En Perú, la economía ha empezado a tener dificultades, sin haberse resuelto nuestras históricas deudas sociales. El importante crecimiento económico que tuvo el país durante más de diez años, dio como resultado avances innegables en los indicadores sociales. Sin embargo, no son de la contundencia que esperábamos y esto se explica por la desigualdad circundante que la abundancia de recursos, como nos sucedió, disimuló pero no superó: todos nos beneficiamos con el crecimiento, pero unos lo hicieron bastante más que otros
Los ingresos monetarios crecieron porcentualmente más en los estratos de menores recursos, pero en términos absolutos la brecha entre el grupo más pobre y el más rico se ensanchó en 230% entre el 2009 y el 2015 . Concluye Schuldt, que “en el Perú hubo chorreo monetario hacia la cúpula, goteo para las capas medias y garúa sobre los estratos pobres”, remarcando los costos de oportunidad que deberá pagarse por no haberse planteado fórmulas más equitativas en la política económica.
Pero, solo la lógica económica no explica estos resultados adversos en la desigualdad que habíamos señalado líneas arriba, sino que debemos sumarle el comportamiento institucional. Las desigualdades, ya sea por condición socio-económica como territorial, no fueron respondidas adecuadamente por el Estado: la mayor pobreza e importancia de las vulnerabilidades sociales no significó mayor presencia de las instituciones públicas ni, necesariamente, mayor inversión social.
La poca atención que reciben los pobres multidimensionales en términos de cobertura de servicios básicos tiene su correlato en la distribución del gasto público. Esto, afirma Enrique Vásquez, se debe a que el enfoque monetario no permite identificar quiénes requieren con mayor urgencia la cobertura de un determinado servicio. En ese sentido, al desagregar el gasto social per cápita -gasto asignado a los sectores de educación y salud por habitante- según región, se muestra un claro ejemplo de las limitaciones de dicho enfoque . En suma, la mayor asignación no corresponde con el territorio donde hay más pobres.
Este mismo patrón de desigualdad va a mostrarse en la producción de alimentos. El Perú muestra una de las más graves inequidades en la distribución de la tierra en Latinoamérica, como resultado de la re-concentración de la propiedad de este recurso. El índice de Gini para la distribución de la tierra baja de 0,92 en 1972 a 0,88 en 1994, para subir a 0,93 en 2012.
De otro lado, el Perú muestra enormes progresos en la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años en el Perú, pasando de 78 muertes por mil en 1990 a 18 por mil en 2014. Sin embargo, en las zonas urbanas pasamos de 56 muertes por mil en 1990 a 15 por mil en 2014, mientras que en los espacios rurales fue de 112 muertes por mil en 1990 y 28 por mil en el 2014.
De la misma manera, la desnutrición crónica infantil pasó de 23.2% en 2010 a 13.1% en 2016, pero los resultados difieren de manera importante según región y grupo poblacional: los más expuestos son los niños/niñas que viven en contextos de pobreza, especialmente en zonas rurales. En otras palabras, la población más impactada por la desnutrición crónica son niños indígenas, que residen en zonas como Huancavelica, Cajamarca, Ucayali, Pasco y otros.
Tendencias similares presenta la desnutrición global, es decir, niños menores de 5 años con peso inferior al normal. El 4,5% de niños a nivel nacional tuvo deficiencia de peso para la edad. Al diferenciarlo por área de residencia, en los espacios rurales se presentó una frecuencia mucho mayor a la urbana, llegando al 9,4%, es decir, casi 1 de cada 10 niños no tuvo el peso suficiente para su edad. Respecto al crecimiento infantil, tenemos que el 28% de los niños menores de 5 años tenía retraso en el 2008, siendo el 18% en el 2012. En idéntica forma que la desnutrición crónica, la desnutrición global impera entre los niños pobres y pobres extremos y geográficamente se concentra en la sierra centro y norte del país. Nuevamente, son los niños indígenas más expuestos a estos males.
Otro problema importante es la anemia. Su incidencia pasó de un 56.8% a nivel nacional entre niños y niñas de 6 meses a tres años de edad, a 41.6% en el 2011, para aumentar a 46.8% en el 2014. Como en el caso de la desnutrición, la anemia infantil también está desigualmente distribuida en el territorio peruano, encontrándose su mayor énfasis en las zonas rurales del país y en los distritos periféricos de Lima Metropolitana, la ciudad capital. En el caso de las regiones, en trece circunscripciones hubo disminución entre el 2015-2016 y aumentó en trece de ellas.
En el caso de la anemia en mujeres en edad fértil, tenemos que en el 2015, afectaba al 20.7% del total, siendo el 20.8% en las zonas urbanas y 20.3% en las rurales. Igualmente, en el caso de mujeres gestantes, el porcentaje es del 28% y en el caso de adolescentes embarazadas (15-19 años) es de 37.1%.
Además, tiene creciente importancia la obesidad, que llega a afectar actualmente a casi el 25% de la población peruana, relacionado con la expansión del consumo de los alimentos ultra procesados e impacta fundamentalmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes: En 2010, el 23 % de los escolares peruanos tenían exceso de peso, y en la misma si¬tuación se encontraban el 51 % de las mujeres en edad fértil.
En suma, se estima que alrededor del 35% de peruanos (más de trece millones) presentan déficit calórico. Un factor importante es la alta vulnerabilidad en la accesibilidad, pues un promedio de 37.8% del total del ingreso familiar se gasta en alimentos. Asimismo, el número de personas que aun dependen de programas sociales alimentarios y nutricionales es bastante elevado, alrededor del 20% de la población total.
En suma, en el Perú, la desigualdad multidimensional ha sido creciente y entre los grupos más desfavorecidos están los niños y niñas campesinos indígenas, así como las mujeres en edad fértil y gestantes. Este es el resultado de políticas que tuvieron como único norte el crecimiento económico descuidando las garantías debidas para el ejercicio de los derechos y la ausencia de control sobre las empresas alimentarias.