Este artículo plantea un diagnóstico respecto de la relación entre el Estado punitivo y sujetos juveniles criminalizados, situación que deviene como consecuencia de políticas de seguridad importadas de la doctrina de tolerancia cero estadounidense en el marco del ascenso del neoliberalismo. La mirada está puesta desde y hacia Latinoamérica, más específicamente desde Argentina, para acercar ejemplos, situaciones y relaciones de poder. De allí, quedan los interrogantes para pensar qué Estados y qué democracias debemos construir en clave de transformación social.
Las políticas impulsadas por el libre mercado generan condiciones de vida que expulsan a grandes sectores poblacionales a los márgenes de la sociedad, tanto en términos económicos, como sociales y culturales. La estigmatización, criminalización y eliminación de determinados grupos de personas es parte de ese proceso. Y el poder punitivo es la herramienta que representa la respuesta política de un Estado sobre el que impera el mercado.
La clase trabajadora es el nudo afectado en este sentido, ya que sobre ella pesan las medidas económicas flexibilizantes. Se ve así afectada su participación en el sistema laboral, la posibilidad de acceso a condiciones formales de empleabilidad y, como consecuencia, a un de un proyecto de vida. Así, de la misma forma que las políticas de desregulación económica tienen como principal variable de ajuste a los sectores populares, el Estado en su cara punitiva aparece como contraparte. Y también hace foco en el sector más postergado de la sociedad.
De esta manera se evidencia una relación determinada entre los sectores populares y las agencias de “seguridad” en el interior de los barrios, así como se observa la construcción del “sentido común” sobre el enemigo que coopta distintos sectores, y se generan políticas en materia de penalidad, que surgen como formas de “abordar” el delito.
Estas políticas de seguridad fueron importadas de la doctrina de tolerancia cero estadounidense en el marco del ascenso del neoliberalismo dentro del modo de producción capitalista. Es decir, la desregulación económica y de aumento de la penalidad fueron expandidas en mayor y menor medida a distintos países. Por lo que sus consecuencias y su aplicación deben analizarse en clave regional y local, para ser atendidas.
En ese sentido, este trabajo se ubica en el marco de las discusiones sobre la violencia estructural propia de sociedades desiguales como las latinoamericanas. Partiendo de la premisa de que los dispositivos represivos y coercitivos afectan a ciertos sectores con condiciones previamente originadas, como la precarización de su vida y la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, la disminución de opciones, junto a procesos de estigmatización y criminalización.
De allí que se presenta aquí un diagnóstico -un estado de situación- respecto a la relación existente entre el Estado punitivo y sujetos criminalizados. Y, con la mirada puesta desde y hacia Latinoamérica, en las estructuras de poder que hacen que eso exista.
De la configuración de los estados de excepción que vivencian vastos sectores poblacionales, surgen interrogantes para pensar qué democracias debemos construir en clave de transformación social. Si la democracia “es una forma de organización del poder social en el espacio público inseparable de la estructura económico-social sobre la cual dicho poder descansa” (Borón, 2006, p.48), merece entonces la atención poner el foco en el funcionamiento de nuestros esquemas democráticos, sus alcances y sus limitaciones.
¿Cómo resolver, entonces, que las mayorías estén condenadas a vivir en condiciones infrahumanas? ¿Cómo alcanzar regímenes igualitarios, libres, participativos y con justicia?
El trabajo aborda en primer lugar características que asumen los estados en materia de políticas de seguridad y cómo, en ese camino, crece el estado penal en el marco del modo de producción capitalista, con una mirada puesta en Latinoamérica y en la Argentina en particular.
A partir de allí, se desarrollan especificidades sobre la relación entre las agencias de seguridad y los sujetos criminalizados, para luego visibilizar el dispositivo carcelario como punto culmine de la política criminal y del desecho de humanos.
Posteriormente, se reflexiona respecto de los alcances y límites de la vida en las democracias construidas en este lugar del mundo, para responder cuáles son posibles salidas a la vulneración de derechos y el descarte de vidas criminalizadas, o consideradas pasibles de ser desechadas.