieza a normar –aunque sucintamente– los medios públicos, pero, además, se establecen limitaciones que no se cumplen cinco años después de instaurada la norma. Una de ellas: que las radios y canales públicos y comunitarios representen, juntos, el 67 %. En la actualidad, más del 90 % de los medios de comunicación del espectro radioeléctrico son privados. “Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios. Esta distribución se alcanzará de forma progresiva” (Art. 106, LOC).
Una de las principales causas de la inviabilidad de la LOC es su origen político. Desde el Gobierno (Flacso, 2017) se intentó poner limitaciones a la libertad de prensa, particularmente a la privada. El presidente Correa, desde el inicio de su mandato, en enero de 2007, tuvo permanentes enfrentamientos con los medios independientes, a los que declaró su principal adversario político en 2008 en el Informe a la Nación de su primer año de gestión.
Según Fundamedios, una ONG con sede en Quito que defiende la libertad de expresión, el mandatario ecuatoriano -en los diez años que gobernó- usó, al menos, 170 insultos contra los medios de comunicación críticos, entre ellos “prensa mercantilista”, “corrupta”, “inmoral”, “manipuladora”, “falta de ética”, “canallas”, “amarillistas”, “bocones”, “buitres”, “cínicos”, “chismosos”, “desequilibrados”.
El presidente Rafael Correa Delgado impulsó acciones conjuntas entre el Ejecutivo y Legislativo por el tema comunicacional en Ecuador. Se implantaron más regulaciones para las empresas informativas, en especial a las privadas. De allí que no solo fue suficiente la LOC. El 3 de diciembre de 2015 la Asamblea (con 100 de 137 votos de la mayoría oficialista) aprobó 15 enmiendas constitucionales. Una de ellas, en el artículo 384, es que la comunicación constituya un servicio público, lo que significa que el Estado puede tener potestad para, por ejemplo, fijar precios de publicidad o ejemplares de periódicos.
En la actualidad los escenarios legales y políticos, con un nuevo gobierno, siguen siendo complejos, aún más con una crisis económica en Ecuador que afecta particularmente a los medios privados (1460 registrados, según el Cordicom) que representan más del 90 % del total.
Desde la asunción del nuevo mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, el 24 de mayo de 2017, el Ejecutivo propone –junto a varias organizaciones periodísticas, políticas y sociales– reformar la Ley de Comunicación, mas no derogarla. También, plantea la creación de una Ley Orgánica de Medios Públicos para garantizar la independencia editorial y sostenibilidad de los mass media que dependen directamente del Estado. Este es el panorama político y mediático de Ecuador, donde la comunicación se ha convertido en una prioridad para el poder.
