“Y nos decía que nos liguemos, que nos liguemos, que para ya no tener hijos y mi esposo no quiso firmar, te hacían firmar un papel y él no quiso, se molestó conmigo (…) no nos explicaron, me llevaron nomás, hartísimas mujeres estábamos adentro en el hospital, echaron llave al portón y no nos dejaban salir (…) de ahí nos pasaron a una sala de operación, y otras salas, y qué nos harían…dormidas en las camilla.” (BALLÓN 2014: 151).
El testimonio presentado revela la grave afectación física y psicológica generada a miles de mujeres y hombres sometidos a esterilizaciones sin su voluntad durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1996 al 2000, tras ser privados de su capacidad de reproducción biológica, alterando su vida personal y familiar de manera negativa. Lo alarmante es que dicho testimonio no constituye un hecho aislado, sino un caso entre los miles ejecutados como parte de una política de estado, cuyas víctimas fueron en su mayoría mujeres. Resulta más grave aún que, a la fecha, dichas víctimas no hayan accedido a medidas de reparación que puedan resarcir el daño generado frente a la vulneración de sus derechos.
Si bien el estudio del caso, desde distintos enfoques y a través de diferentes interlocutores, ha sido revelador, el mismo se encuentra en un estado incipiente, sumándose cada vez más esfuerzos por esclarecer los hechos. Las primeras investigaciones surgieron debido a la preocupación por las numerosas denuncias de irregularidades en la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (en adelante PNSRPF) en el año 1996. Estas investigaciones fueron impulsadas desde la sociedad civil, recogiéndose datos e información sobre los casos. Dado el aumento de denuncias, diversas instituciones del Estado, tales como el Congreso de la República, la Defensoría de Pueblo, y el propio Ministerio de Salud, se sumaron a las investigaciones sobre el caso.
En materia de búsqueda y acceso a la justicia, se realizaron diversas indagaciones de casos individuales, en sede administrativa y judicial. En el plano colectivo, en la actualidad existen más de 160 expedientes en la Tercera Fiscalía Supra Provincial acumulados en la denuncia penal N° 26-2011, los cuales probarían que estamos frente a una política sistemática y generalizada dirigida contra la población civil, es decir, un delito de lesa humanidad, lo cual supone un caso sin precedentes de graves violaciones a los derechos humanos en el país. A pesar de la relevancia de dichas denuncias, la investigación fiscal ha sido archivada en más de una oportunidad por señalarse que no existen indicios suficientes para considerar que estamos frente a una política de estado que configure delito de lesa humanidad, por lo que no procedería responsabilizar penalmente al ex presidente Alberto Fujimori y los ex Ministros de Salud responsables de dicha política. La impunidad y dilación del proceso representan un mal precedente y actuar por parte del Estado Peruano, el cual es responsable de velar por el ejercicio de los derechos de las personas bajo su jurisdicción, de acuerdo con diversos instrumentos de derecho internacional. Dicha situación genera grave preocupación, tanto académica como en materia de justicia.
Solo un caso logró trascender el ámbito interno y franquear la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH): el caso de Mamérita Mestanza Chávez, el cual culminó con la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el año 2003, entre los familiares de Mamérita Mestanza y el Estado peruano. En dicho acuerdo, el Estado peruano reconoce su responsabilidad por la esterilización forzada y posterior muerte de Mamérita Mestanza, comprometiéndose a ofrecer medidas de reparación a sus familiares, investigar los hechos del caso concreto y de otros casos que se hayan dado en el marco de la política de esterilizaciones, entre otros compromisos.
A pesar de ello, han transcurrido más de 20 años desde que se realizara la primera denuncia sobre esterilizaciones forzadas, y poco o nada se ha conseguido en materia de justicia, verdad, y, sobre todo, reparación pues persiste la discusión, sobre si dichas esterilizaciones fueron parte de un plan dirigido por el gobierno de turno, encabezado por Alberto Fujimori, por lo que no se ha determinado la responsabilidad de los principales actores involucrados. Por el contrario, la inacción del estado refleja tolerancia hacia las graves violaciones a los derechos humanos. A esta situación se suma el incipiente desarrollo en el derecho nacional sobre el derecho a la reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, así como la cifra exacta de personas que fueron sometidas a dicha práctica, situación que debe revertirse. El desconocimiento respecto de cuáles deben ser las medidas de reparación y en qué condiciones deben otorgarse también constituye un obstáculo para el proceso de implementación de la obligación de reparar en el caso peruano.
En la presente ponencia se analizarán las trabas sociales y políticas que han dilatado el acceso a justicia, verdad y reparación de las víctimas del caso peruano de esterilizaciones forzadas, con especial énfasis en la investigación del caso como delito de lesa humanidad de acuerdo al Derecho Internacional. Asimismo, se postulará la responsabilidad internacional del Estado peruano por los hechos, en materia de Derechos Humanos y el reto que supone el planeamiento y ejecución de un plan de reparaciones, paralelo a las reparaciones judiciales, que contemple las distintas situaciones transversales que caracterizan a las víctimas, tales como el género y la situación de pobreza de su mayoría. Para terminar, se reflexionará sobre el reto de aplicar los estándares internacionales sobre la reparación integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos en sociedades post conflicto como la nuestra, en las cuales existen grandes brechas de desigualdad que son causa estructural de las violaciones a los derechos humanos que son los que se deben reparar.