En lo que actualmente se conoce como el Istmo Centroamericano, por más de 500 años se disputan una diversidad de intereses geopolíticos en su territorio, uno de los procesos más recordados serían las cruentas guerras internas acontecidas en las décadas de 1970 y 1980. Más recientemente la región denominada como “El Triángulo Norte” - integrada por El Salvador, Guatemala y Honduras -, está movilizando intereses por los altos conatos de violencia existentes y en el caso de la “Franja Sur” –integrada por Nicaragua, Costa Rica y Panamá- existen tensiones sociales internas y políticas externas por la realización de los megaproyectos como la creación de un canal en Nicaragua y la ampliación del existente en Panamá.
Unido a lo anterior, pero invisible sino no se sabe observar adecuadamente, Centroamérica es también un territorio donde se encuentran en plena disputa discursos y prácticas internacionales conservadores y progresistas sobre género y sexualidad, que desencadenan una lucha por derechos civiles y protección social de diferentes grupos históricamente marginados. En tal sentido, esta comunicación pretende realizar un análisis de las políticas sexuales del movimiento de disidencia sexual y de género por medio de los intentos discriminatorios para “blindar el matrimonio” entre un hombre y una mujer “así nacidos” y las resistencias espontáneas y organizadas por parte de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades sexuales (LGBTI+) al interior de El Salvador desde el año 2005 a inicios del 2018.
Para este fin, la ponencia propone presenta un marco histórico sobre matrimonio entre personas del mismo sexo al interior de El Salvador, evidenciando dos momentos específicos: 1957 y 2000. En agosto de 1957 al interior de San Salvador se experimentó un pánico moral que cruzó las categorías de clase social, orientación sexual e identidad de género. Este pánico moral se produjo al tener conocimiento de la existencia de un supuesto grupo de “afeminados” de clase alta quienes hacían reuniones en diferentes casas particulares. En pleno marco de las fiestas patronales de San Salvador, al interior de uno de dichos eventos, se supone se efectuaron “matrimonios simbólicos” entre los diferentes participantes, y parece ser que se realizó una redada policial y captura de sus participantes.
En mayo de 2000, Perla Lins Herrera y Cristian Vladimir Chirino realizaron un acto que le denominaron como matrimonio al interior del municipio de San Juan Nonualco. Este acto llamó la atención, no sólo de los habitantes de ese municipio costero, sino también de las autoridades judiciales, ya que se presentó un requerimiento de investigación por el delito de contraer matrimonio ilegalmente asumiendo el uso de documentos falsos de identidad y la ilegalidad de la ceremonia civil. Al interior de los sectores conservadores, esta acción a lo mucho pudo ser catalogado como algo exótico, carnavalesco o ridículo. Las alarmas de los anteriores se activan, no por este caso, sino por el proceso de reconocimiento al matrimonio por parte de personas del mismo sexo dado en el Estado de Massachusetts en los Estados Unidos en el año 2003.
En ese momento histórico la Asociación Entre Amigos, primera organización LGBTI+ de El Salvador, asumía que no respondía a la “globalización del mundo gay” sobre matrimonio y adopción; y que su interés estaba enfocado en los procesos de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género que impedía el acceso a la Educación, Salud, Vivienda, Trabajo a la mayor parte de las personas salvadoreñas LGBTI+. Se manifiesta la ejecución de una política sexual de redistribución económica que colocaba mayor énfasis en los Derechos Económicos, más que en los Derechos Civiles.
No obstante, dada la remetida conservadora que en 2005 somete a aprobación y en 2006 la ratificación de una reforma constitucional para prohibir la unión civil y adopción entre personas del mismo sexo, el movimiento de disidencia sexual y de género dio una respuesta política ante este hecho. Al ser una acción que lacera el área del “reconocimiento”, las organizaciones de ese momento interaccionan un discurso político sobre la diferencia, la desigualdad y la discriminación hacia personas LGBTI+. Alejándose estratégicamente de la política sexual de redistribución para dar respuestas al ataque conservador iniciado en la Asamblea Legislativa.
En esa misma época las identidades trans aumenta su fuerza organizativa y como tal surge una política sexual propia. Al mismo tiempo que demanda salud, vivienda, trabajo, educación y protección social; también solicitan demandas de reconocimiento de su identidad y expresión de género. El movimiento tras salvadoreño también coloca mucha importancia a los crímenes de odio, ya que mujeres trans que ejercen el trabajo sexual de calle son más vulnerables a ser asesinadas y que estos queden en la impunidad.
Por otra parte, las lesbianas asumen la Rebeldía Lésbica como política sexual de autonomía, que engloba el decidir libremente sobre el cuerpo y la sexualidad, derecho a no ser discriminadas, derecho a servicios integrales de salud, derecho a la libre expresión de la afectividad en público, derecho a decidir con quién compartir la vida, la sexualidad, las emociones y afectos, derecho a la intimidad y la vida privada.
En el año 2009, en medio de dos nuevos intentos conservadores para prohibir constitucionalmente la unión civil y adopción por personas del mismo sexo, promueve la unión del movimiento de disidencia sexual y de género. Surge en la palestra pública nacional como un nuevo actor político llamado Alianza para la Diversidad Sexual LGBTI. La Alianza tiene un vida política de aproximadamente dos años. Su disolución está marcada por las diferencias personales entre los activistas y la falta de concreción de una política sexual que incluyera integralmente las demandas de cada identidad sexual que la integraban. Entre 2009 hasta 2017 se han promovido 8 iniciativas para prohibir constitucionalmente la unión civil y la adopción por parte de personas del mismo sexo al interior de la Asamblea Legislativa.
A partir del año 2014, inicia el surgimiento de diferentes organizaciones de la disidencia sexual y de género. Estas reivindican una política sexual del reconocimiento, más que de redistribución. Las demás organizaciones, que por su tiempo de trabajo son denominadas como históricas, observan con sospecha esta situación. Por una parte las identidades trans acusan que dicha política es “cis normativa” ya que son organizaciones integradas por gays y lesbianas cis mayoritariamente. Por otra parte, en más de una ocasión, se ha interaccionado la categoría “clase media” como acusación, ya que la mayoría que integran las nuevas organizaciones son universitarios, que poseen fuentes de ingresos de sus trabajos y el activismo es un rol más que desempeñan y no su actividad laboral principal, como sucede con los activistas LGBTI+ históricos que dependen de sus organizaciones para sobrevivir.
A pesar de esta situación, en el año 2017, se efectúa un nuevo intento de articulación organizativa: Federación LGBTI. Esta pretende ser un espacio para dirimir las diferencias entre las diferentes organización, y a través de esta acción unificar las políticas sexuales del movimiento de disidencia sexual y de género salvadoreño. En tal sentido la Federación LGBTI se visualiza como un espacio de disputa entre la política sexual que radica en aspectos de redistribución económica (educación, salud, trabajo, vivienda); en seguridad física (disminuir los crímenes de odio) y en el reconocimiento del acceso a instituciones civiles del Estado sin discriminación como el matrimonio y la adopción.