Los cambios del modo de producción capitalista han generado que las condiciones, tanto laborales como espaciales para la reproducción del trabajo y los servicios para la vida, se hayan transformado (Harvey, 1990). El lugar de producción ya no se encuentra en las fábricas, ni la clase obrera es el sujeto social paradigmático que lucha por las reivindicaciones de los derechos sociales. Ante la agudización de las crisis, la relocalización de empresas e industrias y los cambios en las políticas laborales, grandes sectores de la población debieron encontrar maneras no sólo de subsistir, sino de integrarse a estas nuevas dinámicas. Estas actividades, fuera de los marcos teóricos clásicos, son catalogadas como informales, marginales, atrasadas, ineficientes y en algunos casos ilegales.
En las grandes urbes del sur, la gestión de residuos es una problemática que cobra cada vez mayor importancia. La población recicladora se ha encargado durante generaciones de desarrollar una labor que, aunque poco reconocida, genera múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos. Desde la perspectiva de la política pública tradicional, esta actividad se considera como informal y se busca “corregir” el problema a través de procesos de formalización que desconocen las realidades propias. La ponencia busca analizar los enfoques de integración y los principales obstáculos para las organizaciones de recicladores en Bogotá, buscando ampliar la perspectiva de análisis al introducir una lectura de estos procesos desde la economía popular, que reconozca y valorice no solamente la actividad, sino la participación de los recicladores como actores fundamentales en la co-construcción e implementación de políticas públicas que representen una mejora efectiva de las condiciones laborales y de vida de esta población.
El caso de Bogotá es representativo, puesto que se considera como unas de las ciudades pioneras a nivel mundial en el reconocimiento y la vinculación de la población recicladora al esquema de aseo. A partir de la experiencia desarrollada en la capital y cumpliendo los autos de la Corte Constitucional, en abril de 2016 el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio expidió el Decreto 596 que reglamenta la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. A casi dos años de implementación del decreto, se empiezan a evidenciar las falencias en la implementación de una política pública que desconoce las realidades de la población recicladora y que diagnosticando como problema la informalidad de la actividad, planteo como solución la formalización.
Introducir en esta reflexión la economía popular, inexistente en la teoría socioeconómica dominante, busca aportar al estudio cada vez más necesario de estas actividades para intentar comprender sus límites borrosos y cambiantes. A pesar de encontrarse en una situación ambigua, por lo que se le considera como amorfa, sin consistencia y sin estructura, la economía popular no solo es la principal fuente de empleo en las grandes ciudades del sur global, sino además permite responder a los bienes y servicios esenciales, con precios asequibles para gran parte de la población (Bugnicourt, 2001). Con dificultad podría considerarse la subsistencia de nuestras sociedades, sobre todo en contextos contradictorios de urbanización sin industrialización, en ausencia de esta red como soporte para su funcionamiento. No se trata de una economía exclusiva de pobres, aunque una gran parte de la población en condición de pobreza acude a estas actividades para subsistir. Cada vez más, en esta economía participa un amplio sector de la sociedad que no encuentra oportunidades de trabajo estable y debe recurrir a fuentes complementarias de ingresos.
Con el objetivo de evidenciar las limitaciones de los procesos de formalización, que parten de una concepción informal de las actividades socioeconómicas, como el caso de la labor del reciclaje, la ponencia presentará los obstáculos y los riesgos de fracaso de estas políticas que desconocen las realidades de los sectores y que pueden generar mayores procesos de exclusión y marginación. Inclusive la formalización puede considerarse como una estrategia política para legalizar, controlar e inclusive apropiarse de los excedentes producidos por estas poblaciones.
La reflexión propuesta pretende superar el abordaje teórico dual entre formalidad / informalidad que tiene una larga trayectoria abarcando espectros económicos tanto ortodoxos como heterodoxos. Como afirma Roy (2009), se pueden encontrar análisis desde el populismo neoliberal de Hernando de Soto (2000) hasta la conceptualización gramsciana de la política subalterna por parte de los teóricos postcoloniales, especialmente Partha Chatterjee (2009). La teoría considera la informalidad como un dominio fuera de la legalidad, por lo que se defiende intervenciones en términos de políticas públicas que integren el sector informal con el legal, formal y planificado de la economía política (Giraldo, 2016). Esta perspectiva termina siendo reduccionista, al someter la existencia de una economía informal a una formal (Portes, Castells, & Benton, 1989).
Es así como surge la posibilidad de plantear la economía popular más allá de una concepción informal de la economía. Para Giraldo (2017), la economía popular es un sector estructurado en sus dimensiones económicas, sociales y políticas, cuyas dinámicas deben se comprendidas sin sobredimensionarlas, ni sobrevalorarlas. Se trata de reconocer las articulaciones complejas y contradictorias que subyacen en su interior, haciéndose indispensable la diferenciación entre la economía popular y la economía informal.
Según Favreau y Échette (2002), la reflexión sobre la economía popular y su relación con las dinámicas socio-económicas (desarrollo de comunidades), y las dinámicas socio-políticas (gobernanza local y democracia participativa), ha sido poco abordada. Esto debido a que las teorías dominantes subestimaron durante mucho tiempo factores como: i) La importancia de “la economía local” y su anclaje territorial; ii) la importancia del encastramiento social de la economía; iii) la importancia de las escalas complementarias de desarrollo económico y de la gobernanza de este desarrollo (local, regional, nacional e internacional) y iv) la relación entre la democracia y la economía.
En términos del reciclaje, este se ha considerado tradicionalmente como una actividad informal realizada por una población en extrema condición de vulnerabilidad y cuyos beneficios no son representativos. Sin embargo, paulatinamente se ha producido un cambio en esta visión provocado de una lado, por la transición en el enfoque de la gestión de residuos urbanos, pasando de disposición final (enterramiento en rellenos sanitarios) hacia el aprovechamiento y el reciclaje; y por otro lado debido al estudio del rol de los recicladores en el sur global (Coletto & Bisschop, 2017; Dias, 2016; Gidwani, 2014; Gutberlet, 2013; Jaligot, Wilson, Cheeseman, Shaker, & Stretz, 2016; Samson, 2015).
A pesar de la dificultad en la medición de las actividades informales, y más aún de las actividades del reciclaje en los países de bajos ingresos, en los cuales no existe la obligación y es débil la capacidad de llevar registros, Linzner & Lange (2013) presentan un estudio sobre el tamaño representativo del sector y las estimaciones de su contribución a las tasas de reciclaje y a la creación de empleo. La participación de personas que dependen de esta actividad, caracterizada por un trabajo intensivo, con baja tecnología y bajos ingresos es significativa (Jaligot et al., 2016).
No obstante, al considerar a los recicladores como trabajadores informales se desconoce su rol fundamental en la gestión de los residuos urbanos. A partir de esta premisa se les excluye de la formulación e implementación de la política pública, exponiéndolos al riesgo de perder sus medios de trabajo y de subsistencia. Para Medina (2007) varios mitos rodean la labor de reciclaje, por ejemplo que es un fenómeno reciente, que los recicladores son los más pobres dentro de los pobres, que es una actividad marginal y desorganizada con un impacto económico mínimo, además de considerarla como una molestia que debe ser eliminada junto con los recicladores que no tiene lugar en los sistemas modernos de gestión de residuos. Estas ficciones son la base de políticas represivas, negligentes e ineficientes que generan un impacto perjudicial en las condiciones de trabajo y de vida de esta población.
Mientras la formalización implica una imposición que acentúa la vulnerabilidad de la población recicladora, abordar la integración desde la economía popular significa la construcción concertada la de política pública entre los diferentes actores, aceptando a los recicladores como un interlocutor legítimo. Es necesario reconocer y valorar esta población con la cual el Estado y la sociedad tiene una deuda histórica (Roig, 2017), pero que por la ausencia de voluntad política y de otros enfoques de pensamiento teórico, permanece condenada a una situación de marginalidad que repercute negativamente en todo el conjunto de la sociedad.