No es posible comprender el rol marginal que han tenido las luchas socio-ambientales en Venezuela sin tomar en cuenta el particular desarrollo económico de una nación petrolera, que entre 1928 y 1970 llegó a ser la principal exportadora de crudos del mundo. Dicho proceso histórico configuró un marco político, socio-cultural y geográfico en el cual han prevalecido poderosamente el Petro-Estado y la economía rentista petrolera, valoraciones sociales muy vinculadas a los mitos del petróleo y unos patrones de asentamiento muy sesgados hacia la forma urbana en la zona norte costera del país. Estos factores han creado condiciones para que en las expectativas, imaginarios y demandas sociales, así como en el debate político, la dimensión ambiental fuera en buena medida relegada.
Los movimientos y reivindicaciones ecológicas más interesantes van emergiendo en la década de los años 80 y 90, como lo fueron las movilizaciones en defensa de la Reserva Forestal del Imataca a fines de los 90, la emergencia de las ‘Juntas Ambientales’, las luchas de la comunidad de El Hornito contra PDVSA en los puertos de Altagracia en el estado Zulia, el rol aglutinador de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (FORJA), la coalición de organizaciones que lucharon contra la contaminación petrolera de la British Petroleum en Pedernales en el Delta del Orinoco, o el surgimiento de la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, por mencionar algunos casos.
Este tejido se verán impactado y/o resignificado de una u otra forma por la instauración de la Revolución Bolivariana a partir de 1999. A pesar de que en este proceso político, el asunto ambiental toma una mayor relevancia tanto en las políticas públicas (consagración de derechos ambientales en la Constitución Bolivariana del 99, Ley Orgánica del Ambiente de 2006, el impulso de las Mesas Técnicas de Agua, la Misión Árbol y Misión Revolución Energética, entre otras), como en el imaginario social (posicionamiento del tema en los debates de organizaciones populares, vocería crítica en las cumbres de cambio climático y la asunción de la bandera del ‘eco-socialismo’), el régimen de acumulación de capital, de gobernanza de los bienes comunes y de relacionamiento y valoración de la naturaleza se conformó en torno al relanzamiento y expansión del extractivismo en el país. Los focos principales han sido en un principio los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (que podemos entender como uno de los “extractivismos extremos”), a lo que ahora se le suma el Arco Minero del Orinoco, y en general el asalto a las nuevas fronteras de las commodities.
Mientras se replicaban y crecían los impactos socio-ambientales en el país –en nombre del socialismo–, transfiriendo especialmente los costes ambientales a los sectores más pobres de la sociedad criolla y a las comunidades indígenas, los diferentes ecologismos venezolanos entraban en una significativa diatriba entre apoyar o no al Gobierno nacional. Es necesario subrayar que, en los primeros períodos del proceso bolivariano parecía que la agenda de las organizaciones de tendencia ambientalista se convertía en política de gobierno y diversos movimientos comenzaron a canalizar sus demandas por la vía institucional. Al calor de la posterior propuesta ‘eco-socialista’, fueron surgiendo nuevas organizaciones de este tipo, provenientes de las bases populares comprometidas con el proceso político, pero que generalmente no tenían las pretensiones de un ecologismo radical ni mucho menos un carácter autónomo. El proyecto del presidente Chávez tendría la fuerza para aglutinar al grueso de las expresiones ecologistas contrahegemónicas, lo que en teoría los potenciaba ante su histórica tendencia a la dispersión. Al mismo tiempo, las amenazas de un regreso de los viejos grupos políticos que gobernaron en tiempos anteriores, si llegara a caer el Gobierno Bolivariano, les planteaba a estos movimientos el mandato de “cerrar filas” ante el “enemigo”.
En este marco, serán examinados, por un lado, el rol del Gobierno bolivariano no sólo en la intensificación concreta de las estructuras de desigualdades en la distribución ecológica y de la injustica ambiental, sino también su incidencia en la composición, potencialidad y carácter de las luchas, movimientos y demandas socio-ambientales en este proceso político. Por otro lado, se evaluará el impacto que este conjunto de luchas ha tenido no sólo en sus reivindicaciones territoriales específicas, sino también en el proceso político a escala nacional y en las discusiones sobre el modelo de desarrollo. Sostenemos que, mientras que por un lado se abrió una veta ecológica, de naturaleza burocrática, corporativa, cosmética y retórica, otra con el potencial de autonomía, crítica, radicalidad y disputa se ha venido clausurando, teniendo esta última como herencia histórica el crecimiento y fortalecimiento que los ecologismos venezolanos habían experimentado en la década de los años 80 y 90. El ecologismo dominante surgía fundamentalmente de las instituciones estatales.
En el período que se inicia desde 2013 hasta la actualidad, donde se desarrolla una extraordinaria crisis multidimensional –siendo la muerte del Presidente Chávez y el derrumbe de los precios internacionales del petróleo, factores clave de este proceso– y el colapso del modelo petrolero instalado desde hace una centuria, se ha modificado significativamente el escenario político, generando nuevos elementos críticos que intensifican numerosos conflictos socio-ambientales y potencian la aparición de otros. La gravedad del derrumbe económico, el descrédito de los partidos políticos, el desgaste del Gobierno bolivariano y la progresiva flexibilización económica y subasta de territorios al capital foráneo que éste está impulsando, han planteado una redefinición de la diatriba apoyo/oposición a la que se han enfrentado los ecologismos del país respecto al poder constituido, lo que revela el potencial surgimiento de nuevos mapas políticos y coaliciones en disputa. El crecimiento de posturas críticas al extractivismo gubernamental –sobre todo a partir del relanzamiento formal del proyecto del Arco Minero del Orinoco en 2016–, se combina con la prevalencia de la fragmentación de las organizaciones sociales y, por tanto, aparecen en el escenario una amplia multiplicidad de opciones, fragilidades y potencialidades y elevados niveles de incertidumbre.
Sostenemos que los conflictos e impactos del extractivismo han alcanzado en la actualidad un alto nivel de complejidad, en la medida en la que se han robustecido las economías informales (como la minería ilegal) y se ha sofisticado del accionar de grupos delincuenciales y bandas criminales, los cuales tienen cada vez mayor incidencia en la distribución ecológica, especialmente en la extracción y tráfico de oro, diamantes, coltán, madera y especies protegidas, entre otros, lo cual ocurre en buena medida en las nuevas fronteras de los commodities. A su vez, emergen nuevas configuraciones en el mundo indígena, nuevas modalidades de gobernanza (estados de excepción selectivos, zonas económicas especiales, etc.), que deben también ser evaluados en el contexto de agotamiento del progresismo en América Latina. En este sentido, nos preguntamos cuáles pueden ser los perfiles y roles de las luchas, movilizaciones y valoraciones socio-ecológicas ante estas tendencias, y su posible radicalización en forma de conflictos masivos de muy alta intensidad, con alta incidencia geopolítica.