El presente trabajo desarrollará la experiencia de la cooperativa de ex detenidos “Las Termitas”, interrogándola desde la perspectiva de la comunicación, de los conflictos que se articulan en la trama cultural y las resistencias que moviliza. Se verá que esta experiencia forma parte de distintas estrategias y procesos organizativos que motorizan los/as liberados/as con el fin de habilitar su propia inclusión social; lo que permitirá analizar algunos aspectos del tránsito de la cárcel hacia la calle.
El recorrido del análisis propuesto tendrá tres partes: en primer lugar, una breve caracterización de la salida en libertad, entendiéndola como una de las claves para pensar la cárcel más allá del territorio carcelario. En segundo lugar, se verá qué organismos estatales se desempeñan en la función de acompañamiento de los/as liberados/as y qué precedentes existen como experiencias de cooperativismo de ex detenidos/as (ubicando las cooperativas de liberados como trabajos de la economía popular). Por último, analizaré el caso puntual de la cooperativa de carpintería “Las Termitas”, del barrio platense de Los Hornos.
Pensaremos la cárcel no como el “el último orejón del tarro” sino como "un eslabón más de una larga cadena a través de la cual se perfilan y modelan trayectorias vulnerables que incapacitan a las personas referenciadas como productores de riesgo, para hacer valer sus derechos” (Rodríguez Alzueta y Viegas Barriga, 2015: 8). Es decir que para comprender la cárcel y los efectos de la prisionalización, debemos pensarla más allá del territorio carcelario, como parte de un círculo de políticas de disciplinamiento selectivas que incluyen la estigmatización de los sectores populares (en particular, de la juventud), los cacheos policiales, los institutos de menores, las detenciones en comisarías, la privación de la libertad en cárceles, los traslados arbitrarios entre diferentes unidades penales. Y una vez en libertad, el regreso a un contexto de vulneración de derechos, con el agravante de los antecedentes penales, cuyos efectos caducan diez años después de cumplida la condena (Art. 51 del Código Penal). Así, las experiencias de los/as liberados/as se enmarcan en trayectorias de vida vulneradas, que a su vez se inscriben en una trama simbólica, puesto que las representaciones sociales que la sociedad construye sobre los jóvenes de los sectores populares configuran estigmas de peligrosidad, enemigos sociales, otredad; discursos sobre los cuales se asienta la selectividad penal.
La ley 10.430 de la Provincia de Buenos Aires dispone de un estatuto para la Administración Pública en donde plantea como condición para el ingreso no tener un proceso penal pendiente o haber sido condenado por hecho doloso (art. 3, inciso b). En el año 2011, la ley 14.301 estableció una proporción no inferior al 2% de la totalidad del personal del Estado provincial, sus organismos descentralizados y empresas estatales para personas que hayan cumplido más de cinco años de privación de libertad y cumplan con los criterios establecidos por la ley 10.430. Considerando que en las cárceles priman las condenas relativamente cortas —el 10% de los/as detenidos/as tuvo una condena de hasta tres años, y el 35% de tres a seis años (SNEEP, 2015)—, los/as liberados/as en condiciones de acceder a la administración se reducen a casi la mitad de la población carcelaria. Además, esta ley contempla las salvedades que se establecen en las reglamentaciones estatales, por lo que deja algunos grises para contratar a liberados/as.
Por otra parte, el seguimiento de los/as ex detenidos/as se lleva adelante mediante el Patronato de Liberados (Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires). El organismo cuenta con distintos programas de asistencia y tratamiento, entre los cuales se destaca el Programa Pospenitenciario de Inclusión Social (POSPE) para liberados “tutelados”. Algunos elementos que dificultan el acceso a este programa son la falta de información sobre la forma de incorporación, dificultades en la tramitación requerida, los requisitos para solicitar el programa (por ejemplo, conseguir presupuestos) y el tiempo transcurrido entre la solicitud y la adjudicación del subsidio. Por otra parte, los recursos con los que cuenta el patronato para la financiación de sus programas sociales representan una capacidad de cobertura de sólo el 8% de la población a la que supervisa (Pocai, 2014: 109).
La cárcel implica la (re)producción de identidades y trayectorias sobrevulneradas: los problemas laborales previos se ven acentuados, derivando en que la salida más potable para los/as liberados sea a través de la economía informal. Esto posibilita variadas experiencias organizativas que, si bien presentan importantes dificultades, constituyen una demostración de la capacidad de agencia y resistencias en el momento de reposicionamiento en la trama comunitaria.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) comenzó a tratar la problemática de los/as ex detenidos/as recientemente, a través de la creación de la Secretaría de Ex Detenidos y Familiares (SEDyF). A partir de su vinculación con dicha secretaría, la cooperativa “Las Termitas” y otras cooperativas definieron integrar la CTEP.
Emilio Pérsico (2014: 31) define la economía popular como “el conjunto de actividades laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir afuera del mercado formal” e incluye entre sus características el mínimo capital constante, la tecnología obsoleta, la baja productividad, la informalidad en el intercambio y las condiciones precarias. En este marco —el de los/as trabajadores/as excluidos/as del mercado formal— se podría ubicar el asociativismo de liberados/as.
“Las Termitas” es una cooperativa de carpintería que surgió a principios del año 2017 impulsada por la organización en cárceles Atrapamuros. Actualmente funciona con cinco integrantes y posee un taller ubicado en el barrio de Los Hornos, La Plata; donde trabajan con herramientas que proveyó el Patronato de Liberados y sostienen su trabajo en base a la articulación con la CTEP. Las decisiones que involucran a la cooperativa son tomadas en asambleas semanales y las remuneraciones mensuales son equitativas. La definición de conformar una cooperativa se tomó por los principios del cooperativismo (equidad, condiciones dignas de trabajo, entre otras) así como la exención de determinados impuestos como el Impuesto a las ganancias e Ingresos Brutos.
A fines de 2016, la CTEP consiguió la aprobación de la Ley de Emergencia Pública, que establece la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019 de la emergencia social. La ley tiene por objeto garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario y cobertura médica —entre otras garantías otorgadas a los trabajadores formales en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional— para los/as trabajadores/as de la economía popular.
Para esto se creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (SSC): una ayuda económica de $4.030 mensuales (equivalentes al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil). Así, la CTEP apunta a la regularización progresiva de los trabajos informales a través de políticas públicas que reconozcan a las cooperativas como actores estratégicos para la inclusión social de los sectores populares.

Nuestra identidad de liberados: resignificación de un estigma

Analizaremos el testimonio de Marcelo Magallanes, fundador de la cooperativa y militante de Atrapamuros, para acercarnos a las estrategias que construyen los/as liberados/as con el fin de habilitar su inclusión social y la de otros/as que pasaron por su misma situación. En palabras de Marcelo: “Nosotros no ocultamos nuestra identidad de liberados, al contrario: decimos que estuvimos presos y tuvimos que inventar nuestro propio trabajo para poder vivir porque hay una ausencia de políticas del Estado para nuestra inserción laboral y educativa”. Así, las cooperativas de liberados implican una resignificación de la condición de ex detenido/a, identificándose ya no sólo con una forma de producción (el cooperativismo) sino con la experiencia de haber pasado por la cárcel. En este sentido, la inclusión de otros/as liberados/as, así como la decisión de referenciarse como ex detenido/a, no pueden disociarse de las condiciones contextuales en las cuales se inscriben: aparecen como disputa ante la asociación generalizada de esos individuos con determinadas prácticas delictivas, ancladas en una sociedad donde la inseguridad ocupa un lugar central en la percepción de los problemas nacionales; ya que las representaciones del delito están estrechamente vinculadas con su representación en los medios, los cuales impactan en la agenda de preocupaciones, orientan las acciones públicas y contribuyen a las sensibilidades de la época (Kessler, 2012: 24).

¿Qué sucede cuando las personas que salen de las cárceles de la provincia de Buenos Aires buscan reposicionarse en la trama social comunitaria? ¿Qué relación existe entre las experiencias organizativas de liberados/as y la inclusión social?
A partir de estas preguntas, veremos cómo se desarrollan estas apuestas colectivas para crear posibilidades laborales por fuera del círculo de la violencia y el delito. Así, el relato de las trayectorias de vida de las personas ex detenidas que componen las cooperativas será nuestro recorte, mediante el cual intentaremos abordar, a partir de una problematización de las estructuras opresivas carcelarias, una discusión sobre las relaciones de poder, y por ende, del orden social en su conjunto.