En los años ochenta, el escritor peruano Augusto Salazar Bondy, afirmó que el pensamiento latinoamericano es una “novela plagiada”. La expresión se refiere a que las filosofías y saberes nuestro-americanos han sido silenciados y opacados por una matriz colonial del conocimiento que privilegia un orden geopolítico en el que el pensamiento occidental, europeo y norteamericano, ocupan una posición dominante: desde la fractura del mundo entre Europa y la periferia, producida por los procesos de colonización y aculturación , hasta la anexión de Estados Unidos como actor determinante en la política global , el papel de Latinoamérica en la estimulación y producción de saberes propios, ancestrales y contemporáneos, ha sido terciario y marginal.

El conocimiento jurídico es un ámbito útil para ilustrar las condiciones coloniales que cifran el intercambio desigual de saberes entre epistemes de diferentes latitudes. A pesar de que las naciones de Suramérica se independizaron de facto, el conocimiento jurídico occidental se mantuvo en el campo de lo simbólico como parte del proceso de construcción de los nuevos estados. Como referencia (Pérez Perdomo, 2004), tanto las primeras constituciones como los primeros programas universitarios de derecho latinoamericanos, tenían una evidente intención mimética de los postulados, referencias, libros e ideas que provenían de Occidente. El lenguaje y los saberes idiosincráticos han sido ocultados y deslegitimados desde los inicios de nuestra vida republicana.

Daniel Bonilla ha denominado esta situación como el modelo colonial de las ideas jurídicas, caracterizado por i) la universalidad de la filosofía jurídica occidental y el efecto exclusivamente local del derecho y la filosofía provenientes de América Latina y ii) por la construcción de dos sujetos enunciadores del discurso jurídico, sujeto metrópoli (del norte global) y sujeto colonial (del sur global) (Bonilla Maldonado, 2015). La relación vertical entre diferentes epistemologías plantea un escenario geopolítico adverso para la construcción de un campo jurídico vernáculo que reconozca las realidades plurales, en lo cultural y en lo social, que atraviesan al continente nuestro-americano.

No cabe duda que la reproducción de esta relación de poder depende, en buena medida, de la formación de abogados en los países latinoamericanos. En nuestro continente, la educación jurídica está fuertemente mediada por la hegemonía del conocimiento jurídico producido en el Norte Global, lo cual influye en un abuso recurrente de la figura del transplante como forma de solucionar coyunturas y encrucijadas filosófico-jurídicas, institucionales, legislativas y jurisdiccionales. Esta obsesión mimética trae como consecuencia la construcción de un discurso jurídico prestado, unívoco e indiscutible, que no permite una emancipación e independencia epistémica del pensamiento jurídico suramericano, ni tampoco responde a los desafíos, fenómenos y problemáticas socio-culturales que debe afrontar el derecho como herramienta de lucha y emancipación contra las situaciones de injusticia.

En el caso de Colombia, la enseñanza del derecho ha contribuido a la edificación de un discurso jurídico basado en los postulados del positivismo filosófico y ius-jurídico y el trialismo jurídico de raigambre occidental, y en las relaciones de poder económicas y culturales que influyen en su configuración. Esto ha traído como consecuencia la aplicación de modelos y prácticas pedagógicas orientadas a la formación de abogados con i) escaso interés en las realidades socio-culturales problemáticas (desigualdad, poder, discriminación), ii) fuerte simpatía por el culto a la dogmática jurídica y a la vigencia o validez de las normas, iii) nula vocación hacia el trabajo social (activismo judicial, litigio estratégico, uso alternativo del derecho) y querencia por labores vinculadas al sector empresarial y privado con alta remuneración y prestigio social y iv) una apatía hacia la investigación jurídica trans-disciplinar que involucre un diálogo horizontal con otras áreas de las ciencias humanas.

La reflexión pedagógica y crítica que presentaré parte de la decisión de desafiar el conocimiento moderno-eurocéntrico del derecho y a las prácticas educativas que lo reproducen; de volcar la curiosidad hacia otros posibles enunciados de verdad que son negados o escondidos por un discurso jurídico ajeno y hermético. Pretendo que los sujetos políticos (sean estudiantes, abogados, ciudadanos o subjetividades ancestrales o contemporáneas) puedan apropiarse del discurso jurídico, para escudriñarlo y pensarlo; para desarmarlo y re-edificarlo.

Estudiaré, describiré y categorizaré las prácticas educativas comunes que se aplican en las facultades de derecho colombianas y de América Latina, tomando como referencia nuestra propia experiencia como sujeto educativo y las referencias bibliográficas primarias y secundarias que nos llevan a afirmar que los paradigmas del conocimiento jurídico (de origen occidental), iuspositivismo y trialismo jurídico, determinan las reglas de constitución del discurso jurídico latinoamericano, y definen las praxis educativas necesarias para que los nuevos sujetos de enunciación, los discentes en derecho, perpetúen en el tiempo la apatía hacia la crítica y la imaginación. En otras palabras, partiré de un argumento fundamental: la corriente filosófico-jurídica que ha influenciado la construcción y aplicación de un sistema de derecho determinado, ejerce una alta incidencia en las condiciones de posibilidad de la educación jurídica.

Transversalmente, formularé un cuestionamiento a la idea unidimensional del discurso jurídico positivista, para lo cual utilizaremos las herramientas metodológicas del análisis del discurso, con el fin de establecer los elementos fundacionales, instrumentos de control (ritual y disciplina) y hegemonías teóricas y prácticas que determinan los linderos del conocimiento jurídico nacional. Finalmente, y desde una perspectiva pedagógica crítica-transdisciplinar, propondré nuevas praxis educativas que aporten a la reconfiguración la educación jurídica en América Latina, en función de un conocimiento plural del derecho y la formación de profesionales con vocación investigativa de fenómenos sociales desde distintas miradas disciplinares, críticos de las relaciones de poder que controlan y determinan el sistema normativo y comprometidos a nivel ideológico y práctico (y no solo teórico) con las luchas populares de sujetos invisibilizados y oprimidos.

Referencias

Bonilla Maldonado, D. (2015). Geopolítica del conocimiento jurídico. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes.
Pérez Perdomo, R. (2004). Los abogados de América Latina. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.