En las últimas décadas se observa en España un creciente proceso de mercantilización y externalización del cuidado, como consecuencia del déficit de cuidados que comporta lo que ha venido en llamarse la crisis de los cuidados y de unas políticas públicas de atención a la dependencia del todo insuficientes. La crisis de los cuidados supone el agotamiento del modelo previo de organización social de los cuidados; es decir, supone la crisis del modelo socio-económico y normativo previo que regulaba la asunción de responsabilidades sobre el cuidado, entre géneros y entre generaciones (Pérez-Orozco 2006). Este déficit de cuidados ha comportado cambios en el modelo de provisión de cuidados. Si bien el recurso al apoyo informal dentro de la familia continúa siendo la forma mayoritaria de resolver las necesidades de cuidado (en un 85% de los casos), en las dos últimas décadas empieza a conformarse un modelo de organización social de los cuidados que se sostiene cada vez más sobre la población inmigrante. Desde finales de los 90, coincidiendo con la consolidación del Estado español como país receptor de inmigración, se observa un creciente proceso de mercantilización y externalización del cuidado mediante la contratación de mujeres inmigrantes, frecuentemente en situación administrativa irregular.
A falta de unas políticas públicas adecuadas, el empleo de estas mujeres como empleadas del hogar, resuelve cada vez más las necesidades de cuidado de los hogares españoles. Ello explica el rápido crecimiento del sector en los últimos años, pasando de 350.000 empleados en 1995 a 750.000 en 2010, más del doble en 15 años; si bien es cierto que a partir de 2007 se estabiliza, para descender de manera moderada en los años siguientes (OIT 2013). Se trata de un sector altamente feminizado (90-95%), con una presencia muy importante de mujeres extranjeras. Entre el 50 y el 60% de empleadas del hogar proceden de países extranjeros, sobre todo de América Latina y Europa del este, y en menor medida de África y Asia. La presencia mayoritaria de estas mujeres en el empleo doméstico, así como las condiciones de especial vulnerabilidad a las que están expuestas, se explica por la intersección de distintas políticas gubernamentales: a) las políticas de atención a la dependencia, débiles e insuficientes en el caso español; b) la regulación del mercado de trabajo y, en especial, del empleo doméstico, discriminatoria desde el punto de vista del reconocimiento y protección de los derechos laborales; y c) la regulación migratoria, decisiva en la conformación de un nicho laboral altamente etnificado (Martínez-Buján 2011; Nogueira y Zalakain 2015). En su intersección se asienta la institucionalización de la precariedad e informalidad del empleo doméstico (García et al. 2014).
Esta ponencia aborda los procesos de lucha y reivindicación políticas que vienen realizando colectivos de trabajadoras migrantes por el reconocimiento y dignificación del trabajo del hogar. Si bien, en el marco del Estado español las trabajadoras del hogar y los cuidados tienen una larga trayectoria de lucha por el reconocimiento de sus derechos (la actividad sostenida de la asociación ATH-ELE en Bizcaya es un excelente ejemplo), en los últimos años se observa un incremento de la actividad organizativa y la movilización social, así como un mayor interés por parte de las administraciones públicas en abrir espacios de diálogo y negociación. Un punto álgido de la lucha por los derechos de las trabajadoras es la creación en 2012 del Grupo Turín, una plataforma integrada por diversos colectivos, buena parte de ellos de mujeres migrantes, cuyo principal cometido es instar al Gobierno español a ratificar el Convenio 189 de la OIT y su Recomendación 201, sobre trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticos.
En el contexto de Catalunya, destacan entidades como Sindillar, el primer sindicato (independiente) de trabajadoras del hogar y los cuidados del Estado español, nacido en 2011, con el objeto de defender los derechos laborales de las trabajadoras, abordando de manera central el tema de extranjería. Destacan también otras asociaciones como Mujeres pa’lante, quien desde su creación hace diez años ha asumido como uno de sus ejes centrales de acción la lucha política por los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. En 2016 ambas entidades promueven en Barcelona, junto al Centro Boliviano Catalán, la creación de una mesa de trabajo, la Taula de defensa dels drets de les treballadores de la llar, neteja i cures. El objetivo es coordinar esfuerzos entre las trabajadoras y crear una plataforma conjunta de lucha y reivindicación política. La Taula elabora un documento de trabajo que será negociado con las administraciones. En marzo de 2017 se constituye el Grup de treball per la Dignificació del Treball de la Llar i les Cures, promovido por el Consell d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona, cuyo cometido es elaborar un documento de Propostes per a la dignificació i sensibilització del treball de la llar i la cura de les persones, a presentar a instancias de gobierno más elevadas. A nivel autonómico, se constituye en febrero de 2017 el Grup de treball del Treball de la Llar bajo el amparo de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Las principales demandas que formulan las mesas y grupos de trabajo son: la ratificación del Convenio 189 por parte del Estado español, la derogación de la normativa vigente y supresión del régimen especial, o en su defecto, la modificación substancial de la misma, el reconocimiento de derechos laborales y sociales todavía no garantizados, un mayor y más eficaz control de la Inspección de trabajo, políticas que incentiven la contratación formal y campañas de sensibilización dirigidas a romper con un imaginario social que devalúa el trabajo del hogar y menosprecia los derechos de las trabajadoras.
En esta ponencia sostengo que el activismo político de estos colectivos se ha constituido en los últimos años en uno de los pilares fundamentales de visibilización y denuncia de la precarización y falta de reconocimiento del trabajo del hogar y los cuidados, así como de la vulneración del derecho al cuidado que supone el actual modelo de organización social de los cuidados en Catalunya y en el Estado español. Se trata de mostrar el potencial crítico y transformador de dichas reivindicaciones, cuyo principal cometido sería organizar una lucha conjunta por la transformación radical del modelo de provisión de cuidados y por el reconocimiento del derecho a cuidar y a ser cuidado. El enfoque teórico de la economía feminista me permitirá encuadrar dichos procesos en un marco de debate político y académico más amplio.
