La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es un organismo dedicado al análisis de las problemáticas sociales que aquejan al mundo, ha tomado como una de sus funciones establecer líneas generales de acción que puedan generar cambios estructurales orientados a resolver problemas como la pobreza, el hambre, la salud, el desempleo y la marginación social; pero, sobre todo, que puedan ser aplicables en distintos contextos. La Misión de la FAO es “alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable”. Esto consiste en “mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial” (FAO, 2006, citado por Gordillo y Méndez, 2013:iv). A partir del reconocimiento internacional de esta función rectora, el vínculo entre los lineamientos trazados por dicha organización internacional y las políticas públicas nacionales es evidente.
Las políticas públicas son los programas de acción que ponen en marcha los gobiernos nacionales para intentar resolver problemas de carácter colectivo a partir de la modificación de las condiciones en las que vive la sociedad. En el caso de México, el Derecho a la alimentación que fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) desde 1966, fue integrado a la Constitución Política Nacional hasta el año 2011 al modificarse los artículos 4° y 27°. Sin embargo, en dichas modificaciones el Derecho Nacional no lo aborda como una obligación del gobierno, sino como una prestación entre particulares, por lo cual únicamente se asume la responsabilidad y participación del gobierno en el ámbito de la Asistencia Social destinada a la población en condiciones de vulnerabilidad.
En este sentido, la política alimentaria es aquella encargada de garantizar el derecho a la alimentación y que se caracteriza, en el caso de México, por la entrega de despensas –alimentos en especie- o, mayoritariamente, por la entrega de recursos económicos condicionados a través de programas específicos. Dentro de este marco, el trabajo que se propone tiene como objetivo brindar un acercamiento a los impactos que han tenido las políticas alimentarias en los saberes alimentarios locales en dos poblaciones de origen totonaco en Veracruz, México. Si bien las dos poblaciones elegidas para llevar a cabo este trabajo ya no son hablantes del totonaco ni se consideran a sí mismos indígenas, ambas fueron catalogadas como poblaciones indígenas en un pasado reciente y ambas se consideraban poseedoras de una tradición culinaria particular vinculada de forma muy profunda con el ciclo agrícola y estacional, que incluía la recolecta de productos silvestres.
La investigación que fundamenta los resultados que se exponen, inició el 1 de agosto del 2017 y ha concluido su primera etapa en marzo del 2018. Con apoyo en cuatro entrevistas colectivas y doce entrevistas a profundidad aplicadas a pobladores hombres, mujeres de cada una de las localidades en estudio: San Marcos Atexquilapan, del municipio de Naolinco, Veracruz y la cabecera municipal de Jilotepec, Veracruz, busco demostrar que la política alimentaria de transferencia condicionada de recursos que consiste en proporcionar de manera regular dinero en efectivo para mejorar las condiciones de los niños en situación de pobreza bajo ciertas condiciones con el fin de romper el ciclo autoreproductivo de la pobreza, ha tenido un impacto positivo en el peso y talla de los niños y ha sido efectiva para mejorar las condiciones de vida de las familias de bajos ingresos en ambas localidades. Sin embargo, los saberes, la seguridad y soberanía alimentaria, su organización social y su organización para la producción se han visto afectados de manera contundente, pero diferenciada, en cada una de las poblaciones analizadas.