Esta nueva fase capitalista mundial necesita espacios geográficos intensivos para la acumulación de capital donde puedan desplegarse ventajas logísticas, aduanales, fiscales y de infraestructura -como las Zonas Económicas Especiales- que reduzcan el tiempo de circulación de los bienes que produce el capital trasnacional y aumenten de esa forma sustancialmente su tasa de ganancia, como parte de la reestructuración capitalista mundial. Con dicho fin, América Latina vive la transición y la disputa entre la dinámica concentradora de tierras para el Agronegocio, que hace uso de economías de escala y de grandes apoyos gubernamentales para la producción y la circulación de sus bienes y por el otro una economía campesina e indígena que apuesta fundamentalmente a la generación de alimentos y a un manejo del territorio de acuerdo a las agro-culturas y cosmo-vivencias. Los grandes apoyos estatales al agronegocio y al complejo agroindustrial y minero ha profundizado la crisis agrícola del continente y ha empobrecido el entorno rural en beneficio de los corporativos internacionales y el capital financiero. En esta transición del dominio energético y financiero de la producción agrícola, somos testigos de la incorporación de alimentos y materias primas en objetos de especulación como estrategia de dominio y de altas ganancias de empresas agroalimentarias, energéticas y financieras. La demanda de energía -y no la de alimentos- es la que poco apuntala la generación de los precios agrícolas en nuestro continente.(Rubio, 2014)
Como parte de esa estrategia aparecen las Zonas Económicas Especiales como áreas dentro de los países que tienen una normatividad especial que beneficia a empresas del capital trasnacional y a las cuales se les proporcionan grandes incentivos en materia tributaria, aduanera o de comercio exterior, de contratación de mano de obra, de reducción de costos logísticos y de subvenciones para el uso de infraestructura.
Ellas son resultado de eso que William Robinson (2007) llama la clase capitalista transnacional. En su impulso intervienen instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el diseño, la instrumentación, la asesoría, entre varias funciones. Además confluyen diferentes intereses capitalistas trasnacionales que se unen para hacer negocios a través de las ZEE.
Para la construcción de los megaemprendimientos de infraestructura pública se dispone del gasto público gubernamental que va dirigido al beneficio de corporaciones extranjeras dentro del proceso de producción flexible del capitalismo global. En los hechos el impulso a estas ZEE obedece a las intenciones de las empresas trasnacionales para mejorar la eficiencia de sus cadenas de producción y por tanto, mejorar la rentabilidad empresarial. Pero en este proceso los organismos supranacionales las promueven como mecanismo eficientes para facilitar el camino al desarrollo de naciones o regiones menos favorecidas.
En el mundo hay más de 3 mil 600 Zonas Económicas Especiales que generan un valor de exportaciones superior a los 850 mil millones de dólares y más de 70 millones de empleos en el mundo. De estas zonas el 13% se encuentran en América Latina, y en países como República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica, las exportaciones desde estas zonas representan más del 40% de las exportaciones totales del país según información de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA,2017).
De acuerdo a datos de AZFA en Latinoamérica hay más de 111 zonas en Colombia, 65 en República Dominicana, 50 en Nicaragua, 39 en Honduras, 32 en Costa Rica, 26 en Ecuador, 20 en Panamá, se planean 9 para México, entre otras.
Se documenta que para 2015 se encontraban instaladas 10 mil 800 empresas en estas ZEE en toda América Latina y que dichos espacios se han convertido en lugares estratégicos para la producción trasnacional con miras a hacer frente a la competitividad industrial, enlazando cadenas globales de valor y mecanismos de facilitación del comercio internacional.
En su diseño espacial el impulso del dominio agroenergetico ocasiona que alrededor de donde colocan las ZEE se instalen complejos agroindustriales y de minería y energía, con lo cual se busca ampliamente la subsunción real del territorio a la lógica capitalista en detrimento de las ontologías socioespaciales de los pueblos indígenas y campesinos.