En términos del artículo 98 Constitucional, la ciudadanía se ejerce a partir de los 18 años, posicionando a la edad como un criterio habilitante para acceder a las prerrogativas que comporta ser un ciudadano. El estatus de ciudadano del precepto constitucional en mención, se limita al ejercicio de participación política, y refleja la noción rígida de lo que se define como ciudadanía política. Por ejemplo, poder ejercer el derecho a participar en las decisiones institucionales a través del voto, desconociendo que este es apenas uno de los varios mecanismos que tienen los colombianos para tomar partido en el diseño social y político del país. No obstante, existen otros métodos de participación que no necesariamente se circunscriben a lo político, como el ejercicio de las libertades individuales desde el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el control social a las actuaciones de los gobernantes, las diversas formas de manifestación de los intereses populares, entre otros, .
Así mismo, el vínculo entre individuo - ciudadano, con el Estado, no puede limitarse a un factor político ni mucho menos cronológico, pues lo que se busca es generar una relación constante, que robustezca el factor democrático del modelo de Estado Social de Derecho, en donde la ciudadanía, se comprenda como el ejercicio de libertades individuales a través de la garantía de sus derechos civiles, sociales y políticos en consonancia con el cumplimiento de deberes constitucionales, tal y como lo concibe Marshall desde el concepto de ciudadanía social.
El propósito de esta ponencia es justamente demostrar cómo en Colombia, jóvenes, que aún para la constitución no se consideran ciudadanos, han logrado re posicionar el límite de la ciudadanía desde el ejercicio de sus libertades individuales enmarcadas en sus derechos sexuales y derechos reproductivos, demostrando que a través de diversos escenarios de participación están en capacidad de construir la sociedad que necesitan. La gestión de conocimiento a partir de la implementación de acciones de 25 jóvenes en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, permitió identificar necesidades legítimas respecto de su salud y de sus derechos, que por obligación el Estado debe cubrir, y se interesó por lograr cambios políticos en favor de ellos y los jóvenes de su territorio. Este grupo de jóvenes se conoce como “Multiplicadores en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, y conciben la sexualidad como un determinante de mayor contribución en su proyecto de vida.
Entre los logros del grupo de jóvenes, se encuentran varios por destacar. En primer lugar, constituirse como la primera veeduría de Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes y Adolescentes de Rionegro. Esta veeduría hizo seguimiento a los prestadores de servicios de salud del municipio sobre el cumplimiento de los lineamientos que el Ministerio de Salud de Colombia realizó en materia de Servicios Amigables. En segundo lugar, emitió recomendaciones que sirvieron para mejorar la prestación del servicio. Este ejercicio de control social, los posicionó como referentes de la garantía de los derechos de los jóvenes, y les permitió incidir directamente sobre las decisiones que los gobernantes adoptaros en torno a esta materia.
En síntesis, ésta primera experiencia representó el impulso y motivación para que en la actualidad estén formalmente constituidas 15 veedurías en derechos sexuales y derechos reproductivos en distintos municipios de Colombia, cuyos protagonistas son jóvenes entre 14 y 28 años de edad, y quienes gozan de reconocimiento institucional por ser actores políticos y sociales influyentes en sus respectivos territorios.
Esta experiencia puede identificarse como una oportunidad para avanzar y repensar la ciudadanía política más como una ciudadanía social. Lo anterior es un ejemplo de cómo la concepción constitucional de ciudadanía política se relativiza cuando los jóvenes deciden participar en la transformación de la realidad de su entorno desde el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esto obliga tanto al Estado como a la sociedad a repensar el enfoque político que se le ha otorgado al individuo para reconocerlo como ciudadano, pues queda demostrado que debemos transitar hacia una ciudadanía social, en la que se apele a la igualdad material para legitimar todas las formas de participación de cara a la garantía de los derechos sociales, civiles y políticos de los individuos en tanto ciudadanos .
El siguiente link amplía la información de la experiencia de los jóvenes del municipio de Rionegro.
http://iapreport.org/files/Profamilia_Colombia.IAP2017Report_submission.pdf