La génesis del conflicto armado en Colombia encuentra como uno de sus factores originarios el control sobre la tierra vinculado con el ejercicio del poder. El problema agrario entendido como un asunto económico-social y, por tanto, político, explica, en parte, la vigencia actual de la búsqueda de alternativas que conduzcan hacia algunos cambios en el campo colombiano como parte de la agenda de conversaciones desarrollada en La Habana, Cuba, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP).

El capítulo uno del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en la medida en que solo recogió alrededor del diez por ciento de las aspiraciones propuestas llevadas por la insurgencia a la mesa de negociaciones, no alcanza a proyectar cambios estructurales que permitan una reforma rural integral de fondo; sin embargo, es importante mencionar que si se diera la realización de sus contenidos, podría alcanzarse una enorme transformación del campo en cuanto a superación de desigualdad, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. La creación del fondo de tierras en una dimensión de tres millones de hectáreas, o lo planteado con respecto a la formalización de todas las tierras en manos del campesinado -comenzando por siete millones de hectáreas-, serían logros de gran impacto; no obstante, sus déficit, hacen que este acuerdo diste de ser una reforma agraria capaz de transformar la estructura latifundista. Habría que precisar que lo acordado también recoge elementos, que si bien, están incluidos en la agenda de política agraria de varios gobiernos, estos nunca se han materializado: superación del abandono estatal del campo, promoción de la distribución equitativa de la propiedad rural a través del impulso de programas de restitución y formalización, y uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación.

De ahí que la disputa por definir un modelo de desarrollo para el campo colombiano se evidencie en la amplia gama de iniciativas que pasan desde el fortalecimiento de la economía campesina, y los planes de salvaguarda étnicos, hasta las zonas de desarrollo empresarial y de interés estratégico para actividades extractivas. Esta disputa se enmarca dentro de los debates de la denominada Nueva Ruralidad, la cual parte de comprender que los límites entre campo/ciudad ahora son más difusos y complejizan la antigua relación dicotómica que asociaba el campo con lo agrario, y la ciudad con la industria y los servicios.

Si bien, el tema agrario ocupó un lugar central en el marco de las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana, donde se dejó plasmada la importancia que los sistemas de producción de economía familiar tienen como garantes del desarrollo económico y productivo, además de la estabilidad política y social; la agenda extractivista que el país ha adoptado avanza a través de despojar los bienes comunes de la naturaleza y domina el discurso desarrollista en los ámbitos político-económicos del país amenazando la materialización de estos objetivos. Esta orientación ha llevado a las instituciones nacionales a adelantar las acciones necesarias para garantizar las inversiones del capital -local como internacional- sobre el territorio.

Algunos antecedentes aparentemente inconexos se relacionan con la gestión internacional, así como parte de las negociaciones adelantadas por los gobiernos del país para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ésta ha realizado recomendaciones, varias de ellas relacionadas con la gestión ambiental y derechos relacionados con la tierra y su uso, temas consignados en el eje de desarrollo territorial y agropecuario de dichas negociaciones. La OCDE recomendó varios ajustes en el licenciamiento ambiental, y en particular, en el sector de minería. Colombia también participó activamente en la Comisión Global en Economía y Clima y adicionalmente, planteó “Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional” (INDC por sus siglas en inglés) junto con otros países de América Latina, las cuales fueron presentadas en la Cumbre de París. Se destaca la activa participación del país en espacios internacionales que abordan el cambio ambiental global que ha derivado en políticas para un mayor control de territorios que antes eran disputados entre el Estado y las FARC-EP, como la política de delimitación de páramos que inicialmente se presenta como una medida necesaria para poner coto a la actividad minera, no obstante, sus restricciones al uso del suelo se extienden a la actividad agropecuaria y por ende afectan a población campesina, asentada en estas áreas varias décadas atrás.

La Ley 1776 de 2016, por la cual se crearon las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social – ZIDRES, también constituye una acción en aras de garantizar el control por parte del Estado en territorios antes dominados por la insurgencia armada. Esta iniciativa pretende ser un mecanismo para territorializar el agronegocio como componente del actual régimen extractivo, lo cual contradice la agenda ambiental internacional a la que el país se ha inscrito. Otras expresiones lo son también las obras de infraestructura, vías, proyectos minero-energéticos, entre otros.
Al respecto, cabe indicar que la sostenida confrontación armada en áreas estratégicas para la expansión del capital ha sido catalogada como un inhibidor de desarrollo. El Informe de Desarrollo Humano de 2011 ubica el IDH para 2008 en 0.82 y ajustado a las variables de concentración de la propiedad de la tierra y violencia a 0.77. Además se tienen los análisis que relacionan las zonas de abundancia de “recursos” naturales con el ensañamiento de los conflictos por ejercer el control de esas ofertas naturales y de la mano de obra que tiende a ser escasa en dichas áreas, rasgos que caracterizan en gran parte los territorios anteriormente controlados por las FARC-EP. Estos elementos han nutrido las políticas que defienden la penetración del capital en dichas zonas y de esta forma, marchar de manera decidida hacia la idea de desarrollo neoliberal, una vez regulada la violencia en varios territorios del país. Dicha visión neoliberal fue la que precisamente se pretendió frenar con un acuerdo de reforma rural integral, y en gran medida, lo pactado en los acuerdos de La Habana pudiera ser una talanquera para su expansión, pero en su incumplimiento esta la clara expresión de la verdadera visión rural del bloque de poder dominante, la cual actualmente esta plasmada en el proyecto de Ley de Tierras para Consulta Previa por el cual se modifica la ley 160 de 1994.
En conjunto, hallamos la compleja relación entre naturaleza, conflicto armado y desarrollo, la cual aparece resuelta en la política neoliberal desde la imposición de los regímenes extractivos y el control territorial vía la restricción de ciertos usos, lo que conlleva a la penetración de capital transnacional y de nuevos discursos globales que convierten estos territorios en nuevas amenazas para los campesinos. Estos últimos emergen del conflicto armado con un futuro incierto que se debate entre una Reforma Rural Integral que enfrenta las dificultades de una élite económica latifundista en contra, y un modelo neoliberal que impulsa la competitividad de los territorios mediante la homogeneización del modelo basado en la actividad extractiva y la agroindustria intensiva.
Históricamente uno de los puntos nodales de la guerra en Colombia ha sido la tenencia de la tierra; Colombia es un país rural pero invisibilizado en las grandes urbes. Desde la década de los años 20 del siglo pasado han existido en varios lugares del territorio colombiano luchas sociales por la repartición de la tierra, y pese a que han habido ciertos avances, aún no se ha logrado concretar una reforma agraria que beneficie mayormente a la población campesina, pues, en todo caso, la expansión del capitalismo y la implementación de políticas neoliberales trajeron -y siguen trayendo- problemáticas situadas, pero a la vez comunes a los pueblos latinoamericanos: marginalización de las mujeres, precarización laboral, desruralización del campo, invisibilidad de las comunidades indígenas y afro, olvido estatal y dependencia de políticas asistenciales, crisis agropecuaria, depredación de recursos naturales, megaminería, monocultivos, acumulación inequitativa del capital económico, el poder y la tierra.
Así pues, la construcción de una paz con justicia social estable y duradera para el pueblo colombiano es un asunto urgente que involucra a las y los colombianos, pero que también compromete a otras regiones latinoamericanas, máxime cuando ponemos el acento en las ruralidades, la lucha de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio -quienes han estado de manera histórica involucradas en una guerra irregular no declarada en contra de la población civil- y el carácter organizativo de quienes en su momento se alzaron en armas como respuesta a la exclusión estatal, la inequidad y el acaparamiento de las tierras, como sucedió en toda América Latina. En Colombia, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego de la firma del acuerdo, se ha posicionado el concepto de Paz Territorial, el cual plantea que cada territorio sobre el cual han recaído los impactos del conflicto armado colombiano tiene características propias que implican la necesidad de un conocimiento situado capaz de dar cuenta de dichas particularidades, y además, permitir replantear la comprensión misma de la ruralidad y todo el entramado territorial que comporta dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales propias. Por ello, la reflexión también nos lleva a preguntar qué define las políticas de la ruralidad, y cómo éstas se reconfiguran a partir de los poderes que convergen sobre un territorio particular.