El Estado social y democrático de derecho pone en hombros de las instituciones dotarlo de vida ante la ciudadanía, cobrando sentido en su misión, plasmada como el propósito de cada una de ellas: el “para qué” de su existencia. Así, para ponderar la presencia o ausencia de calidad a nivel público institucional cabe identificar, inicialmente, cuál es su específica misión y analizar su cumplimiento efectivo como también el modo en que alcanza dicho resultado, evaluando tiempos y recursos insumidos que dan cuenta de su eficiencia. Asimismo impera deconstruir su manera de informar y comunicarse con los destinatarios del servicio público prestado: el “para quién” de su misión; en aras a propender a la mejora continua de sus procesos internos con impacto a nivel social o externo.
Ahora bien, esta perspectiva sistémica no puede desconocer que los engranajes que le dan vida a la misión institucional son las personas que trabajan en su seno, con diversas responsabilidades, desde variadas funciones y tareas. Por lo que pensar en su formación desde los conocimientos, habilidades y actitudes resulta una asignatura impostergable para dotar al Estado de calidad institucional.
La propuesta que aquí se plantea, pretende analizarlo desde la perspectiva del Derecho y la Justicia, tanto para problematizar acerca del capital humano –el recurso más preciado en el espacio público- como para proponer ejes sobres los cuales comenzar a trabajar desde la gestión y planificación.
En La era de la discontinuidad (1969) Peter Drucker dedicó una sección a “la sociedad del conocimiento” y planteó cómo las nuevas tecnologías de la información y comunicación están transformando radicalmente las economías y la estructura de la industria, los productos y servicios, así como los puestos de trabajo y mercados laborales, impactando tanto en la sociedad y la política, como en el modo en que percibimos el universo y a nosotros en él. Lo decía Edgar Morin (1993): “no sólo es que cada parte del mundo forme, cada vez más, parte del mundo, sino que el mundo como todo está cada vez más presente en cada una de las partes”.
Frente a ese panorama la tarea más urgente que se presenta es enseñar a las personas que integran el quehacer estatal, cómo aprender. Pues ante la creciente capacidad tecnológica desarrollada para producir y almacenar cada vez más datos -que circulan transformados en información- cabe construir una sociedad del conocimiento, capaz de apropiarse de manera crítica y selectiva de dicha información circulante.
Ya no prima transmitir contenidos sin antes desarrollar la capacidad para producirlos y utilizarlos. Resulta fundamental no sólo conocer las representaciones que poseen los participantes sobre lo que se les va a enseñar, sino también analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen.
En la vorágine de los cambios la educación siembra tierra fértil para anclar certezas, y en el espacio institucional marca el rumbo hacia un horizonte compartido. Aparece, por una parte, el cambio como producto necesario y dinámico que tiende a evitar conflictos y mejorar las condiciones existentes y, por otra parte, la búsqueda de identidad como responsabilidad trascendental del sujeto (como de la institución que lo contiene y guía su actuar laboral), pues el construirse a sí mismo será refugio y fuente de arraigo.
La cultura del servicio dentro del espacio público, donde cada uno de sus artífices se presente como una mano abierta del Estado en sus diferentes funciones hacia la ciudadanía, es un terreno aún difícil de arar, no sólo a nivel académico sino también a nivel institucional.
Un desafío impostergable constituye guiar y propiamente formar a personas adultas -cuando no, desandar sobre viejos paradigmas para desaprenderlos- a sabiendas que aunque se presuma haber adquirido suficientes competencias para la labor cotidiana, el contexto actual es cultural, económico, social, político, tecnológico y -en consecuencia- jurídicamente distinto de cualquier otro período histórico y supone, por ello, condiciones especiales para el ejercicio de las profesiones en general y de la judicial en particular.
LA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO Y LA JUSTICIA
En democracia se enaltece la ley como expresión de soberanía popular y la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En ese marco, la garantía procesal efectiva de los derechos y libertades requiere la existencia de la Justicia.
Frente al Derecho no debe permitirse que -en la necesaria búsqueda por profundizar tecnicismos, lagunas, interpretaciones y vericuetos de las normas- se soslaye el para qué de su existencia: ser redactado, entendido y aplicado para enaltecer la Justicia. Sólo bajo esos términos podremos encauzar el servicio público en sus órbitas ejecutiva, legislativa y judicial, más aún cuando allí realizan tareas personas que -en buena proporción- son abogados o auxiliares de la ley.
Es inquietante pensar que en prácticamente todas las carreras universitarias existe alguna materia o al menos una unidad relativa a leyes o normas que regulan la actividad profesional de la ciencia en estudio (ingenierías, ciencias económicas, comunicación social, licenciaturas en administración, medicina, psicología, entre tantas otras), no obstante en la de abogacía abundan áreas vacantes de ser enseñadas, que constituyen aristas básicas para la profesión del abogado, sea que trabaje dentro o fuera de una institución estatal.
Habilidades para planificar, gestionar procesos y personas en una oficina, la comunicación interna como así la relación con los medios masivos de comunicación, constituyen algunos ejemplos de aquello; como también el uso de indicadores y herramientas de diagnóstico, la investigación y formulación de políticas y proyectos, sólo por mencionar algunos instrumentos básicos en el ejercicio de la labor de cualquier abogado, más aún si su trabajo se inserta institucionalmente.
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno realizada en el año 2008 en El Salvador) postula que “una gestión pública se orientará a la calidad cuando se encuentre referenciada a los fines y propósitos últimos de un gobierno democrático; esto es, cuando se constituya en una gestión pública centrada en el servicio al ciudadano y basada en resultados”.
La gestión judicial comparte esos principios, los cuales deben fortalecerse a través de pilares fundamentales como el liderazgo en la dirección y la gestión estratégica de la calidad, a partir de los cuales se orientarán sus acciones hacia la plena satisfacción del usuario inmediato de la Justicia (abogados, martilleros, entre otros) así como del destinatario mediato (justiciable) y, esencialmente del destinatario último de la función: el ciudadano.
El modelo de sistema de gestión de calidad en el Poder Judicial tendrá como objetivo primordial establecer estándares de gestión para cualquier área u oficina de la institución, producto de ciclos de mejora continua dirigidos tanto a la satisfacción de los requerimientos externos como a la satisfacción interna frente a la labor cumplida.
Antes de procurar formar personas, impera recubrir a la organizaciones públicas de piel social (en términos de Noelle Neumann en La espiral del silencio), con capacidad para sentir el calor del reclamo ciudadano ante el servicio prestado y el sinsabor de los conflictos sociales canalizados institucionalmente. Pues será sólo a partir de ese “estar en el mundo”, de contextualizar en tiempo y espacio la función pública, que podremos diseñar un perfil del servidor que se necesita para responder adecuadamente.
Y es aquí donde la artesanal labor de la formación cobra valor, como nexo imprescindible entre Justicia y ciudadanía, como quien delinea qué personas necesitamos para satisfacer la demanda social con una mirada prospectiva frente a los cambios de paradigmas sociales e institucionales. Implica zambullirse en la cotidianeidad de hombres y mujeres junto a sus problemáticas, necesidades y derechos envueltos en el contexto actual, para desde allí diseñar el mejor modo de darles respuestas céleres y de calidad.
Enaltecer la educación recubriendo a la Justicia y a los distintos espacios públicos de genuina piel social no implica marcar fronteras más cerca o más lejos de la verdad, sino sólo formular preguntas capaces de abrirnos nuevos senderos de búsqueda y encuentros. Se escuchó decir a José Mujica, ex Presidente de Uruguay, en palabras dirigidas a intelectuales de su país: “me gusta pensarme como alguien que le gusta darse baños en piscinas llenas de inteligencia ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con mis pequeños saberes, mejor. (…) Lo que digo no lo digo como hombre sabedor, sino buscando junto con vosotros´. (…) Lo digo buscando, porque sólo los ignorantes creen que la verdad es definitiva y maciza (…) Hay que buscarla porque anda corriendo de escondite en escondite. Y pobre del que emprenda en soledad esta cacería. Hay que hacerlo con ustedes, con los que han hecho del trabajo intelectual la razón de su vida… Con los que están aquí… y con los muchos más que hoy no están”.
Es tiempo de buscar nuevos mapas para transitar senderos diferentes, aprender otras destrezas para atravesarlos con seguridad, y alinear equipos comprometidos con el servicio para motorizar esfuerzos y multiplicar resultados. Hemos pisado sobre viejas huellas pensando que no existía otro camino ni otra forma de caminar.
