Al final del siglo XX, el contexto de la lucha de clases en América Latina estuvo marcado
por la profundización de las contradicciones sociales y político-económicas resultantes de la
implementación del recetario neoliberal y de la transnacionalización del capital en la región.
En el ámbito de las luchas populares, la disputa hegemónica mantenía el horizonte
emancipatorio de la lucha de clases, al mismo tiempo en que incorporaba otros matrices de la
lucha anticolonial, a propósito de las relaciones coloniales que se erigieron bajo la categoría
raza y los signos de opresión derivados de ella. La denuncia del latifundio, del solapamiento
de la racionalidad epistémica de los pueblos indígenas, la consolidación de la contradicción
histórica campo-ciudad, la disputa por los territorios, entre otras opresiones, es incorporada al
debate político como eje central en el enfrentamiento del Estado moderno.
De esa manera, la transición de siglos presenta dos escenarios de disputa hegemónica: de un
lado, la afirmación de nuevas fuerzas políticas de carácter popular que renuevan a la sociedad
civil en la perspectiva de redefinición de la pauta política, más allá del derecho al voto, con el
enfoque en la participación directa en la construcción y consolidación de un proyecto
democrático popular, o aún en la proposición de proyectos políticos alternos. De otro, la
disputa por la dirección política de los Estados nacionales latinoamericanos enarbolada por las fuerzas políticas nacionales o de carácter transnacional, frente a la crisis del modelo neoliberal y el contexto mismo de agudización de las tensiones en la base popular. En ese doble escenario, se observa la emergencia de un nuevo ciclo de protesta social articulado por organizaciones populares y movimientos sociales urbanos y rurales, los cuales recuperan la crítica social a la política neoliberal y atinan a las consecuencias de la naturaleza
histórica del capitalismo dependiente latinoamericano, especialmente para las poblaciones
indígenas y campesinas. Con respecto a la lucha popular en el campo latinoamericano, se
erigen movimientos políticos emblemáticos, como la insurgencia armada del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en México, el surgimiento del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil y las guerras que se llevaron a cabo en
Bolivia, a propósito de la Guerra del Gas y la Guerra del Agua articuladas por los
movimientos indígenas. En ese mismo periodo surge La Vía Campesina Internacional (LVC)
y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), instancias de
articulación de las organizaciones y movimientos sociales indígenas y campesinos en escala
internacional y regional, respectivamente. En el ámbito de ese debate regional, había el reconocimiento de una problemática histórica común, relacionada al permanente despojo territorial y de una violencia institucional del Estado, que se expresaba en la criminalización de las luchas, en el incremento de la violencia en el campo y en el asesinato de representantes de las diferentes organizaciones. A excepción de los Zapatistas y su opción por la defensa de la autonomía como proyecto político, en los
diferentes países de América Latina las organizaciones articularon plataformas políticas con el objetivo de disputar la hegemonía por dentro del Estado, en el horizonte político de Antonio Gramsci, es decir, de erigir un proyecto democrático popular en la perspectiva del Estado Ampliado, de construir y avigorar una dirección política por la vía del consenso entre
sociedad política y sociedad civil. De ahí que el siglo XXI inaugura un nuevo periodo en la disputa por la democracia y por
proyectos societarios alternos, especialmente en los países del Cono Sur, recién salidos de un largo período de dictaduras militares, de privación de derechos civiles y profunda violación de los derechos humanos. En la geopolítica regional, además de los gobiernos nacidos de procesos revolucionarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el bloque político
institucional de izquierda es conformado con la ascenso político de los gobiernos progresistas, elegidos democráticamente por el voto popular: en Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva – Partido de los Trabajadores – PT (2003); en Bolivia, Evo Morales – Movimiento al Socialismo – MAS (2006); en Chile, Michelle Bachelet – Partido Socialista de Chile (2006); en Ecuador, Rafael Correa – Alianza-PAÍS (2007); en Argentina, Cristina Kirchner – Partido Justicialista (2007); en Paraguay, Fernando Lugo – Frente Guasú (2008); en Uruguay, Pepe Mujica – Frente Amplio (2010).
En ese escenario político tenemos dos grandes núcleos de disputa hegemónica de la izquierda popular en América Latina y el Caribe: el núcleo Bolivariano, articulado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuya principal vanguardia política está representada por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que se proponen una mayor radicalización en el ámbito de las transformaciones sociales y políticoeconómicas, en la transición hacia al socialismo, con la refundación del Estado y procesos de participación popular ampliados, a ejemplo de los plebiscitos populares y la otorga de nuevas constituciones. El segundo núcleo es conformado por los países del ciclo progresista, en particular, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Si bien en el ámbito interno dialoguen con las diferentes tendencias de izquierda, se proponen mucho más un capitalismo de Estado con interfaces social-demócratas y redistribución de la riqueza. En ambos los
núcleos, la lucha de clases es trabada por la vía institucional y la base popular ejerce un papel importante en la presión en favor de una democracia de carácter popular, con la apertura de canales de diálogo y participación por dentro del Estado. La conformación de un bloque de izquierda institucional pareciera favorable en el sentido de una refundación del Estado y del fortalecimiento de una hegemonía política regional, de aproximación y de franco diálogo con la plataforma política del ALBA y del MERCOSUR, fundamentalmente en la concepción de una cooperación internacional basada en la integración social, cultural y político-económica entre los países de América Latina y del Caribe. Asimismo, para un reordenamiento geopolítico de la región en la disputa de proyectos políticos con visas a la soberanía regional frente al dominio imperialista de América del Norte, mayormente de Estados Unidos y de su incidencia en la militarización de países como México y Colombia, como estrategia de control regional. Asimismo, si bien en ese periodo la fuerza popular haya logrado abrir un campo de lucha y una agenda política dirigida a cambios sociales y políticos fundamentales, principalmente en la recuperación de los sentidos de la democracia y en la reivindicación de la participación popular, cabe preguntarse hasta qué punto se consolidó una transformación profunda en los
Estados nacionales latinoamericanos, en el sentido de ruptura con las oligarquías agrarias, con el carácter dependiente de la economía, de enfrentamiento de los padrones de acumulación del capital transnacional que amenazan la soberanía y los territorios de los pueblos del campo. Es decir, más allá de frenar la implementación cabal de la política neoliberal, ¿fue posible establecer una refundación del Estado, en las formas estatales de transición e instauración de una nueva institucionalidad por medio de una profunda reforma político-económica, institucional y cultural radical, que fuese capaz de incorporar al germen democrático las demandas de las organizaciones, en el sentido de promoción de canales de participación política verdaderamente popular? De igual manera, cabe problematizar hasta qué punto se reconfiguraron las políticas internas de cada país, en una perspectiva de innovación, de osadía en los programas de gobierno, en las políticas de Estado, para el logro de una equidad social. Las interrogantes surgen en un momento en que la coyuntura política de la región requiere de las izquierdas latinoamericanas una urgente y necesaria revisión reflexiva y crítica de su trayectoria política, en el sentido de identificar qué factores fueron determinantes para que se desencadenara el regreso de las derechas (sea por el golpe político o por la vía electoral, como el caso de Argentina) y, lo más preocupante, el ascenso de nuevas derechas de carácter autoritario y fascista. De igual manera, para debatir cuáles son los límites y los equívocos de la conciliación de clases – opción estratégica del ciclo progresista – y qué desafíos lanza a las organizaciones de la base popular en el marco de la lucha de clases y de las vías para la
consolidación de un proyecto político popular emancipatorio. Frente a este escenario, en la presente ponencia me propongo a tejer algunas consideraciones para el caso específico de Brasil, con el objetivo de confrontar y problematizar lo que la
experiencia política de los gobiernos de la izquierda progresista demuestra con respecto a los avances, rupturas, articulaciones, complementariedad y continuidades en el ejercicio de la democracia en perspectiva popular asociada a una lucha social emancipadora. Con respecto a las especificidades de las luchas populares en el campo latinoamericano, es fundamental elucidar las reconfiguraciones de la cuestión agraria y el papel del campesinado en la disputa hegemónica durante los gobiernos progresistas y, sobre todo, en el actual contexto de enfrentamiento del reascenso de las derechas y del autoritarismo en los contextos de golpe o de crisis de dirección de los gobiernos populares.